(CNN) –– El presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden tienen posiciones muy diferentes sobre diversos temas políticos. Desde la inmigración, la economía o la regulación de armas hasta el covid-19 y la salud.
Escucha a Trump y Biden explicar, en sus propias palabras, cómo abordarían los problemas que enfrenta Estados Unidos.
Lo que dicen Trump y Biden sobre el covid-19
El plan de Biden para enfrentar la pandemia de coronavirus incluye ofrecer pruebas de detección gratuitas a todos los estadounidenses. El candidato plantea contratar a 100.000 personas para el rastreo de contactos a nivel nacional. También aumentar de los sitios de pruebas en automóviles.
Biden, además, insta a Trump a utilizar la Ley de Producción de Defensa para aumentar el suministro de equipos de protección para trabajadores de la salud, la distribución de pruebas y otros artículos.
El plan del candidato demócrata incluye pasos diseñados con el objetivo de ayudar a las empresas y las escuelas a reabrir.
Entre ellos se incluye el apoyo financiero para retener y volver a contratar a empleados, construir una oficina de información sobre las mejores prácticas para las escuelas y garantizar la licencia remunerada a cualquier persona con coronavirus o que esté cuidando de alguien contagiado.
El exvicepresidente también dijo que llamaría al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en caso de ser declarado el ganador de las elecciones.
Según Biden, sería para pedirle a Fauci que continúe siendo parte del grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca. Biden ha dicho que ordenaría el uso obligatorio de máscaras en público.
En enero, cuando comenzó el brote de coronavirus, la Casa Blanca formó un grupo de trabajo para enfrentar la pandemia.
El equipo incluyó al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y a la Dra. Deborah Birx, coordinadora de las actividades del gobierno de EE.UU. para combatir el VIH/SIDA. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, declaró el coronavirus una emergencia de salud pública en el país.
En febrero, EE.UU. comenzó a implementar estrictas restricciones de viaje en un esfuerzo por contener el brote. Ese esfuerzo incluyó negar temporalmente la entrada a ciudadanos extranjeros que visitaron China durante los 14 días previos a su llegada a EE.UU.
Funcionarios de salud pública del gobierno de Trump han instado a los estadounidenses a practicar el distanciamiento social y usar máscaras para frenar la propagación del virus.
Sin embargo, el propio Trump ha sido reacio a utilizar mascarillas en público. El presidente dijo que no cree necesario hacer que las máscaras sean obligatorias en todo el país. Aún así, en julio señaló que está “a favor de las máscaras” y que “cree que las máscaras son buenas”.
Trump ha minimizado repetidamente la necesidad de aumentar el número de pruebas de detección. Incluso, dijo a sus seguidores en un mitin en junio en Tulsa, Oklahoma, que las pruebas de covid-19 eran “un arma de doble filo”.
“Cuando haces pruebas a esa extensión, encontrarás más gente”, dijo durante el evento político. “Vas a encontrar más casos. Así que le dije a mi gente: ‘Disminuyan la velocidad las pruebas, por favor’”.
Atención en salud: Biden está a favor de Obamacare y Trump de reemplazarlo
El plan de atención médica de Biden expandiría en gran medida los subsidios de Obamacare, para que las pólizas de seguro privadas disponibles en las bolsas sean más asequibles. El proyecto también crearía una nueva “opción pública” similar a Medicare, en la que la gente podría participar.
“Vamos a agregar una opción pública. Y la opción pública dice que si tienes un seguro basado en el empleador o un seguro privado, o si estás en las bolsas, puedes inscribirse para una disposición similar a Medicaid-Medicare en la ley. Y no arrojar a 300 millones de personas en Medicare de repente”, dijo Biden en julio de 2019.
El candidato demócrata agregó que quienes están cubiertos por planes de seguro de salud basados en el empleador también podrían elegir el plan público si así lo prefieren. “Puedes registrarte y obtener este otro plan”, señaló. “Pero te gusta (tu seguro privado), puedes conservarlo”.
El pasado 24 de septiembre, Trump expuso lo que llamó su “visión” para la atención en salud de Estados Unidos. Sin embargo, los dos decretos que Trump dijo iba a firmar distan mucho de ser una propuesta integral.
El presidente indicó que firmaría un decreto para proteger a los estadounidenses con condiciones preexistentes. Incluso, a pesar de que Trump y los legisladores republicanos intentan derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible que ya protege a estos pacientes.
El segundo decreto ordena al Congreso aprobar una legislación para enfrentar la facturación médica sorpresa antes de fin de año. Si los congresistas no lo logran, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, buscará hacerlo a través de una acción ejecutiva o reguladora.
Trump hizo campaña contra la Ley de Cuidado de Salud Asequible en la campaña de 2016 que lo llevó a la presidencia.
Si bien el Congreso, controlado por los republicanos, no pudo derogar la ley, Trump ha emitido una serie de acciones ejecutivas para socavarla. Entre ellas, facilitarles a los estadounidenses el acceso a políticas alternativas que tienen menos protecciones y beneficios.
El gobierno de Trump también está tratando de invalidar la importante ley de atención médica mediante las cortes. Trump prometió reducir los precios de los medicamentos y dio a conocer un plan para hacerlo en 2018.
En contra de las creencias republicanas de larga data, el presidente está presionando para permitir la importación de medicamentos, específicamente desde Canadá, particularmente de Canadá. En ese sentido, busca vincular el precio de los medicamentos en EE.UU. a su costo en otras naciones desarrolladas.
Sin embargo, muchos de sus esfuerzos han sido obstaculizados. Entre ellos, el requisito de que los fabricantes de medicamentos incluyeran sus precios de lista en los anuncios de televisión, que fue rechazado por un juez federal en el verano de 2019.
En un intento por reducir los costos de atención médica en general, la administración también emitió una regla para exigir a los hospitales que publicaran los precios que negocian en privado con las aseguradoras de salud, a partir de 2021. Una coalición de los principales grupos hospitalarios emprendió acciones legales para bloquear el requisito.
La economía que proponen Trump y Biden
Impulsar a la clase media es uno de los principales pilares de la campaña de Biden. El candidato que el país necesita construir una economía que “recompense el trabajo, no solo la riqueza”.
Biden quiere revocar los recortes de impuestos promulgados por el gobierno de Trump. También presiona por un salario mínimo de 15 dólares la hora y por eliminar los acuerdos de no competencia para los trabajadores. Además, plantea expandir el acceso a una educación asequible, incluyendo la gratuidad de la universidad comunitaria.
Por otro lado, el plan de Biden para abordar la pandemia de coronavirus presenta una serie de pasos diseñados que ayuden a las empresas y las escuelas a reabrir. Incluidos, el apoyo financiero para retener y volver a contratar a empleados y la garantía de licencias remuneradas para cualquier persona con coronavirus o que esté cuidando de un contagiado.
En una entrevista con CNN en julio de 2019, Biden dijo que aumentaría la tasa máxima de impuestos sobre la renta individual al 39,5%, y la tasa de renta corporativa del 21% al 28%.
El candidato demócrata ha detallado una propuesta moderada para utilizar las compras gubernamentales con el objetivo de estimular la fabricación en sectores que incluyen energía limpia, infraestructura y atención médica.
También ha propuesto nuevos créditos fiscales para quienes cuidan de niños, ancianos y personas discapacitadas.
Específicamente, Biden dijo que construiría miles de nuevos centros para el cuidado de niños, como parte de un plan para reforzar lo que su campaña llamó la “economía del cuidado”.
El plan climático de Biden también busca estimular la creación de millones de nuevos empleos y se centra en la infraestructura. Su plan climático hace parte de una serie de proyectos económicos destinados a reactivar una economía golpeada por la pandemia de coronavirus.
