(CNN Español) – La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia remitió este martes a la Fiscalía General la indagación preliminar de cuatro casos que involucran al expresidente Álvaro Uribe.
Tres de esos casos correspondientes a masacres ocurridas entre 1996 y 1997, y el otro al homicidio de un activista por los derechos humanos.
En una declaración que publicó en Twitter, Uribe ha reiterado su rechazo a los cargos y calificó a las acusaciones de “infamias”.
Las masacres
La Sala Especial de la Corte Suprema detalló en un comunicado los casos que remitió a la Fiscalía y que incluyen la presunta intervención de Uribe, cuando era gobernador de Antioquia. Se trata de las llamadas masacres de La Granja -ocurrida el 11 de junio de 1996- y de El Aro -entre el 22 y 31 de octubre de 1997-, en un contexto que incluyó “”el secuestro de 17 personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes” de Ituango, Antioquia.
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La investigación alcanza también la “presunta conformación, promoción o financiación” en los años 90 de “una estructura armada organizada al margen de la ley” que “al parecer utilizó como base de operaciones” una hacienda que entonces era propiedad de la familia Uribe Vélez. Además, dicen que “al parecer, cometió ataques contra la población civil del municipio de San Roque, entre ellas, las masacres ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996”.
El comunicado de la Corte Suprema menciona también la investigación contra el exjefe de Estado en relación con el homicidio de Jesús María Valle, entonces concejal del municipio de Ituango y defensor de derechos humanos, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín.
Uribe se pronuncia sobre el caso de las masacres
El expresidente respondió en su cuenta de Twitter que el asesinato de Jesús María Valle ocurrió a los pocos meses de que dejó la Gobernación de Antioquia, cuando se encontraba en el Saint Antony’s College de Oxford, Inglaterra.
“Siempre he saltado en mi defensa pública cada vez que se repite la infamia de mencionarme cuando algunos hablan de este crimen”, escribió Uribe.
Con relación a la masacre de El Aro, Álvaro Uribe publicó un video en su cuenta de Twitter en la que asegura que es falso que haya intervenido en ese acto.
“En suma, todos los sucesos en los que se ha pretendido relacionar al entonces gobernador de Antioquia y hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez con la masacre de El Aro se han ido derrumbando uno tras otro. He ahí otra de las infamias confeccionadas por sus enemigos que no ha podido prosperar”, se lee en el mensaje final del video.
El traspaso de estas causas a la Fiscalía se da luego de que, tras la renuncia de Álvaro Uribe como senador el 18 de agosto, la Sala de Instrucción, que se encarga de investigar a los legisladores, perdió competencia de investigación de denuncias que no tienen que ver con sus funciones como senador.
Con este caso, es la segunda investigación contra el exmandatario que pasa a manos de la Fiscalía.
CNN consultó a una fuente de la Corte Suprema, que aseguró que aún quedan 16 denuncias más por investigar a Álvaro Uribe y “la Corte Suprema deberá evaluar uno a uno los casos para ver si tiene que ver con sus funciones como senador o no”.
Los detalles de la indagatoria a Uribe por masacres
Álvaro Uribe Vélez es el primer expresidente de Colombia en enfrentar una orden de privación de su libertad.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impuso detención domiciliaria el 4 de agosto como parte de una investigación por presunto soborno y fraude procesal, acusaciones que el exmandatario siempre ha negado.
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La medida no constituye una sentencia de la Corte Suprema, sino que se trata de una acción en medio del proceso que enfrenta Uribe.
En un comunicado, el presidente de la Sala Especial de la Corte confirmó que la decisión se habría tomado por considerar que hay riesgos de obstrucción a la justicia.
Todo empezó en 2014. En un debate en el Congreso, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda acusó a Uribe de estar involucrado en el surgimiento de grupos paramilitares. Cepeda presentó una serie de testimonios. Un señalamiento que Uribe no solo negó, sino que respondió con una demanda ante la Corte Suprema en la que pedía investigar a Cepeda por supuesta manipulación de testigos.
Durante la investigación, el alto tribunal exoneró a Cepeda y abrió un proceso formal contra Uribe por los mismos cargos.