Nota del editor: Dora Barrancos es socióloga, doctora en Historia, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Barrancos es asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández y fue candidata al Senado por el partido Frente de Todos. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de la autora. Ver más opinión en CNN en Español.
(CNN Español) – El Congreso de Argentina se prepara para debatir, por segunda vez en su historia, el proyecto de interrupción legal del embarazo. Las circunstancias son muy diferentes a las de la primera ocasión, en 2018, cuando el entonces gobierno del presidente Mauricio Macri autorizó el debate, pero con ánimo contrario a la sanción de esa ley, mientras que el actual gobierno, encabezado por Alberto Fernández, de quien soy asesora ad honorem, se dispone a que se conquiste ese derecho, notablemente retrasado en la región latinoamericana.
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La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha presentado año tras año el proyecto. Pero en esta oportunidad es también el Poder Ejecutivo el que envía la propuesta de interrupción legal del embarazo. Es la primera que ocurre algo así con respecto a esta cuestión en el país.
En Argentina resulta indiscutible la larga práctica del aborto en todos los sectores sociales. Varias veces me he referido a la legitimidad de la práctica abortiva a lo largo de las épocas. Aunque en clandestinidad – debido a la ley penal - muchas mujeres de todas las clases se han practicado abortos, y no se entendería de otro modo la inexorable caída de las tasas de natalidad en la Argentina desde inicios del siglo XX, la limitación paulatina de nacimientos que ha caracterizado a este país como pionero en materia de “transición demográfica” en América Latina (Pantelides y Rofman, 1983).
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Sí, había condón, pero las clases populares no lo compraban y además eran muy rudimentarios. También había lavativas, pero el método más usado fue el coito interrupto. Todos los métodos eran falibles y aún no existía la píldora, que llegó al inicio de los años 60 y tampoco era completamente confiable.
Las mujeres de los sectores medios y altos han podido hacerlo en consultorios de profesionales avezados y en condiciones de asepsia, mientras que las mujeres de los sectores populares han experimentado -muy a menudo- intervenciones infames, con trastornos de salud posteriores y, lo más temible, con el resultado de incontables víctimas mortales en el transcurso de los tiempos. Aunque la ley argentina admite causales no punibles para el aborto – graves circunstancias de salud de la gestante y embarazo resultado de una violación -, fue necesaria una acordada de la Corte Suprema de Justicia para que los profesionales de salud actuaran con apego a la ley: deben asistir a los abortos de las mujeres (y personas gestantes) violadas. Pero lamentablemente los protocolos de atención derivados de este fallo no se han extendido a todas las jurisdicciones del país debido a las oposiciones conservadoras.
El fallo es federal, pero hay elementos conservadores en el país que se oponen a las determinaciones del Código Penal. La fórmula más conocida de esto es la gente que se adhiere a objeciones religiosas y otras que no son religiosas, pero se adiheren al mandato de procreación patriarcal. Hacen lo posible por saltarse la decisión.
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La ley que posibilitará el aborto en Argentina tiene una dimensión justificadora como cuestión de salud pública. Aunque no dejo de abonar ese ángulo, mi punto de vista hace foco en la conquista de un derecho humano fundamental como es el de decidir sobre el propio cuerpo, sobre todo en materia de gestación.
El embarazo es, en gran medida, el resultado de una contingencia, pero el maternaje no puede estar librado a la eventualidad. Maternar debe ser entrañar, y no se puede llevar adelante un embarazo que no se desea.
En otras palabras, decidir sobre la gestación es un derecho humano esencial y no se puede obligar a la maternidad.
No escapa que esta perspectiva se liga a otro derecho humano concomitante: el derecho al disfrute de la sexualidad femenina, que está inhibido por la ley patriarcal punitiva del aborto.
En esta oportunidad, creo que hay mayor convicción de que se pueda aprobar el proyecto de interrupción del embarazo, porque hay mayor aceptación social. Tenemos remarcado optimismo de que ahora el aborto será ley.