Trump firmó, el 27 de marzo, el paquete de ayuda de emergencia más extenso en la historia de Estados Unidos, el cual el Congreso aprobó previamente. La medida buscó enfrentar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
El paquete de estímulo de la llamada Ley Cares ascendió a aproximadamente 2 billones de dólares. Y entre los múltiples elementos que incluyó, estuvo la asistencia financiera directa a los estadounidenses.
Una gran parte de este estímulo es el Programa de Protección de Pago, por 660.000 de dólares millones. El proyecto proporciona préstamos condonables a pequeñas empresas si por lo menos menos el 75% del dinero se destina a gastos de nómina.
Durante una entrevista con Politico el 25 de abril, Biden argumentó que se necesitaba otro paquete de estímulo. Y añadió que debería ser “muchísimo más grande” que la Ley CARES.
El 18 de marzo, Trump promulgó un paquete de ayuda por el coronavirus. Esta otra medida estipuló disposiciones de pruebas gratuitas de covid-19 y licencias remuneradas de emergencia para ciertas personas afectadas por el coronavirus, con pagos hasta el límite de 511 dólares al día.
También aumentó la financiación de Medicaid, ciertos créditos fiscales y amplió la asistencia alimentaria. Hay muchos críticos de estos programas y paquetes. También una gran cantidad de evidencia de que algunos de los fondos no se destinaron a los estadounidenses y las pequeñas empresas más necesitados.
El principal logro de política económica de Trump como presidente fue el recorte de impuestos de 2017. Este esfuerzo redujo drásticamente las tasas para individuos y empresas, pero llevó a un aumento en el déficit presupuestario federal a casi 1 billón de dólares en el año fiscal 2019. Lo que socavó la promesa de campaña de no solo reducir déficit, sino eliminar la deuda nacional por completo al final de un segundo mandato.
La reforma a la policía que marca las elecciones de 2020
Biden ha dicho que no apoya los llamados para “desfinanciar la policía”. Esta propuesta ha cobrado impulso tras de los homicidios de George Floyd, en Minnesota, y Breonna Taylor, en Kentucky, entre otros. Sin embargo, el exvicepresidente respaldo algunos de los principios que plantean los defensores de la frase.
Andrew Bates, portavoz de la campaña de Biden, señaló que el candidato demócrata apoya “la necesidad urgente de una reforma”. De acuerdo a Bates, este cambio incluye “la financiación para las escuelas públicas, los programas de verano y el tratamiento de salud mental y abuso de sustancias, por separado de la financiación de la policía, de manera que los agentes puedan centrarse en su trabajo de vigilancia”.
La campaña de Biden ha dicho que respalda las propuestas de aumentar el gasto en programas sociales distintos de los presupuestos de la policía local. Sin embargo, la propuesta también quiere más fondos para reformas policiales, como cámaras corporales y capacitación en enfoques de policía comunitaria. Biden ha pedido 300 millones de dólares adicionales para el programa de servicios policiales orientados a la comunidad. Estos fondos permitirían contratar a más agentes y pagarían la capacitación en enfoques policiales comunitarios.
Trump se ha declarado a sí mismo el “presidente de la ley y el orden”. Esto en medio de las protestas a nivel nacional por el racismo sistémico y la brutalidad policial en Estados Unidos. El mandatario ha criticado los esfuerzos para retirar los fondos a los departamentos de policía. Además, ha dicho que se le debe respeto a la policía por su trabajo.
En junio, firmó una orden para promulgar reformas modestas, como acción para enfrentar las manifestaciones por la brutalidad policial. De hecho, incluyó un programa de seguimiento que alentará a las localidades a presentar información sobre los policías que han sido despedidos o que se demostró ante la justicia que utilizaron la fuerza excesiva.
