(CNN) – Cuando el coronavirus se disparó en Missouri el pasado otoño boreal, una oleada de casos afectó a una residencia de ancianos en el corazón rural del estado. Robin Bull, una enfermera a medio tiempo, recordaba una ambulancia “yendo y viniendo constantemente” en una mañana especialmente aterradora, llevando a los residentes al Moberly Regional Medical Center, el hospital local.
Sin embargo, aunque Bull ayudaba a enviar a los pacientes al Moberly Regional, el hospital estaba en proceso de demandarla a ella y al menos a otra antigua empleada de la residencia de ancianos. Eran dos de los más de 600 expacientes a los que el hospital ha demandado por deudas médicas durante la pandemia de coronavirus, según un análisis de CNN de los registros judiciales.
El Moberly Regional demandó a Bull en mayo por US$ 9.281, costos que, según Bull, procedían de una visita a urgencias por una intoxicación alimentaria hace varios años. Después de que un juez fallara a favor del hospital a finales del año pasado, la empresa presentó una moción para empezar a retener parte de su salario de aproximadamente US$ 850 al mes.
Bull, que también recibe pagos por discapacidad, dijo que tanto ella como su marido se contagiaron de covid-19 el verano boreal pasado, y que han tenido que luchar para pagar sus facturas cada mes.
“Intenté razonar con los abogados y decirles que no hay manera de que pueda pagar esto, pero nada funcionó”, dijo Bull. “Tener esta enorme factura acechando sobre mí… ha sido estresante, es algo que me enferma el corazón”.
La experiencia de Bull no es única. Los hospitales propiedad de Community Health Systems (CHS), una de las mayores cadenas hospitalarias de Estados Unidos, han presentado al menos 19.000 demandas contra sus pacientes por facturas médicas supuestamente impagadas desde marzo de 2020, incluso cuando otros hospitales del país han tomado medidas para reducir este tipo de demandas durante la pandemia de coronavirus, según una investigación de CNN.
Los 84 hospitales de la empresa, que se concentran en el sur y se extienden desde Alaska hasta Key West, en Florida, han llevado a sus pacientes a los tribunales por cantidades tan pequeñas como US$ 201 y tan grandes como US$ 162.000. Ellos afirman que el juicio es el último recurso.
La revisión de CNN de los expedientes judiciales de los 16 estados en los que opera la compañía descubrió que la mayoría de los pacientes demandados por CHS, al igual que Bull, no contrataron a un abogado ni lucharon contra las demandas, y los jueces a menudo fallaron a favor de la compañía por defecto. En algunos estados, las deudas de los demandados se acumularon con los honorarios de los abogados y los intereses. En otros lugares, las filiales de la cadena hospitalaria se apresuraron a retener las nóminas de los demandados tras una sentencia.
Los defensores dicen que estas tácticas de cobro tan duras pueden dejar a los pacientes de bajos ingresos en la ruina financiera, sobre todo teniendo en cuenta que las demandas se presentaron en medio del colapso económico provocado por el covid-19.
“No se me ocurre algo peor que pueda hacer un sistema hospitalario que demandar a los pacientes por sus facturas médicas durante una pandemia y una recesión”, dijo Caitlin Donovan, portavoz de la National Patient Advocate Foundation, un grupo de defensa de los derechos de los pacientes.
En 2020, CHS tuvo su año más rentable en al menos una década, incluso mientras demandaba a los pacientes durante la pandemia. La compañía obtuvo ingresos netos de US$ 511 millones el año pasado, un gran cambio después de cuatro años consecutivos de pérdidas anuales. Ese fuerte resultado financiero llevó a los principales ejecutivos de la empresa a ganar millones de dólares en bonos, según los documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés).
Una de las razones del éxito es que la empresa se ha beneficiado de los apoyos de los contribuyentes. La empresa recibió US$ 705 millones en ayuda relacionada con la pandemia de la Ley CARES del gobierno federal y otros programas estatales y locales en 2020, sin incluir los préstamos gubernamentales adicionales que tendrá que devolver, según su informe anual de 2021 a los accionistas.
