(CNN) – Lo que comenzó como una propuesta de reforma tributaria para ayudar a aliviar la tensión de la pandemia en la economía y equilibrar las finanzas del gobierno terminó con la gente tomando las calles para expresar su descontento.Las protestas a gran escala en Colombia se encuentran ahora en su tercera semana, y los fiscales han anunciado cargos por homicidio después de que se viera en un video a un agente de la policía nacional disparando a un joven de 17 años que habría fallecido a causa de esto en la ciudad de Cali, durante el primer día de manifestaciones.
La semana pasada, la Fiscalía General de la Nación hizo pública una declaración en la que acusaba al agente de policía, Luis Ángel Piedrahita Hernández, de homicidio agravado en relación con la muerte de Marcelo Agredo Inchima. El agente Piedrahita Hernández mantiene su inocencia y el caso pasará a un tribunal penal.
Las acusaciones se anunciaron el mismo día en que el jefe de la Policía Nacional de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, apenas cuatro meses después de haber asumido su nuevo cargo, defendió la credibilidad de la fuerza, que ha sido criticada fuertemente por su respuesta de mano dura a las protestas, al tiempo que admitió que la policía sería la primera en reconocer sus faltas.
“Cualquier acto que un policía cometa en contra de la ley es rechazado contundentemente”, dijo la semana pasada el general Vargas, en declaraciones al diario español El País. “Quien tenga responsabilidad individual, esperamos que le caiga todo el peso de la ley. Y seremos los primeros en pedir perdón cuando se determine”, añadió.
La institución que supervisa el general se ha encontrado en medio de una crisis de credibilidad, a medida que aumentan las denuncias de violaciones de derechos humanos y los grupos humanitarios internacionales, incluida la ONU, expresan su preocupación. El sábado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó formalmente el acceso al país para investigar estas denuncias de abusos.
Al menos 42 personas han muerto en las protestas, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. Los grupos de derechos afirman que el número de muertos podría ser mayor. Según una recopilación de la organización de derechos humanos Temblores, se han denunciado al menos 2.387 casos de violencia policial.
El tiroteo de Marcelo Agredo Inchima
Marcelo Agredo Inchima fue una de las primeras víctimas mortales de las protestas, en un día en el que los videos en las redes sociales de la brutal represión policial encenderían la furia en una nación ya enfurecida.
Agredo, de 17 años, y su hermano se unieron a una manifestación contra la reforma tributaria el 28 de abril, el primer día de protestas en Cali, una ciudad del suroeste de Colombia que pronto se convertiría en el corazón del movimiento actual de protesta. No sabían que ese sería el último día en que lo verían con vida.
Unas dramáticas imágenes en las redes sociales, grabadas desde un balcón en el barrio Mariano Ramos, muestran a Agredo pateando a un policía en una motocicleta. Se oyen disparos mientras la gente se dispersa presa del pánico. Agredo intenta huir a pie, pero el policía coge su arma y dispara, matando al joven.
Un segundo video en las redes sociales desde otro ángulo muestra a Agredo corriendo y luego cayendo al suelo. Otro muestra su cuerpo en el pavimento con un charco de sangre, mientras la gente trata frenéticamente de moverlo. “¡Lo mataron!”, grita una mujer, con el terror resonando en su voz.
“No, ya está muerto”, solloza cerca del cuerpo inmóvil de Agredo.
Al día siguiente, el padre del joven habló en cámara con la ONG Temblores y confirmó la muerte de su hijo.
“Mi hijo murió allí a consecuencia de un disparo que le hizo un policía. Mi hijo atacó a un policía con una patada”, dijo Armando Agredo Bustamante, argumentando que la patada no era una razón para quitarle la vida a su hijo cuando éste estaba desarmado e “indefenso”.
Para muchos colombianos, lo que empezó como una protesta por la reforma fiscal, ahora retirada, que habría golpeado a muchas familias que ya tenían problemas económicos, se ha transformado en un grito para acabar con la fuerza policial excesiva dirigida a los manifestantes, algo que, según dicen, ha afectado a la nación por décadas.