El Departamento de Justicia también dirigirá subvenciones federales a departamentos de policía acreditados por tener políticas de uso de la fuerza y de desescalamiento, además de prohibir tácticas de ahogamiento, excepto cuando se autorice la fuerza letal. También, el Departamento de Justicia trabajará en conjunto con funcionarios federales de salud. Lo anterior para aumentar la capacitación en programas que unan a los trabajadores sociales con la policía para responder a las llamadas de salud mental y personas sin hogar.
El liderazgo político del Departamento de Justicia bajo la administración de Trump ha respaldado una política policial que priorizó acabar con un repunte nacional en los delitos violentos. Además de elevar la moral de los policías que patrullan las calles, los cuales según el gobierno de Trump fueron antagonizados durante la era de Obama.
Violencia de armas: Trump y Biden tienen visiones muy distintas
Biden ha dicho que presionará para prohibir las llamadas armas de asalto, si es elegido como presidente. En un artículo de opinión de The New York Times, el candidato demócrata escribió que Estados Unidos tiene un “gran problema con las armas”. Biden ayudó a liderar el esfuerzo para prohibir las armas de asalto en la década de 1990. En su texto, las definió como “armas de fuego de estilo militar diseñadas para disparar rápidamente”, y añadió que son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Biden también le dijo a Anderson Cooper, de CNN, que presionaría por un programa federal de recompra de armas. Esto, en un intento por sacar una mayor cantidad de ellas las calles. El exvicepresidente respalda la verificación de antecedentes universal. Y aseveró que las armas de asalto “deberían ser ilegales. Punto”.
Durante el primer debate demócrata, Biden planteó la idea de “armas inteligentes”. Según explicó se requeriría que los fabricantes incluyan medidas biométricas que impidan el uso de armas de fuego por parte de aquellos cuyas huellas dactilares no estén registradas para esa arma específica. También se ha centrado más en los fabricantes. “Nuestro enemigo son los fabricantes de armas, no la Asociación Nacional del Rifle. Los fabricantes de armas”, dijo en ese debate.
A raíz de los tiroteos masivos durante su presidencia, Trump ha prometido tomar medidas contra la violencia armada. Entre ellas, la ampliación de la verificación de antecedentes. Sin embargo, ha sido vago en los detalles y repetidamente ha señalado que la salud mental y el odio son problemas subyacentes. Después del tiroteo en Las Vegas de 2017, Trump ordenó al Departamento de Justicia que prohibiera los aceleradores de disparos. Se trata de accesorios que hacen que los rifles semiautomáticos disparen continuamente. La prohibición entró en vigor en marzo de 2019.
El presidente ha respaldado leyes de armas de “alertas” a nivel estatal. Estas permiten que quienes han visto señales de advertencia puedan solicitar órdenes judiciales para intervenir y evitar que alguien que está en crisis tenga acceso temporal a armas de fuego.
Así ven la inmigración Biden y Trump
Biden apoya un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados. También ha pedido al Congreso otorgar inmediatamente la ciudadanía a algunos inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos siendo niños. En el primer debate presidencial demócrata en junio, Biden dijo que los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales “no deberían ser el foco de la deportación”.
En una entrevista con CNN en julio de 2019, el candidato demócrata señaló que se opone a despenalizar el cruce de la frontera sin documentación, algo que otros precandidatos apoyaban. “Creo que la gente debería tener que hacer el proceso. Pero si la gente viene porque en realidad está buscando asilo, debería tener la oportunidad de argumentar su caso”, dijo Biden.
Durante su campaña de 2016, Trump propuso la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El cual, además, ha sido un principio de su política de inmigración como presidente. Después de asumir el cargo, emitió un decreto para suspender la entrada de personas de varios países de mayoría musulmana durante 90 días. La orden pasó por varias iteraciones en cortes antes de que fuera confirmada.
