(CNN Español) – En Venezuela, el Parlamento electo en los cuestionados comicios del pasado mes de diciembre creó este jueves, en su primera sesión, una comisión especial dirigida a investigar lo que llama “crímenes” presuntamente cometidos por diputados opositores electos en 2015.
La propuesta ante el Poder Legislativo, conformado en más del 90% por miembros del partido de Gobierno, la presentó la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela.
Ella expuso que realizaría un “exhorto al Poder Judicial para que en el término de 48 horas se proceda a las órdenes de captura de quienes tanto daño han hecho a la estabilidad política, económica y social del país”. Sin embargo, Varela destacó que la Junta Directiva acordó designar en cambio una comisión especial que investigará las “acciones perpetradas contra la República desde la directiva y algunos miembros de la Asamblea Nacional”.
“En un mes ya deben salir resultados y ya debe ser emitido el exhorto para que actúe la Justicia de manera contundente”, dijo Varela.
Detalles de la nueva comisión
El Poder Legislativo designó como presidente de dicha comisión al diputado opositor José Brito. Él tendrá la meta, definida en plenaria, de determinar responsabilidades en lo que califican de robo de recursos del Estado por parte del Parlamento electo para el periodo 2016-2021 y de lo cual responsabilizan a Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional.
Guaidó, que es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, niega tales acusaciones. Asegura que tanto él como los legisladores y equipo que lo apoyan han sido perseguidos desde que la oposición asumió el control del Parlamento.
Brito se distanció desde diciembre de 2019 de Guaidó, quien era entonces presidente de la Asamblea Nacional.
Recordemos que el 6 de diciembre del año pasado se realizaron elecciones legislativas bajo fuertes cuestionamientos desde el ámbito interno y desde la comunidad internacional. En estas no participó la mayoría opositora, que llamó a no votar. El chavismo se impuso con 81% de los 277 curules, en un proceso en el que, según el Consejo Nacional Electoral, se abstuvo de participar casi el 70% de los electores inscritos en el padrón.
Las críticas a la elección legislativa
Entre las críticas a la reciente elección legislativa, destacan que el nombramiento del Poder Electoral se realizó desde el Poder Judicial y no desde la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitucion.
También que las directivas de los partidos opositores fueron intervenidas y se nombraron juntas ad hoc desde el Tribunal Supremo de Justicia. Además se critica que no hubo observación internacional independiente.
Es por ello que Guaidó y partidos como Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo consideran que se trató de un proceso comicial ilegal e ilegítimo.
En este sentido, el Parlamento presidido por Guaidó en diciembre aprobó la Reforma de la Ley del Estatuto para la Transición. Esta contempla extender la vigencia de la Asamblea Nacional electa para el periodo 2015-2021 hasta el 5 de enero de 2022 o hasta que haya elecciones justas, competitivas, libres y transparentes. Se trata de una situación inédita y de un mecanismo que no existe en la Constitución.
De momento, el Gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro no ha reaccionado a la aprobación de esta reforma de la Ley del Estatuto para la Transición. CNN se comunicó con el Ministerio de Comunicación e Información para solicitar un comentario, sin que hasta ahora se haya obtenido respuesta. El Poder Judicial declaró en desacato a la Asamblea Nacional y, desde ese momento, considera que todas sus decisiones y actos son nulos.