(CNN) – Fue una escena inusual, especialmente para dos ciudades de México más conocidas por sus playas y turismo.
“¡Queremos justicia!”, gritaban decenas de personas reunidas en la madrugada frente a un juzgado estatal en el balneario de Cancún el jueves de la semana pasada. La multitud, en su mayoría activistas, estudiantes y abogados de derechos humanos, quedó gratamente sorprendida cuando el número aumentó con la llegada de miembros de un club de motociclistas.
Varias horas después, los mismos manifestantes se presentaron en otro juzgado estatal en el cercano balneario de Playa del Carmen, coreando el mismo mensaje y agregando otro: “¡No más impunidad!”.
En ambos casos, los jueces iban a escuchar evidencia sobre la redada por trata de personas más grande del estado en años, que involucró a mujeres de lugares tan lejanos como Argentina y Alemania que supuestamente fueron engañadas para trabajar como prostitutas.
Un presunto plan para traer mujeres a México
En la noche del 30 de julio, agentes bajo el mando de la Fiscalía del estado de Quintana Roo allanaron dos edificios en Cancún y Playa del Carmen. Detuvieron a 13 personas, 12 de las cuales luego fueron procesadas por cargos de trata de personas, entre otros.
Según el fiscal general del estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, los sospechosos habían mantenido cautivas a decenas de mujeres, muchas de ellas de países extranjeros.
“Se anunciaron como un negocio de spa; pero en realidad, había actos sexuales en esos dos lugares donde las mujeres estaban siendo explotadas”, dijo Montes de Oca a CNN en una entrevista. Aunque se publicitaban por separado, se cree que las dos ubicaciones eran administradas por las mismas personas, dijo la oficina del fiscal del estado.
Los anuncios en línea vistos por CNN muestran que los edificios registrados operaban un negocio que ofrecía “las mejores acompañantes en Playa del Carmen” con fotos de mujeres escasamente vestidas, promocionadas como “disponibles 24/7”.
Los anuncios se publicaron en la web oscura durante años, dice Montes de Oca, y las personas promedio no los encontraban fácilmente. La unidad de delitos cibernéticos de su oficina tardó aproximadamente una semana en localizar los anuncios y comenzar la investigación. Los investigadores también hicieron vigilancia y usaron otros métodos, según el fiscal general.
En total, Montes de Oca dice que sus agentes encontraron 21 mujeres de entre 21 y 25 años que fueron obligadas a trabajar en esos dos lugares. En el sitio de Cancún había dos mujeres de Venezuela, dos de México y una de Argentina, Colombia y Alemania, según la Fiscalía General del estado. Había otras 11 mujeres venezolanas en el sitio de Playa del Carmen, dos mujeres mexicanas y una colombiana.
Todas habían sido atraídas con ofertas de trabajos bien pagados como asistentes personales o terapeutas de spa, dijo Montes de Oca a CNN. “Una vez aquí, les decían que tenían que pagar su transporte, pasajes de avión, trámites migratorios y que la forma de pagar eso era a través de la prostitución. Si se negaban, las amenazaban con daño físico o algo peor”, dijo, y agregó que los traficantes se llevaban los pasaportes de las víctimas y otros documentos de identificación personal, por lo que escapar era casi imposible.
En ambos casos, los jueces concedieron varios meses para que el estado y la defensa realicen investigaciones, con audiencias de seguimiento en otoño. Durante este tiempo, los 12 sospechosos deben permanecer detenidos.
Trata de personas en México
Estos casos, en lo que se supone que son paraísos turísticos, destacan el no tan secreto problema de la trata de personas en México.
En un caso inquietantemente similar en noviembre de 2017, 24 mujeres extranjeras, incluidas 10 venezolanas, fueron liberadas durante una redada de la Policía Federal mexicana en Toluca, la capital del estado de México. Al igual que las de Cancún y Playa del Carmen, les habían prometido trabajos bien pagados y viajaron a México con visas de turista, antes de verse obligadas a trabajar como prostitutas bajo amenazas de violencia.