En una declaración a CNN, CHS dijo que sus hospitales solo demandan a una “pequeña fracción” de los pacientes que tratan cada año, y que trabajan para proporcionar asistencia a aquellos que no pueden pagar sus facturas.
“Las medidas legales son siempre el último recurso”, dijo la empresa. Los hospitales de CHS solo interponen demandas, dijo, “después de determinar que el paciente parece tener cierta capacidad de pago según su historial crediticio y su situación laboral, o si el paciente no ha respondido” tras repetidos intentos para discutir su factura.
La empresa afirmó que sus hospitales no “inician litigios contra ningún paciente que sepamos que ha perdido su empleo a causa de la pandemia”, y que, en virtud de una nueva política adoptada a principios de este año, retiraría las demandas contra cualquier persona que gane menos del 200% del nivel federal de pobreza, es decir, US$ 25.760 por persona. Sin embargo, señaló que muchos pacientes no rellenaron un formulario en el que se describen sus finanzas y que podría hacerles merecedores de esos indultos u otras ayudas.
Los pacientes demandados y los abogados que trabajan en los casos dicen que la retórica de la empresa no siempre se sostiene. CNN entrevistó a más de una docena de personas demandadas por los hospitales de CHS. La mayoría dijo que había intentado comunicarse con los abogados de la empresa, con los agentes de cobro o con los hospitales directamente y que no respondían o no estaban dispuestos a llegar a un acuerdo que pudieran pagar.
El Dr. Marty Makary, profesor de la Universidad Johns Hopkins que ha estudiado las demandas de los hospitales de todo el país, dijo que CHS tenía un carácter mucho más contencioso que la mayoría de los grupos hospitalarios, y que la política de ayuda financiera de la empresa no era suficiente.
“Es como si María Antonieta dijera: ‘si alguien viniera rogando por comida, le daría pastel’”, dijo Makary. “Es completamente ciega a la naturaleza implacable, agresiva y depredadora del cobro de deudas en la práctica”.
Un gran número de casos
CHS, con sede en un suburbio de Nashville, es una empresa con ánimo de lucro fundada en 1985. En su mejor momento, en 2014, operaba más hospitales en Estados Unidos que cualquier otra empresa, según la publicación especializada Modern Healthcare. Desde entonces, ha vendido algunas de sus instalaciones, pero sigue estando entre las 10 mayores cadenas hospitalarias del país.
La práctica de la empresa de demandar a los pacientes no es nueva; muchos de sus hospitales han llevado a los tribunales a un gran número de pacientes a través los años.
El número total de demandas presentadas disminuyó en la primavera boreal de 2020, ya que muchos juzgados cerraron en los primeros días de la pandemia, pero luego volvió a aumentar en el verano y el otoño. boreal Aunque las demandas se presentaron durante la pandemia, suelen ser por facturas médicas de hace años.
Para identificar los casos, CNN buscó en los registros judiciales las demandas presentadas por una lista de unas 100 filiales de CHS, incluidas las que gestionan los 84 hospitales actuales de la compañía y otras que dirigían más de una docena de instalaciones que CHS vendió o cerró durante 2020 y principios de 2021.
CNN encontró alrededor de 24.000 demandas presentadas por los hospitales de la compañía, incluyendo más de 19.000 presentadas en o después del 13 de marzo de 2020, cuando el gobierno federal declaró una emergencia nacional por covid-19. La revisión solo incluyó casos en los que los hospitales demandaron a personas individuales, en lugar de a compañías de seguros. En los estados en los que la información sobre los casos estaba disponible en línea, CNN limitó su revisión a las demandas marcadas como relacionadas con deudas, cobros o reclamaciones monetarias.
Los seis hospitales de la compañía en Alabama presentaron al menos 4.900 demandas durante todo 2020 y los primeros cuatro meses de 2021, pero el sistema de búsqueda de casos judiciales del estado no permite identificar cuántas se presentaron después de que la pandemia se apoderara de Estados Unidos o cuántas estaban relacionadas con deudas.
Los otros estados en los que los hospitales del CHS presentaron más demandas fueron Florida, Indiana, Missouri, Mississippi y Texas. En todo el país, aproximadamente tres cuartas partes de los hospitales de la compañía han presentado al menos una docena de demandas contra pacientes desde marzo de 2020.
