(CNN Español) – En una decisión trascendental, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho exjefes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, constituidos ahora en el partido político Comunes, a responder por presuntos graves delitos de guerra y de lesa humanidad.
Los afectados con la imputación de cargos de la JEP son Rodrigo Londoño, exjefe de las FARC y conocido con el alias de “Timochenko”, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Juan Hermilo Cabrera, Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda.
Se trata del resultado de más de dos años de investigaciones y testimonios de testigos y de los involucrados en el llamado caso 01 que adelanta la JEP por lo que llama graves violaciones a los derechos humanos de miles de colombianos que fueron secuestrados y retenidos ilegalmente por los guerrilleros en condiciones inhumanas en las selvas de Colombia, principalmente entre 1993 y 2012.
En un documento de 322 páginas, la Sala de Reconocimiento de la JEP expone detalles de muchos de los sucesos en los que habrían tenido responsabilidad los exjefes de las FARC y que constituirían graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas. En algunos casos, como los de militares y policías secuestrados, estuvieron en cautiverio por más de 10 años y algunos murieron debido a las extensas caminatas, enfermedades y malos tratos de sus captores.
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En su cuenta de Twitter, Londoño informó este jueves que estudiarán el documento de la JEP antes de referirse al tema. Señaló que se comprometieron con las víctimas, con el país y con el mundo. “Vamos a ser fieles a ese compromiso”, afirmó.
“Siempre hemos reconocido el secuestro. En una carta pública lo asumimos de manera autocrítica como uno de los grandes errores que se cometieron en medio del conflicto. Desde allí se desprende nuestra posición”, dijo.
En declaraciones a Blu Radio, Carlos Antonio Lozada, actual senador del partido Comunes dijo que ya reconocieron responsabilidad y pidieron perdón. “Al lado del secuestro se generaron otras afectaciones”, dijo.
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En esa línea se pronunció Comunes, el partido político de las extintas FARC. “Como ya hemos dicho, el secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona. Reiteramos nuestro compromiso para rendir cuentas ante la justicia”, publicaron este jueves en su cuenta de Twitter.
Hasta el momento, ni Parra, Milton de Jesús Toncel, Catatumbo, Alape ni Granda han reaccionado. Cabrera falleció.
Uno de los casos más recordados es el de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada el 23 de febrero de 2002 y liberada junto con varios compañeros de cautiverio el 2 de julio de 2008 en la llamada Operación Jaque, realizada por el Ejército colombiano durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
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Los imputados tendrán 30 días hábiles para aceptar o no los cargos.
Si deciden acatar la formulación de cargos y contribuir con la verdad de los hechos, podrían tener beneficios contemplados en la justicia transicional tales como penas alternativas distintas a cárcel en una prisión del Estado. Si rechazan la argumentación del tribunal podrían ir a juicio y, si la JEP demuestra su participación en los hechos, enfrentarían más de 20 años de cárcel de acuerdo con la gravedad de los delitos en la justicia ordinaria.
Todo esto quedó contemplado en el acuerdo de paz firmado de manera definitiva el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y los delegados de la extinta guerrilla de las FARC, tras más de cuatro años de conversaciones en La Habana, Cuba.
Desde que se negoció y firmó el acuerdo de paz, uno de los puntos más polémicos ha sido el que las FARC no tengan que ir a la cárcel gracias a la aplicación de la justicia transicional, siempre y cuando cuenten la verdad y acojan las sentencias de la JEP.
Este es uno de varios casos en los que la JEP investiga el accionar de las FARC durante más de 50 años de conflicto armado. De igual manera, ese tribunal investiga a civiles, militares y policías por graves violaciones a las normas del derecho internacional humanitario durante ese mismo periodo.
En entrevistas realizadas por CNN en 2018 y 2019, Rodrigo Londoño dijo estar dispuesto a acatar las decisiones de la JEP y a contribuir a la verdad de lo ocurrido durante el conflicto. En varias ocasiones, de manera pública y privada, integrantes de la desmovilizada guerrilla han pedido perdón a las víctimas por los asesinatos, secuestros y masacres ocurridas durante su permanencia en la clandestinidad.