(Reuters) – Perú tiene por fin un nuevo presidente después de una tensa y dilatada batalla electoral que dejó al socialista Pedro Castillo como ganador, y el mandatario electo tiene ahora el desafío de sanar las heridas de un país donde han aflorado profundas divisiones.
Castillo, que asumirá funciones el 28 de julio, fue proclamado oficialmente como presidente tras vencer por 44.000 votos a la derechista Keiko Fujimori, la hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori que había trabado el anuncio debido a cientos de impugnaciones de sufragios del 6 de junio.
El presidente electo se encontraba el martes en la vivienda de un familiar en el distrito limeño de Breña, que amaneció acordonado por decenas de policías y fuerza de seguridad del Estado a la espera de las coordinaciones para la transferencia de poder, dijeron fuentes cercanas al líder de izquierda.
Los desafíos de Pedro Castillo en Perú
Además del reto de enfrentar la pandemia en Perú y de reactivar la economía en el segundo mayor productor mundial de cobre, Castillo tendrá que hacer grandes esfuerzos en pos de la estabilidad política, luego del llamado de Fujimori de iniciar protestas para “defender” la democracia porque considera -sin mayores pruebas- que perdió las elecciones de forma “ilegítima”.
Observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido han dicho de forma separada que los comicios en Perú fueron transparentes.
Castillo ha recibido el saludo y la felicitaciones de diversos países como Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba, entre otros gobiernos de la región.
“Vamos a rechazar cualquier pretensión contra algún modelo del otro país, los peruanos sí podemos, gestaremos el verdadero desarrollo y el verdadero económico, garantizando la estabilidad jurídica y económica”, dijo Castillo la noche del lunes, ante críticas de sus opositores que dicen que buscaría copiar gobiernos de izquierda como de Venezuela o Cuba.
El político socialista, un desconocido por la mayoría de la población hasta poco antes de las elecciones, no ha renunciado a su promesa de buscar una nueva Constitución que dé al Estado un mayor rol en la economía, un plan que ha sacudido a la elite política y empresarial del país minero.
Castillo, en busca de consensos
En su primer mensaje tras su proclamación como presidente, Castillo dijo ante cientos de sus seguidores que la Constitución estará vigente “hasta que el pueblo lo decida”.
“Todo el pueblo peruano está alegre, satisfecho, porque el pueblo habló, el pueblo clamó y Castillo por fin es nuestro presidente, se viene el cambio pueblo peruano, se viene el cambio de Constitución, no más pobres, arriba el Perú”, dijo de Danny Castillo, un simpatizante de Castillo la noche del lunes.
Los mercados financieros locales reaccionaban el martes con cierto escepticismo y la moneda, el sol de Perú , se depreciaba un 0,30%, a 3,959/3,963 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima subía un 0,27%, a 485,10 unidades, con los papeles mineros clave el alza.
El presidente interino Francisco Sagasti, que asumió en noviembre tras la renuncia de su predecesor, entregará el poder a Castillo para un nuevo un gobierno de cinco años cuando Perú conmemore el bicentenario de su independencia.
Perú vivió una de las peores crisis políticas de su historia a fines del año pasado, con tres jefes de Estado, en una semana tras fuertes protestas que dejaron dos muertos, luego de un duro enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo.
Un Congreso dividido
La relación de Castillo con el nuevo Congreso -otra vez fragmentado- será clave para plasmar sus reformas. El partido marxista Perú Libre que postuló a Castillo tendrá 37 legisladores de los 130 miembros de parlamento unicameral.
La segundo bloque más fuerte en el Congreso será el partido Fuerza Popular de Fujimori con 24 asientos. Castillo tiene que negociar con las demás agrupaciones políticas de diversas ideologías, desde el centro, independientes y hasta la derecha conservadora.
Es la tercera derrota de Keiko Fujimori, tras perder los comicios del 2011 y el 2016. La política enfrenta una acusación fiscal por lavado de dinero tras recibir aportes de campaña presuntamente ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.
Por este caso, en la que la conservadora niega los cargos, la fiscalía anticorrupción ha solicitado 30 años de prisión.