(Reuters) – El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con encarcelar a las personas que se nieguen a vacunar contra el covid-19, mientras su país lucha contra uno de los peores brotes de coronavirus en Asia, con más de 1,3 millones de casos y 23.000 muertes.
“Ustedes eligen, vacúnense o haré que los encarcelen”, dijo Duterte, en un discurso televisado el lunes, tras los informes sobre la escasa asistencia a varios centros de vacunación en la capital, Manila.
Las declaraciones de Duterte contradicen las de sus funcionarios de salud, que han dicho que, aunque se insta a la gente a recibir la vacuna contra el covid-19, esta es voluntaria.
“No me malinterpreten, hay una crisis en este país”, dijo Duterte. “Solo me exaspera que los filipinos no hagan caso al Gobierno”.
Hasta el 20 de junio, las autoridades filipinas habían vacunado con dos dosis a 2,1 millones de personas, avanzando lentamente hacia el objetivo del Gobierno de inmunizar hasta 70 millones de personas este año, en un país con una población de 110 millones de habitantes.
Duterte, quien ha sido criticado por su enfoque duro para contener el virus, también mantuvo su decisión de no permitir la reapertura de las escuelas.
Investigación de la CPI sobre la guerra contra el narcotráfico
En el mismo discurso, Duterte arremetió contra la Corte Penal Internacional (CPI), después de que un fiscal de ese tribunal pidiera permiso a la Corte para realizar una investigación completa sobre los asesinatos ocurridos durante la guerra contra las drogas en Filipinas.
Duterte, quien en marzo de 2018 canceló la pertenencia de Filipinas al tratado fundacional de la CPI, repitió que no cooperará con la investigación, calificando a la CPI de “bulls**t” (una tontería).
“¿Por qué iba a defenderme o afrontar una acusación ante la gente blanca. Deben estar locos”, dijo Duterte, quien tras ganar la presidencia, en 2016, desató una campaña antidroga en la que han muerto miles de personas.
Los grupos de derechos humanos afirman que las autoridades han ejecutado sumariamente a sospechosos de narcotráfico, pero Duterte sostuvo que los asesinados se habían resistido violentamente al arresto.
El portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, fue consultado al respecto: “El tribunal es una institución judicial independiente y no comenta declaraciones políticas”.