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(CNN Español) – Jorge Arreaza, canciller del gobierno del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el fiscal general, Tarek William Saab, cuestionaron este sábado el informe presentado el miércoles por la Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que, entre otras cosas, señalan que existe un patrón de violación de los derechos humanos en el país.

Arreaza insistió en destacar que dicha misión nunca acudió a Venezuela para la elaboración de dicho informe, y que es falso que Maduro tenía conocimientos de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), considerado como la policía política del gobierno.

“No han venido, ni vendrán”, expresó Arreaza.

El informe destacó que en seis oportunidades solicitaron a las autoridades permiso para viajar a Venezuela, y que les fue negado.

Por su parte, Saab insistió en que, a su juicio, faltó rigor al elaborar el informe, que calificó como plagado de mentiras e imprecisiones.

El funcionario consideró que el documento tiene un marcado sesgo político que tiene como objetivo atacar a las instituciones en el país.

Respaldó lo dicho por Arreaza, según lo cual no visitar el país constituyó una falla.

El fiscal general afirmó que, desde agosto de 2017 hasta la fecha, han trabajado en esclarecer los casos que implican violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, precisó que han sido imputados, en un poco más de tres años, 565 funcionarios señalados como presuntos responsables de violación a los derechos humanos, además de 31 civiles supuestamente implicados como colaboradores de estos hechos, para un total de 596 imputados.

Detalló que, de esos 565 funcionarios imputados, 156 pertenecían a la policía científica o CICPC, 138 a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y no especificó los cuerpos a los que pertenecen los 302 restantes.

Han sido de tenidos 447 funcionarios de distintos organismos y 21 particulares, para un total de 468 privados de libertad por la misma causa. 804 funcionarios han sido acusados, así como 123 civiles, para un total de 927 acusados por cometer violaciones a los derechos humanos.

Saab informó que han sido sancionados mediante sentencias con condena firme a un total de 127 funcionarios de seguridad del estado y 13 civiles, para un total de 140 condenados.

Añadió que los fiscales especializados en la materia han interpuesto 375 acusaciones relativas a delitos de homicidio, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, privación ilegítima de la libertad y violaciones de domicilio, entre otros delitos contemplados en el Código Penal.

Aseguró que el informe es una falta de respeto para los fiscales.

CNN se comunicó con la Misión Internacional Independiente de la ONU para obtener su reacción ante los señalamientos de Arreaza y Saab, sin hasta ahora haber obtenido respuesta.

El informe de la ONU acusa al gobierno de Venezuela de “crímenes de lesa humanidad”, y fue realizado por una misión internacional independiente de investigación que trabaja para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El reporte investigó 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en Venezuela, y revisaron 2.891 incidentes adicionales para corroborar patrones de violaciones y crímenes.

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela encontró que el gobierno venezolano, así como otros agentes estatales y grupos que trabajaban con ellos, habían cometido “violaciones atroces”.