(CNN Español) – La justicia de Ecuador ordenó la captura del expresidente Correa. La sentencia a 8 años de prisión para el expresidente de Ecuador Rafael Correa y otros procesados por el delito de cohecho está en plena ejecución desde este miércoles.
La Corte Nacional de Justicia confirmó a CNN que las partes procesales fueron notificadas.
El Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia emitió este miércoles las notificaciones a la Policía Nacional para que proceda a la localización y captura de los sentenciados, entre ellos Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, señalados como autores mediatos dentro del caso Sobornos 2012-2016.
Glas cumple una sentencia a 6 años de prisión desde el 2017 por el delito de asociación ilícita vinculado a la trama de sobornos de Odebrecht. El exvicepresidente sigue detenido en la cárcel de Latacunga a una hora y media de Quito. Glas ha señalado reiteradamente que fue sentenciado “sin pruebas”.
El fallo en contra de Rafael Correa, quien reside en Bélgica desde 2017, fue ratificado por un tribunal de la Corte Nacional tras una audiencia de casación el 7 de septiembre.
Trama de corrupción de Odebrecht
De acuerdo con el dictamen, Correa y los otros sentenciados fueron parte de una organización criminal para recibir dinero de forma ilícita por parte de Odebrecht y otras empresas para financiar a su movimiento político a cambio de la ejecución de contratos para obras.
El Tribunal de Juzgamiento de la Corte de Justicia solicitó al Consejo Electoral que considere que los sentenciados pierden sus derechos de participación y que están impedidos de elegir y ser elegidos en los próximos procesos electorales en el país.
Para los casos del expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, los jueces solicitaron además que se suspenda el pago de sus pensiones vitalicias. Correa, en su cuenta de Twitter, rechazó las disposiciones de los jueces y dijo que son “con saña y dedicatoria”.
En cuanto a reparación integral al Estado, el tribunal dispuso que los 20 sentenciados paguen cerca de US$ 15 millones en un plazo de 30 días.
La sentencia dispone como medidas de carácter simbólico que los procesados ofrezcan disculpas públicas en la Plaza de la Independencia de Quito, la colocación de una placa en el Palacio de Carondelet y 300 horas de clases sobre ética laica y transparencia en la administración pública.