(CNN Español) – La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes al presidente Iván Duque y a todas las autoridades involucradas en el control de protestas sociales adoptar medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica.
Entre otras acciones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de escopetas calibre 12 usadas por agentes de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, “la neutralidad del gobierno nacional” incluyendo la “no estigmatización de quienes protestan” así como la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar el uso de la fuerza en movilizaciones.
La Corte también le ordenó al ministro de Defensa Nacional de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ofrecer disculpas “por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019”.
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Trujillo dijo este miércoles que el gobierno solicitará a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo sobre protestas emitido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia este martes.
En una declaración televisada, afirmó que la manifestación pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución y se cumple en el marco de la política de convivencia y seguridad. Señaló que el accionar de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional se da “exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas”.
Afirmó que esa fuerza no incurre institucionalmente en excesos y en los casos que se presentaron desde el 21 de noviembre de 2019, en los que “pudo existir exceso”, correspondería a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes. Indicó que ese tipo de comportamientos se someten a investigaciones penales y disciplinarias.
Trujillo, quien asumió su cargo actual el 16 de noviembre de 2019, había dicho el martes que estaba al tanto de la resolución de la Corte.
“Según entendemos, se trata de una providencia que tiene 160, 170 páginas, vamos a proceder a conseguir el texto completo de esa decisión para estudiarlo a profundidad, con todo detalle y tener a raíz de ese estudio, juicioso, tranquilo y detallado, una posición sobre el particular, que naturalmente será dada a conocer a la opinión pública”, dijo el ministro en un video compartido con CNN.
La Corte protege la protesta en Colombia
En su texto, la Corte aclaró que la Constitución no protege la protesta “intolerante y violenta, no pacífica”, pero que encontró elementos “comunes de equivocado uso de la fuerza para controlar las movilizaciones”.
La denuncia inicial fue presentada el 23 de abril ante la Corte por un colectivo de personas contra el presidente, los ministros de Defensa e Interior, la alcaldía de Bogotá, el director general de la Policía Nacional, el comandante general de la Policía Metropolitana de esta ciudad, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
La alcaldía de Bogotá le dijo a CNN este martes que no hay pronunciamiento por el momento. Este martes, la Defensoría del Pueblo publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que dijo que ve esto “como una oportunidad para construir mecanismos que hagan realidad derechos y deberes de los ciudadanos”. El resto de las autoridades del gobierno colombiano no se han pronunciado al respecto.
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Uso excesivo de la fuerza pública en protestas
“Los impulsores afirman que, desde el año 2005 al presente, el Estado, frente a protestas o manifestaciones pacíficas, ha desplegado conductas constantes, reiterativas y persistentes, para socavar, desestimular y debilitar su derecho a expresarse sin temor, exigiendo cambios de políticas a las distintas autoridades”, se lee en el documento de la Corte, que ejemplifica lo que consideran como uso excesivo de la fuerza pública. El documento luego se centra en los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2019 y semanas anteriores y posteriores a esa fecha.
El 21 de noviembre del año pasado, Colombia vivió una jornada de protestas convocadas por sindicatos, estudiantes, indígenas, profesores y sectores políticos de oposición para expresar la inconformidad por el aumento del desempleo, el asesinato de líderes sociales y las posibles reformas que podrían ser presentadas por el gobierno en materia de pensiones, trabajo y tributación, algo que grupos de estudiantes y sindicatos bautizaron como el “paquetazo de Duque”.
Durante las protestas, al menos 3 personas murieron, 98 personas fueron detenidas, 151 miembros de la fuerza pública y 122 civiles resultaron heridos, según cifras del gobierno colombiano.
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El documento también hace mención del caso de Dylan Cruz, un joven de 18 años que falleció el 25 de noviembre luego de ser herido dos días antes durante una protesta. Según la Corte, Cruz “fue herido en la cabeza por el Esmad con munición tipo beang bag y, con ocasión de las lesiones sufridas, murió dos días después”.
La decisión de este martes se da mientras el país vive momentos tensos por protestas por la muerte de Javier Ordóñez, tras un encuentro con agentes de la policía. El hecho, que desató protestas que hasta ahora han dejado 13 muertes, según autoridades, está siendo investigado.
El lunes, la jueza 29 de control de garantías acogió el pedido de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento contra dos expolicías involucrados en el caso de Ordóñez. El 11 de septiembre, el ministro de Defensa, Carlos Holmes, dijo que suspendería a otros cinco agentes para someterlos a un proceso de investigación por los hechos.
Diana Castrillón colaboró con este reporte