(CNN Español) – La jueza 30 Penal de Control de Garantías de Bogotá, Clara Salcedo, decidió este sábado dejar en libertad al expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien está siendo investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, que él rechaza. La medida es de inmediato y obligatorio cumplimiento.
Esta determinación fue tomada en audiencia pública, luego de que el 5 de octubre la Corte Suprema de Justicia conceptuó que la jueza estaba facultada para decidir sobre si Uribe, quien renunció a su fuero como senador, continuaba o no en detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo, en el norte de Colombia.
Uribe renunció a su curul en el Senado el 18 de agosto argumentando “falta de garantías” por parte del alto tribunal de justicia, y su defensa pidió que su proceso fuera enviado a la Fiscalía para su conocimiento, lo cual sucedió.
La medida de restricción de libertad contra el exmandatario había sido impuesta por el alto tribunal el pasado 3 de agosto en un caso relacionado con la presunta manipulación de testigos contra el senador del partido Polo Democrático Iván Cepeda, cargos que Uribe rechaza.
La jueza argumentó que, como el proceso pasó de estar en la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación, es a esta última a la que corresponde realizar una nueva indagatoria y definir la respectiva situación jurídica del investigado.
Paradójicamente, la causa penal contra Uribe se podría resumir como la de un denunciante que terminó denunciado. Todo comenzó en 2014, cuando el expresidente, del partido de gobierno Centro Democrático, denunció al actual senador Iván Cepeda por supuestamente estar ofreciendo beneficios jurídicos a varios exparamilitares en las cárceles para que vincularan a Uribe con esos grupos armados de extrema derecha.
El principal testigo en este caso es Juan Guillermo Monsalve, actualmente en prisión, quien dijo a Cepeda que en la finca “Guacharacas”, de propiedad de la familia de Uribe, se habría conformado un grupo paramilitar. La familia de Monsalve trabajaba en esa hacienda y, por eso, dijo conocer de primera mano los hechos.
El video hizo parte de un debate promovido en el Congreso por Cepeda contra los grupos paramilitares en Colombia y sus patrocinadores.
Uribe decidió entonces llevar el caso a la Corte y denunciar a Cepeda por el contenido de las acusaciones, argumentando que Monsalve y otros testigos habrían sido manipulados y presionados.
Pero los magistrados no solo no encontraron elementos suficientes sobre Cepeda, sino que decidieron investigar a Uribe tras encontrar nuevas supuestas evidencias y testimonios que, según los magistrados que atendieron el caso, involucrarían al expresidente con las mismas prácticas de las que acusaba al senador Cepeda.
“A mí me hicieron 21.000 interceptaciones telefónicas, a las llamadas y a los mensajes. No hay una palabra mía que viole la ley”, sostuvo Uribe en declaraciones a CNN el 4 de septiembre de 2019.
“Hay muchos testigos que han dicho que los manipularon en contra mía, que fueron a ofrecerles beneficios, y eso es lo que está ahora en proceso”, concluyó entonces Uribe.
El senador Iván Cepeda ha preferido no hacer mayores comentarios sobre el caso y ha pedido respetar la independencia de la justicia y en especial las decisiones que ha tomado recientemente la Corte Suprema de Justicia.
En el país se han registrado desde agosto varias manifestaciones de apoyo al expresidente Uribe, y también otras de rechazo por sectores que consideran que el exmandatario debe responder por este y por al menos 59 procesos penales y políticos que enfrenta el expresidente ante la Comisión de Acusación del Congreso y ante la Corte Suprema. Los cargos van desde conductas como injuria y calumnia hasta concierto para delinquir y compra de votos. Uribe insiste en que todo se trata de una persecución política en su contra.
Al enterarse del dictamen este sábado, Uribe se manifestó a través de su cuenta de Twitter con un breve mensaje: “Gracias a Dios”.
El presidente de EE.UU. Donald Trump se refirió al hecho también en su cuenta de Twitter: