(CNN) – Para aquellos que se niegan a recibir la vacuna de covid-19, existen muchas formas legales para que actores públicos y privados hagan que esa decisión se vuelva dolorosa.
Sin duda, estos requisitos de vacunas serán impugnados en los tribunales, y algunos ya lo han hecho. Pero hasta ahora, mientras esos mandatos que exigen la vacunación se hayan elaborado con las exenciones religiosas y médicas apropiadas, los tribunales no han estado dispuestos a intervenir para bloquearlos.
“El consenso general es que en la mayoría de las situaciones, los mandatos son legalmente permitidos”, dijo Wendy Parmet, profesora de derecho y directora del Centro de Políticas de Salud y Derecho de Northeastern University.
Si un requisito de vacunación es legal dependerá de quién lo imponga y cómo lo hayan moldeado. Los mandatos que se han implementado ya parecen haber sido diseñados cuidadosamente teniendo en cuenta estos factores, aunque todavía hay algunas preguntas sobre cómo los tribunales manejarán los enfoques gubernamentales más agresivos.
Pero, en general, dado que la variante delta y las tasas de vacunación mediocres han cambiado la guerra contra el coronavirus, los legisladores tienen muchas herramientas perfectamente legales a su disposición para requerir la vacunación.
El caso más relevante es una decisión de la Corte Suprema de 1905 que confirma un requisito de Cambridge, Massachusetts, de que sus residentes se vacunen contra la viruela.
“Ese caso es un problema real para los escépticos del mandato de vacunación”, dijo Nicholas Bagley, profesor de derecho de la Universidad de Michigan que se especializa en derecho administrativo y de atención médica.
Para los empleadores, casi todo vale para los mandatos de vacunación para los trabajadores
Cada vez más empresas privadas en todo el país anuncian mandatos de vacunas todos los días, y tienen mucha discreción legal para hacerlo.
Algunas empresas han instituido requisitos directos para la vacunación de sus empleados, y se les muestra la puerta a los empleados que se niegan a cumplir. Otros empleadores les han dado a los trabajadores una opción: vacunarse o someterse a un conjunto de reglas onerosas, como pruebas semanales, requisitos de uso de máscaras y demandas de distanciamiento social.
Muchos empleadores públicos, incluidas varias agencias federales, están adoptando este último enfoque.
“Una de las razones, entre muchas, por las que estamos viendo requisitos más suaves –mandatos suaves– de los empleadores, incluidos los empleadores del Gobierno, en este punto es que minimiza el riesgo de que estos requisitos se inmovilicen en los tribunales”, dijo Lindsay Wiley, profesora de derecho de salud pública en la Facultad de Derecho de Washington en la American University. “Creo que hay espacio para que los empleadores y las agencias gubernamentales vayan más lejos de lo que están con estos mandatos blandos”.
Los empleadores privados tienen la mayor discreción, desde una perspectiva legal. Según Wiley, sus principales limitaciones legales son la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación religiosa, y las leyes que requieren adaptaciones para personas con discapacidades, como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que puede limitar las preguntas que los empleadores pueden hacer a los trabajadores que reclaman exenciones médicas.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU. emitió una guía que establece cómo los empleadores pueden exigir vacunas mientras cumplen con esas leyes. El Departamento de Justicia, mientras tanto, ha anunciado que, en su interpretación de la ley federal, los empleadores no necesitan esperar a que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dé a las vacunas su aprobación completa antes de requerir vacunaciones para los trabajadores (las tres vacunas de covid en EE.UU. han sido aprobadas bajo una autorización de uso de emergencia).
Los empleadores también pueden estar limitados por acuerdos de negociación colectiva, pero estos no impiden que los empleadores implementen los requisitos de vacunación para los empleados nuevos o no sindicalizados, como anunció Disney el viernes.
El otro obstáculo potencial a la capacidad de un empleador de exigir vacunas vendría en forma de leyes que prohíben tales mandatos, como algunos estados han considerado implementar.
Mucho margen de maniobra para los gobiernos estatales y locales
Aunque no tienen toda la discreción que tienen los actores privados, las entidades públicas tienen mucho margen de maniobra legal para exigir que los estadounidenses se vacunen, al menos en determinadas circunstancias. Varios gobiernos estatales y locales han anunciado tales requisitos para al menos algunos de sus empleados.
“Hay algunas preguntas abiertas sobre cuánto puede hacer un gobierno estatal o un gobierno local o incluso el gobierno federal cuando actúa como empleador que puede ser diferente de lo lejos que puede llegar con respecto a toda la población”, dijo Wiley.
Aún así, la capacidad legal de los gobiernos estatales o locales para exigir vacunas en contextos distintos al empleo está bien establecida. Existe un historial de requisitos estatales o locales de que los estudiantes se vacunen para asistir a la escuela. Asimismo, esos gobiernos podrían establecer requisitos para que los participantes en otras actividades, como reuniones masivas en interiores, estén vacunados.
Lo que coloca tales movimientos en un terreno legal sólido es la decisión de la Corte Suprema de 1905, Jacobson v. Massachusetts, que confirmó el requisito de la vacuna contra la viruela en Cambridge. Jacobson fue citado por un tribunal federal de apelaciones que el lunes rechazó una impugnación al requisito de la vacuna de covid presentada por estudiantes de la Universidad de Indiana.
Incluso el juez conservador Neil Gorsuch ha señalado que votaría a favor del mandato de vacunación de Massachusetts si el caso de Jacobson estuviera ante el tribunal hoy. Sin embargo, Gorsuch hizo hincapié en las particularidades de cómo se diseñó el mandato de la vacuna; el castigo por no vacunarse era solo una multa, y el mandato incluía algunas exenciones.
Un mandato de vacunación contra el sarampión de la ciudad de Nueva York ratificado por un tribunal estatal en 2019 es otro ejemplo útil de lo que los tribunales estarían dispuestos a defender ahora. Nueva York tenía un caso sólido, según la profesora Dorit Reiss de la Facultad de Derecho de la Universidad de California-Hastings, porque apuntó el mandato específicamente a los vecindarios donde se estaba produciendo un brote de sarampión, y el castigo era una multa, no una pena de cárcel.
“En general, los mandatos más limitados probablemente serán más fuertes, legalmente, que los mandatos más amplios, y los castigos menores se mantendrán mejor que los castigos más draconianos o extremos”, dijo Reiss.
Menos opciones –pero aún hay opciones– para los formuladores de políticas federales
Aunque las manos del gobierno federal están atadas de alguna manera, los formuladores de políticas nacionales todavía tienen opciones para aumentar los costos de no vacunarse.
El poder ejecutivo, sin ninguna acción adicional del Congreso, es el más limitado en lo que puede hacer, más allá de los requisitos que impone a los trabajadores en sus agencias. Dado el rechazo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) han recibido en los tribunales por sus regulaciones de vacunas en cruceros y su moratoria de desalojo, parece extremadamente improbable que ellos u otra agencia federal puedan actuar unilateralmente para imponer un mandato general de vacunación.
Si el Congreso se involucrara, hay un par de formas en que el gobierno federal podría intentar implementar un mandato de vacunación, aunque los legisladores “tendrían que encontrar una manera, encontrar un gancho, para conectar eso con sus poderes constitucionales existentes”, dijo Wiley.
La capacidad del Congreso para exigir vacunas en virtud de la cláusula de comercio interestatal de la Constitución parece ser limitada, gracias al fallo de la Corte Suprema en el caso de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio de 2012. Pero el gobierno federal podría explorar sus autoridades bajo la cláusula de impuestos y gastos de la Constitución. Ese enfoque podría incluir la creación de una multa fiscal para los no vacunados o condicionar el financiamiento federal a los estados sobre si esos estados estaban implementando un requisito de vacunación.
“El gobierno federal podría hacerlo indirectamente con bastante facilidad”, dijo Wiley, “pero hacerlo directamente, diciendo que ahora es ilegal o que hay que pagar una sanción penal, en lugar de una sanción fiscal, sería más difícil de hacer para el Congreso.”