La política de “tolerancia cero” de la administración en 2018 ––los enjuiciamientos de adultos que cruzaron ilegalmente la frontera–– resultó en miles de separaciones familiares en la frontera, cuando los padres fueron detenidos. Según una orden judicial, el gobierno debe identificar y reunir a ciertos niños separados. El presidente ha planteado un sistema de inmigración basado en el mérito. La propuesta establece un sistema basado en puntos para los titulares de la tarjeta de residencia (también conocida como “green card”) y restringe el patrocinio a los cónyuges e hijos menores.
Trump también terminó oficialmente a las protecciones de la era Obama para los inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran niños. Una decisión que ahora se ha llevado a la Corte Suprema.
Las propuestas de educación en la carrera presidencial
Biden ha propuesto un plan educativo que aumentaría los fondos para las escuelas en áreas de bajos ingresos. Adicionalmente, el proyecto ayudaría a los maestros a pagar préstamos estudiantiles. También duplicaría la cantidad de profesionales de la salud que trabajan en las escuelas.
Un elemento central implica triplicar los fondos federales del Título I para las escuelas que prestan servicios en áreas de bajos ingresos. Así se cerraría lo que su campaña llamó una brecha de financiación de 23.000 millones de dólares entre los distritos escolares de mayoría blanca y no blanca.
En octubre de 2019, Biden dio a conocer un plan que reduciría las obligaciones de la deuda de préstamos estudiantiles. Se propone condonar 10.000 dólares ––hasta por cinco años–– para aquellos que trabajan en el servicio público, como maestros o miembros del ejército. También garantizaría que aquellos que ganan menos de 25.000 dólares no deban nada en sus préstamos estudiantiles federales de pregrado. Mientras, los pagos de todos los demás se limitarían al 5% de sus ingresos discrecionales por encima de 25.000 dólares. Esto implica reducir a la mitad el límite actual del 10%.
Sus planes enfatizan mucho la acción ejecutiva. Biden dijo en un foro de la Federación Estadounidense de Maestros en Houston, en mayo de 2019, que “la mayor parte” de sus propuestas educativas pueden convertirse en ley incluso si los republicanos mantienen el control del Senado después de las elecciones de 2020.
Trump, como presidente, ha prometido solucionar la deuda de préstamos estudiantiles. Según lo dispuso por una orden ejecutiva, el Departamento de Educación publicó nuevos datos en noviembre de 2019 sobre los niveles de ingresos y deudas de los graduados. Esto con el objetivo de ayudar a los estudiantes a tomar decisiones más informadas sobre los préstamos antes de elegir universidades.
La Casa Blanca también ha hecho que la condonación de préstamos sea automática para los veteranos con discapacidades. También instó al Congreso a incluir un límite a los préstamos estudiantiles.
En contraste, ha propuesto en repetidas ocasiones poner fin a un programa de condonación de préstamos estudiantiles para trabajadores públicos. Sin embargo, el Congreso ha rechazado esos esfuerzos. La administración ha impulsado un crédito fiscal por elección de escuela conocido como “Becas para la libertad de educación”, que los estudiantes podrían usar para asistir a escuelas públicas o privadas, incluidas las instituciones autónomas, fuera de sus distritos.
Adicionalmente, ha rescindido una serie de políticas de la era de Obama. Entre ellas, las que promovían la diversidad racial en las escuelas y la protección para los estudiantes transgénero en las instituciones públicas que les permitían usar baños y otras instalaciones correspondientes a sus identidades de género. También ha revertido dos reglas que estaban destinadas a responsabilizar a las universidades con fines de lucro.
Relaciones internacionales: EE.UU. ante el mundo
Un argumento central de la campaña de Biden es que él tiene una amplia experiencia en política exterior. Tanto por sus ocho años en la Casa Blanca como por haber viajado como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En junio, Biden se comprometió a deshacer las acciones de política exterior que ejecutó presidente Donald Trump. Durante un discurso, el exvicepresidente expuso cómo buscaría restaurar las normas internacionales anteriores a Trump. Y así “volver a ubicar a Estados Unidos a la cabeza”.
