(CNN Español) – En Estados Unidos algunas medidas sanitarias para frenar la propagación del coronavirus se han politizado. Un ejemplo claro es el uso de mascarillas. Hacia finales de agosto, un cambio en los lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, sobre la realización de pruebas moleculares, generó malestar en la comunidad científica.
En este episodio, el doctor Elmer Huerta analiza, desde el punto de vista científico, las consecuencias de estas medidas.
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Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos cómo -en el caso del covid-19- la ciencia y la política pueden enfrentarse.
Cuando se escriba el libro de la historia de esta pandemia, no tengo duda de que uno de los capítulos más extensos será el que examine el rol de la política.
En todos los países por los que la pandemia ha pasado, se ha visto que la respuesta de los políticos ante el virus ha sido muy variada. Desde el inicio, cuando el gobierno chino fue acusado de interferencia política al suprimir la información inicial sobre el brote en Wuhan, pasando por los países europeos, donde el abordaje político de la pandemia cambió de acuerdo con los colores partidarios de los gobernantes, llegando a los países latinoamericanos, en los que cada nación tiene sus propios bemoles.
En ese sentido, dos recientes sucesos en Estados Unidos nos revelan la enorme interferencia de la política sobre prestigiosas entidades gubernamentales, interferencias que podrían originar graves consecuencias sobre la salud pública del país.
La primera sucedió la última semana de agosto, cuando los CDC o Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos cambiaron intempestivamente sus guías de uso de pruebas moleculares que, como sabemos, sirven para diagnosticar a las personas portadoras del nuevo coronavirus en sus vías respiratorias.
Hasta antes de ese súbito cambio -que un importante funcionario aseguró a CNN había surgido de los más altos mandos del gobierno de presidente Donald Trump- los CDC recomendaban que si una persona había estado en contacto con otra que luego fue positiva, debía hacerse -independientemente de si tenía síntomas o no- una prueba para saber si estaba contagiada e iniciar, por tanto, las medidas preventivas.
La modificación de los CDC dice ahora que la persona que ha estado en contacto con otra persona infectada debería hacerse la prueba solo si muestra síntomas.
Diversos especialistas en salud pública han llamado la atención de que esa medida atenta contra la salud pública, porque al restringir las pruebas solo a las personas con síntomas, se estaría perdiendo la oportunidad de hacerle la prueba al 40% de las personas infectadas que no tienen síntomas, con lo cual, los contagios aumentarían en la comunidad.
Convenientemente, sin embargo, la nueva directiva se alinea con una tendencia en la retórica de la Casa Blanca, en la que el presidente Trump ha sugerido repetidamente que Estados Unidos debería hacer menos pruebas.
El segundo hecho es de igual o mayor preocupación.
En una entrevista al diario The Financial Times, el Comisionado de la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, el Dr. Stephen Hahn, dijo el 30 de agosto que la agencia podría considerar la autorización o aprobación del uso de emergencia para una vacuna contra el covid-19 antes de que se completen los ensayos de fase 3. Y agregó que su decisión estaría basada en datos y no tendría intenciones políticas.
La reacción de la comunidad científica de Estados Unidos no se ha hecho esperar. Un grupo de expertos ha propuesto crear un comité evaluador de la vacuna, independiente de la FDA, para asegurarse de que el análisis de los datos sea confiable.
El temor es que, si ya la desconfianza del público hacia la vacuna es alta, cualquier percepción de que su aprobación está políticamente motivada, podría hacer que el público no se vacune, lo cual podría obstaculizar la capacidad de controlar el virus y regresar a la normalidad.
A propósito de esto, una encuesta hecha por CNN ahora en agosto reveló que el 40% de los estadounidenses no quiere recibir una vacuna contra el coronavirus cuando esté disponible, incluso si es gratis y de fácil acceso.
Volviendo, debe mencionarse también que, de presentarse efectos adversos por aprobar una vacuna sin que se tengan todas las evidencias de eficacia y seguridad, podría ser usada por el movimiento antivacuna como una prueba de que no son seguras y no deben usarse.
Por otro lado, muchos observadores piensan que la aprobación temprana de una vacuna, antes del 3 de noviembre, fecha de elecciones en Estados Unidos, podría ser usada como un arma electoral para la reelección de Trump.
No hay duda de que la combinación de política y ciencia puede ser explosiva.
Nuestro consejo es que usted se informe de fuentes de confianza, y cuyos reportes estén basados en ciencia y evidencia.
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