La cadena de hospitales en litigio opera en 16 estados
CNN pudo obtener los registros judiciales de la mayoría de los condados en los que CHS tiene un hospital, pero no de todos, por lo que es probable que los resultados sean un recuento insuficiente.
El CHS no es el único grupo hospitalario que ha demandado a los pacientes, pero los expertos dicen que su agresiva estrategia legal sobresale. Makary, el profesor de la Universidad Johns Hopkins, dijo que su investigación había encontrado “un patrón en todo Estados Unidos” de que los hospitales del CHS están entre los que más litigan.
En Texas, por ejemplo, un estudio de Johns Hopkins, del que es coautor Makary, que cubrió alrededor de una cuarta parte de los condados del estado, encontró que solo el 7% de los hospitales locales demandaron a algún paciente entre enero de 2018 y febrero de 2020. Nueve de los 10 hospitales más litigiosos del estado identificados por los investigadores eran propiedad de CHS. CHS cuestionó la metodología del informe, diciendo que estaba sesgada porque los investigadores incluyeron condados donde operan los hospitales de la compañía y no todos los condados del estado. Makary dijo que la investigación no se centró en los hospitales de CHS.
Los portavoces de otras tres de las mayores cadenas hospitalarias nacionales, HCA Healthcare, LifePoint Health y CommonSpirit Health, dijeron que sus hospitales no demandan a los pacientes por facturas impagadas. Trinity Health, otra gran cadena, suspendió la actividad de cobro en marzo de 2020 debido a la pandemia y ha “limitado significativamente cualquier acción legal relacionada con las cuentas vencidas”, dijo una portavoz, aunque se negó a dar más detalles.
Otros hospitales del país han dicho públicamente que evitarán demandar a los pacientes durante la pandemia de coronavirus. En Nueva York, el gobierno estatal ordenó a los hospitales públicos que no demandaran por deudas médicas durante la pandemia, y la mayoría de los centros privados del estado siguieron su ejemplo. Un gran grupo hospitalario neoyorquino, Northwell, demandó a varios miles de pacientes, pero cambió su política y retiró esos casos después de que The New York Times escribiera sobre sus prácticas legales en enero.
CHS dijo que sus hospitales no venden la deuda médica a terceras empresas que luego presentan demandas contra los pacientes, mientras que otros hospitales sí lo hacen, una decisión que, según dijo, “distorsiona cualquier intento de comparar” sus prácticas legales con las de otros grupos hospitalarios.
“Haciendo todo lo posible para no ahogarme”
La mayoría de los pacientes demandados por CHS que hablaron con CNN dijeron que no podían pagar lo que el hospital pedía. Y las cartas enviadas a los tribunales en casos de todo el país también plantean dudas sobre las afirmaciones de la empresa de que solo intenta cobrar a los pacientes que pueden pagar.
Tras ser demandado por el Lake Granbury Medical Center, un hospital de la CHS en las afueras de Fort Worth en Texas, Richard Piper escribió a un juez en agosto pidiendo que se le eximiera de la deuda médica de US$ 34.894 que el hospital le exigía.
“Le [escribo] esta respuesta para informarle de mi incapacidad para [pagar] esta deuda médica pendiente”, escribió Piper, que trabaja en un depósito de chatarra. “Solo llevo a casa un cheque de US$ 525 a la semana y he [estado] ayudando a dos hijas con mis nietos… le ruego que reduzca algo de esta deuda y ayude a la gente común”.
En lugar de ello, el juez dictó una sentencia por incumplimiento en su contra, ordenándole que pagara la cantidad total, además de casi US$ 3.500 en honorarios de los abogados del hospital, las facturas de una estancia en el hospital en 2018. Piper dijo en una entrevista que su cuenta llegó después de que el hospital lo retuviera más tiempo de lo que había querido, y que estaba manteniendo a la familia de su hija después de que ella perdiera su trabajo como maestra debido al covid-19.
“No creo que sea justo”, dijo Piper. “No puedo pagar US$ 35.000; ni siquiera gano eso en un año”.