La pieza central del esfuerzo de Biden para volver a la cooperación internacional es una cumbre. Según dijo, la convocaría entre las democracias, las organizaciones no gubernamentales y las corporaciones del mundo. En especial, las empresas de tecnología y redes sociales. El objetivo sería buscar una agenda común para proteger sus valores compartidos.
Tal cumbre impulsaría a empresas como Facebook, Google y Twitter, donde los “trolls” rusos llegaron a los votantes estadounidenses durante las elecciones de 2016, a combatir desafíos como la vigilancia, la censura y la propagación del discurso de odio.
Mientras estuvo en el Senado, Biden votó para autorizar la guerra en Iraq en 2002. Como otros demócratas que votaron a favor, Biden ha pasado años pidiendo disculpas por ello. Mientras, el conflicto se vuelve cada vez más impopular entre el público estadounidense y los votantes demócratas.
Trump ha tomado una serie de decisiones impredecibles en el comercio, como la imposición de aranceles contra aliados, por ejemplo, la Unión Europea. El presidente también lleva en una guerra comercial de dos años con China. Esta ha incluido la imposición de una serie creciente de aranceles de represalia, que han afectado a los agricultores, importadores y fabricantes estadounidenses.
El presidente también anunció en 2017, después de asumir el cargo, planes para retirarse de las negociaciones y el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Se trata de un pacto comercial de la era de Obama entre varios países. Con una preferencia por acuerdos bilaterales, firmó un nuevo pacto comercial con Japón en 2019. Sin embargo, este no resultó mejor para los ganaderos y agricultores estadounidenses de lo que hubiera sido la Asociación Transpacífica. Su administración también renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el pacto comercial con Canadá y México. Desde entonces, los países han acordado el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, pero está pendiente de ratificación por parte del Congreso de Estados Unidos.
Así se enfrentan Biden y Trump sobre la crisis climática
En julio de 2020, Biden propuso gastar 2 billones de dólares durante cuatro años en proyectos de energía limpia. Además de poner fin a las emisiones de carbono de las centrales eléctricas para 2035. Durante un discurso que detalla el plan, Biden calificó la amenaza que representa el cambio climático como una “oportunidad única en la vida para darle nueva vida a nuestra economía”.
El plan marca un cambio claro de Biden hacia los objetivos progresistas de reducir el consumo de combustibles fósiles para combatir el cambio climático. La nueva propuesta de Biden es más ambiciosa que el plan de 10 años 1,7 billones de dólares que ofreció en las primarias demócratas. Ese anterior proyecto incluía el objetivo de lograr emisiones netas cero para 2050.
Su estándar propuesto de electricidad 100% limpia para 2035 se basa en un modelo planteado inicialmente por el gobernador de Washington Jay Inslee y luego aceptado por la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren. El mismo objetivo se incluyó en una serie de recomendaciones negociadas recientemente por un grupo de trabajo compuesto por miembros designados por Biden y el senador de Vermont Bernie Sanders, y copresidido por la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, una de las principales defensoras de Green New Deal.
La decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, un pacto histórico de 2015 sobre los objetivos del calentamiento global, fue un gran golpe para la respuesta global a la crisis climática. La medida envió el mensaje al resto del mundo de que EE.UU. no liderará la lucha global contra el cambio climático. El país puede abandonar legalmente el acuerdo a partir de 2020.
El jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), designado de Trump, ha dicho que, si bien cree en el cambio climático, esta no es una prioridad absoluta. La administración de Trump redujo dos de los monumentos nacionales de Utah. También ha presionado para abrir el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico de Alaska a la exploración de petróleo y gas.
También las aguas a lo largo de las costas del este y el Pacífico. Bajo la administración Trump, la EPA anunció que ya no requeriría que las compañías de petróleo y gas instalen monitores para detectar fugas de metano de nuevos pozos, tanques y tuberías.
Eric Bradner, de CNN, contribuyó a este informe.