(CNN Español) – La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles un decreto que cancela la personería jurídica de 24 organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría asociaciones médicas independientes.
La iniciativa de decreto, introducida ante el Parlamento por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez a solicitud del Ministerio de Gobernación, se aprobó este con el voto favorable de 72 diputados oficialistas y sus aliados.
Entre los organismos clausurados se encuentra la Asociación Médica Nicaragüense, que reúne a decenas de especialidades y que ha publicado varios comunicados donde cuestiona la falta de estrategia del Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia de covid-19 en el país y demanda la vacunación de todo el personal sanitario público y privado. El Ministerio no ha informado oficialmente cuántos miembros del personal médico se han vacunado.
Al referirse al “destino de bienes y acciones” de las asociaciones canceladas, el decreto plantea que tras su liquidación se hará con ellos lo que esté previsto en su acta constitutiva o en su estatuto. Si nada se hubiera puesto sobre ello, estos activos pasarán a ser propiedad del Estado, subraya el decreto.
De acuerdo con el texto aprobado, al que tuvo acceso CNN, el decreto argumenta que las entidades “han incumplido sus obligaciones legales y estatutarias” y se encuentran “acéfalas por períodos vencidos de sus juntas directivas”. Según el oficialismo, “no han reportado ante el ente regulador sus estados financieros con desgloses detallados (ingresos, egresos, donaciones y proveniencia y beneficiarios)”, y tampoco presentaron los convenios suscritos con organismos civiles y sus actividades.
CNN ha tratado de obtener una reacción de algunos de los organismos cancelados, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.
En un comunicado del 18 de marzo, de la Asociación Médica Nicaragüense había reclamado al Ministerio de Salud “vacunar inmediatamente a todos los trabajadores del sector salud, público y privado: médicos, odontólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos quirúrgicos, técnicos de rayos X, fisioterapeutas, laboratoristas, otro personal de salud, camilleros, conductores, afanadores, conserjes, personal de seguridad y administrativo”.
Amnistía Internacional critica la decisión
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó este lunes en su cuenta de Twitter: “Cancelar el estatus legal a asociaciones civiles que se han esmerado de informar a la población sobre covid-19 sería una táctica represiva hacia sectores críticos a las políticas del gobierno. Socavar la necesaria labor de profesionales médicos muestra claramente el desdén del gobierno de Nicaragua hacia los derechos de su población durante una crisis de salud”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) expresó a través de su cuenta de Twitter este miércoles: “Repudiamos acción del régimen Ortega Murillo que, a través de la Asamblea Nacional, canceló la personería jurídica de 24 asociaciones civiles que han velado por la salud y la vida de las y los nicaragüenses”.
El 22 de julio el organismo había alertado de la citatoria de la Dirección de Regulación del Ministerio de Salud a médicos independientes. “El Cenidh recibe con preocupación información del Dr. Jorge Luis Borgen, le han citado ‘obligatoriamente y sin explicación a la sala de Dirección de Regulación Sanitaria del #MINSA. ¿Qué pretenden? ¿Violar una vez más el ejercicio de la labor médica?”.