En otra carta enviada a un tribunal de Oklahoma en octubre, una antigua paciente demandada por el hospital de CHS AllianceHealth Clinton escribió que su pareja había sido despedida a causa del cierre por la pandemia, que ella trabajaba medio tiempo en un empleo que no ofrecía seguro de salud y que luchaba por pagar el alquiler de cada mes.
“En estos momentos estoy haciendo todo lo posible para no ahogarme”, escribió la mujer. “No me queda nada que dar. Si me quitan el cheque, no tendré dónde vivir”.
El hospital siguió adelante con la demanda. Dos meses después de que escribiera la carta, el tribunal dictó sentencia contra ella, ordenándole que pagara al hospital su deuda de US$ 781 y casi la duplicó al añadir US $ 400 en honorarios de abogados y US$ 304 en costos judiciales.
El CHS dijo que no podía comentar casos concretos debido a las normas de privacidad, pero que tras revisar los relatos de varios pacientes que hablaron con CNN, está “satisfecho de que nuestros hospitales cumplieron con sus procesos habituales”.
Muchos acusados no tenían seguro o debían grandes copagos o deducibles. Jennifer Alegria, cocinera y gerente de una cafetería de Carolina del Norte, no tenía seguro médico cuando le detectaron un bulto en el pecho hace varios años. Le diagnosticaron un cáncer de mama y se sometió a una doble mastectomía en el Lake Norman Regional Medical Center de Mooresville, propiedad de CHS, y en junio de 2020 un agente del sheriff se presentó en la puerta de su casa para entregarle una demanda por valor de US$ 146.000 del hospital.
Alegria recurrió a los fondos de una recaudación de GoFundMe iniciada por su hija para resolver el caso, acordando pagar unos US$ 20.000, dijo, una suma enorme para una madre soltera de tres hijos que gana menos de US$ 40.000 al año. Ella dijo que también se atrasó en las facturas médicas de otros proveedores de salud durante su “pesadilla” de cáncer, pero el hospital CHS fue, por mucho, el más agresivo en tratar de cobrar, y el único en demandarla.
“Se sentía como una extorsión”, dijo Alegría. “Estaba asustada, y simplemente me apresuré a intentar reunir algo de dinero para pagarlo”.
Una vez que un tribunal falla en contra de un demandado, el hospital puede proceder a poner un gravamen sobre una propiedad suya, como una casa, o retener parte de su salario, dependiendo de las regulaciones que varían de un estado a otro. En Missouri, por ejemplo, los tres hospitales de CHS procedieron a retener los salarios de los demandados en más de la mitad de los casos de la época de la pandemia que acabaron en sentencia. Muchos de los embargos fueron para personas que trabajaban en empresas con salarios relativamente bajos, la más común fue Walmart.
En su informe anual, la CHS reconoció, en términos legales, que la pandemia está afectando a la capacidad de los pacientes para pagar sus facturas hospitalarias. “Hemos observado un deterioro en la capacidad de recuperación de las cuentas por cobrar de los pacientes no asegurados en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, como resultado de las condiciones económicas adversas derivadas de la pandemia de covid-19”, escribió la empresa.
Christi Walsh, otro investigador de la Johns Hopkins que ha estudiado las demandas de los hospitales, dijo que era típico que los hospitales que demandan a los pacientes solo obtuvieran una pequeña fracción de sus ingresos de esas demandas.
“No se trata de mantener las luces encendidas para los hospitales: no necesitan hacer esto”, dijo Walsh. “Pero para los pacientes, algunos se van a la quiebra, a otros se les quita el dinero directamente de su sueldo… Están eligiendo entre la atención médica y la comida”.
En su declaración a CNN, CHS defendió sus prácticas de cobro. En 2020, los hospitales de la compañía proporcionaron a los pacientes alrededor de US$ 1.000 millones en “atención caritativa”, la cual no se paga, dijo. A cada paciente se le “da la opción” de completar una solicitud de asistencia financiera que podría darles derecho a una atención gratuita o con descuento, pero muchos pacientes no llenan el formulario, dijo la compañía.