Muchos cárteles del crimen organizado se han ramificado en la trata de personas y la explotación sexual. Mario Hidalgo Garfias, un exproxeneta de Ciudad de México que fue condenado por tráfico de personas, le dijo a CNN en 2015: “Solo puedes vender una droga una vez, pero puedes vender a una mujer innumerables veces”.
Las cifras citadas en un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2019 muestran que el Gobierno mexicano informó haber identificado 706 víctimas en 2018, 667 el año anterior y 740 en 2016. Las ONG dicen que el número real de víctimas podría ser mucho mayor.
Según ese informe, agentes encargados de hacer cumplir la ley, las ONG y la ONU dicen que los grupos delictivos organizados no solo están involucrados en la trata de personas, sino que tienen ayuda: en al menos 17 de los 32 estados de México, los grupos delictivos crearon con éxito “alianzas con funcionarios del gobierno federal, estatal y local” para cometer tráfico y otros delitos relacionados, dice el informe.
Para Claudia Lizaldi, actriz mexicana y activista de derechos humanos que participó en la protesta de Cancún, el momento de crear conciencia internacional sobre este tipo de crimen ya pasó. “Nadie merece perder a un hijo por la trata de personas. Ningún niño merece ser víctima de la trata de personas. Ninguna mujer, independientemente de su país de origen, debe ser víctima de la trata de personas. Nosotros, como mexicanos, no deberíamos tener que aguantar esta realidad en la que México es uno de los destinos principales del turismo sexual”, dijo Lizaldi.
El mensaje está ganando terreno. José Alfredo Romero, líder de una de las asociaciones de motociclistas más grandes de México, también estuvo en las protestas junto con decenas de miembros de su grupo. “Estamos pidiendo justicia al poder judicial para aquellas víctimas que fueron retenidas en contra de su voluntad y vivieron en cautiverio. No están solas. El pueblo mexicano está aquí con ellas”, dijo Romero afuera del juzgado.
Algunos activistas dicen que las dos redadas en Cancún y Playa del Carmen son una anomalía en un país donde reina la impunidad. Los manifestantes colocaron varios carteles de “No más impunidad” frente a los juzgados de ambos lugares.
Karla Jacinto, de 28 años, víctima de trata de personas que se vio obligada a trabajar como prostituta durante cuatro años en México desde que tenía solo 12 años, le dijo a CNN en 2015 que quienes se suponía que debían protegerla terminaron abusando de ella.
Un día, cuando estaba trabajando en un hotel conocido por la prostitución, apareció la policía. Expulsaron a todos los clientes, dice Jacinto, y cerraron el hotel. Pensó que era su día de suerte: una operación policial para rescatarla a ella y a las otras chicas.
Su alivio se convirtió rápidamente en horror cuando los agentes, unos 30, dice, llevaron a las niñas a varias habitaciones y comenzaron a grabar videos de ellas en posiciones comprometedoras. A las chicas se les dijo que enviarían los videos a sus familias si no hacían todo lo que pedían.
Ahora Jacinto es una conocida activista de derechos humanos que ha llevado su mensaje contra la trata de personas al papa Francisco en el Vaticano y al Congreso de Estados Unidos en apoyo a la Ley Megan, que obliga a las autoridades estadounidenses a compartir información relacionada con delincuentes sexuales estadounidenses de menores cuando estos convictos intentan viajar al extranjero.
“Es tan exasperante que esto siga sucediendo”, dijo Jacinto a CNN. Los informes sobre las redadas en Cancún y Playa del Carmen suenan similares a lo que ella misma vivió, dijo.
“Necesitamos más esfuerzos de prevención, más ayuda”, dijo. “Quiero que toda la sociedad no vea esto como algo normal, que realmente vea esto como algo que realmente le podría pasar a uno de sus hijos”, agregó.