“La forma en que decidieron enfrentar estas cosas es llevando a la policía y a las fuerzas militares contra su propio pueblo. Por eso estamos todos aquí”, dijo Juan Pablo Randazzo, de 21 años, a CNN durante una protesta pacífica en la capital Bogotá, con la bandera colombiana de brillantes colores amarillo, azul y rojo envuelta en su cuello como una capa. “No estamos preparados para escuchar al día siguiente que uno de nuestros amigos, que uno de nuestros familiares, que uno de nuestros hermanos está siendo asesinado”, añadió el estudiante universitario con emoción en su voz.
En una entrevista exclusiva con la presentadora internacional de CNN, Christiane Amanpour, el presidente de Colombia Iván Duque anunció la apertura de 65 investigaciones sobre abusos policiales y añadió que existían “protocolos estrictos” sobre el uso de la fuerza en el país.
Duque dijo que su gobierno “siempre ha confiado y defendido el derecho fundamental en nuestra institución para las protestas específicas”.
Sin embargo, los funcionarios del gobierno también sostienen que los militantes de izquierda y los grupos armados ilegales están detrás de parte de la violencia.
La semana pasada, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció que las fuerzas de seguridad habían detenido a un líder de una célula local del mayor grupo guerrillero de izquierdas del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Ministerio lo acusó de intentar mezclarse en las protestas de Cali con planes para detonar una granada de mano y culpar a las fuerzas de seguridad, pero no ofreció pruebas.
Una cascada de descontento
La decisión de retirar la propuesta de reforma fiscal, que el gobierno dijo que era necesaria para aliviar los golpes de la pandemia, llegó demasiado tarde para calmar la furia de los manifestantes por meses de presión económica, agravada por la brutalidad policial, todo lo cual ha profundizado la sensación de desigualdad que sienten muchos colombianos.
Los manifestantes han quemado autobuses públicos, comisarías, saqueado tiendas y bloqueado carreteras en todo el país, lo que ha dificultado aún más la economía y el flujo de mercancías.
“La Constitución colombiana no establece el derecho a bloquear, por violencia o vandalismo”, dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios, en Twitter. “Los bloqueos generan pobreza, no construyen país y acaban con la economía”, agregó.
Las negociaciones entre el gobierno de Colombia, los grupos indígenas y el Comité Nacional de Paro están en curso, pero hasta ahora han sido infructuosas. Ni siquiera el anuncio del presidente Duque de la semana pasada de recortar la matrícula para los estudiantes de menores ingresos en el segundo semestre de 2021 ha logrado frenar las protestas.
Mientras tanto, los colombianos se hunden más en la pobreza, un problema agravado por la pandemia y los bloqueos en todo el país. Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) del país, la tasa de pobreza aumentó del 36 por ciento en 2019 al 42,5 por ciento en 2020.
Un estudio del DANE también reporta que el número de familias colombianas que comen menos de tres veces al día se ha triplicado desde el inicio de la pandemia.
El profesor de sociología e historia José Alejandro Cifuentes le comentó a CNN que la situación económica que enfrenta Colombia es sombría y está enredada con su historia de guerra civil y desigualdad.
“Estamos en una situación muy grave frente al acceso a la educación superior, al empleo, y nos enfrentamos a una situación de alto empleo informal que es el único espacio que les queda a estos jóvenes”, dijo Cifuentes en relación con los muchos jóvenes colombianos que salen a las calles a expresar sus frustraciones y preocupaciones.
Pero la pandemia no solo ha afectado a las futuras generaciones. También ha afectado a personas como Marlon Rincón Peralta, de 46 años, padre de cinco hijos, a quien conocimos mientras saludaba a los pocos visitantes que pasaban por delante de sus mesas, casi vacías.
Rincón Peralta se vio obligado a pasar de propietario de un negocio a camarero de un restaurante en el turístico pueblo de Zipaquirá, al norte de la capital del país.
“Nunca, nunca había visto esta situación”, dijo Rincón Peralta a CNN mientras con pesadumbre contaba cómo la pandemia solo ayudó a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres debido a la desigualdad que el país ha enfrentado y sigue viviendo.
Económicamente, se encuentra en su peor momento.
“Le digo a mi mujer, a mis hijos, si seguimos así, no, no… ¿qué vamos a hacer?”, afirmó entre lágrimas.
“La pandemia tiene cura”, dijo, pero la economía y la desigualdad no. “Si no hacemos algo, nunca tendremos una cura”.