“El problema suele ser que los pacientes no responden a los intentos del hospital de hablar con ellos sobre sus facturas, por lo que no sabemos qué impacto, si es que hay alguno, ha tenido la pandemia en la capacidad de los pacientes para pagar la atención médica”, dijo CHS. Instó a los demandados que han perdido ingresos durante la pandemia o han caído por debajo del umbral de pobreza a ponerse en contacto con su oficina de cobros.
“A veces, la acción legal es la única vía por la que los pacientes entablan una conversación sobre la cantidad que deben por los servicios sanitarios ya recibidos”, añadió.
Pero Daniel Moore, un abogado de Poplar Bluff, Missouri, que ha defendido a docenas de imputados de bajos ingresos demandados por el Centro Médico Poplar Bluff, propiedad de CHS, se rió a carcajadas cuando un periodista le leyó la afirmación de la empresa de que no intenta cobrar a las personas que no pueden pagar.
“Eso es una auténtica sandez”, declaró Moore. “La mayoría de las personas a las que demandan son exactamente esas personas… simplemente les llueven los estragos económicos”.
Sin defensa legal
En la mayoría de los estados, las demandas del gigante sanitario son una máquina bien engrasada. Los abogados locales presentan demandas por facturas, incluyendo una declaración jurada de un custodio de registros del hospital. En muchos casos, los demandados nunca responden a la demanda ni contratan a un abogado, y el CHS solicita una sentencia por incumplimiento contra el demandado, que normalmente se le concede. En otros casos, el hospital desestima la demanda a cambio de que los demandados acepten un plan de pagos.
Un lunes por la mañana de abril, en el condado Okaloosa, una franja rural de la península de Florida, un juez celebró conferencias sobre el estado de 26 demandas de cobro presentadas por un hospital de la CHS, el North Okaloosa Medical Center, en una audiencia celebrada a través de Zoom. Cuatro de los demandados se presentaron, con videos de teléfonos inteligentes que los mostraban sentados en sus coches o en sus salas de estar, y escucharon cómo el juez Jim Ward les explicaba pacientemente lo que significaría una sentencia: la posibilidad de un embargo de sus salarios, un gravamen sobre sus propiedades y deudas con cobro de intereses. Un abogado del hospital les dijo cuánto debían.
“Estoy muy atrasada en muchas cosas”, le dijo a Ward Christine McCullough, una de las demandadas. Según el hospital, ella debía US$ 1.642 por una radiografía que recibió después de un accidente automovilístico. En una entrevista posterior, McCullough declaró a CNN que esa era la parte que su seguro no había cubierto y que, como peluquera, había visto cómo sus ingresos disminuían durante la pandemia, lo que le impedía hacer frente a ese gasto. Dos de los acusados llegaron a un acuerdo sobre planes de pago con el hospital, lo que evitó que se presentara una sentencia contra ellos a menos que incumplieran una factura. A McCullough y a otro acusado se les fijó fecha de juicio. El resto de los casos se pospusieron, dando al hospital la oportunidad de presentar una sentencia por incumplimiento, o se desestimaron porque el hospital no había podido encontrar a los acusados para notificarles la demanda.
Ninguno de los más de dos docenas de demandados cuyos casos se juzgaban ese día tenía abogado. Pero en todo el país, algunos de los pocos demandados que contratan abogados descubren que ganan sus casos con bastante facilidad.
Después de que el Centro Médico Regional de Lake Norman demandara a Marianne Jurgens y a su marido Robert por una factura de US$ 2.943 por la estadía de Robert en el hospital de Mooresville, Carolina del Norte, un tribunal dictó una sentencia por incumplimiento contra la pareja. Jurgens dijo que les comentó a los abogados del hospital que los cargos deberían haber sido cubiertos por Medicare, pero que ellos no aceptaron abandonar el caso. Así que contrató a un abogado que presentó una moción para anular la sentencia de incumplimiento.
Varios meses después, el hospital admitió que había cometido un error. “Después de llevar a cabo una investigación sobre las afirmaciones del demandado, el demandante cree que hubo un error de codificación en el momento del procedimiento, de modo que el demandado no debería ser responsable” del pago, escribió un abogado del hospital en una presentación en noviembre, pidiendo al tribunal que desestimara el caso.
El hospital cerró, pero las demandas continúan
