(CNN Español) – Con 134 votos a favor de las 137 curules, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el llamado a juicio político contra el excontralor del Estado Pablo Celi, por presunto incumplimiento de funciones, responsabilidad en el desvanecimiento de glosas (uso injustificado de recursos) y por ser objeto de un proceso que lleva la justicia penal.
Celi está en prisión preventiva desde abril de este año, luego de haber sido detenido junto a otras personas durante operativos encabezados por la Fiscalía, que lo procesa por el delito de delincuencia organizada.
El exfuncionario rechaza los señalamientos y ha pedido en reiteradas ocasiones el levantamiento de la prisión preventiva para defenderse en libertad, lo que ha sido negado por la Justicia.
CNN contactó a Marcelo Ron, abogado de Celi, quien dijo que el proceso de juicio político “adolece de muchas fallas y viola principios constitucionales”.
Según Ron, el juicio político arranca prejuzgando a Celi para “desvirtuar conflictos entre legisladores y tapar las rencillas entre ellos”. Agregó que su cliente comparecerá ante la Asamblea para defenderse y “desvirtuar anomalías” en el juicio.
A finales de julio, justamente cuando acudió ante el Poder Legislativo, Pablo Celi dijo que el proceso en su contra no tiene sustento, que desde su cargo no podía direccionar auditorías o resoluciones y que tampoco ha interferido en otras funciones del Estado para beneficiarse o beneficiar a terceros.
Celi negó haber recibido dinero o favores a cambio de resoluciones de la institución y rechazó la existencia de una estructura de corrupción.
A inicios de julio Carlos Riofrío reemplazó a Pablo Celi como contralor del Estado. Celi desempeñaba el puesto como contralor interino desde junio de 2017.
En los próximos días la presidenta de la Asamblea deberá convocar a sesión del pleno para iniciar el juicio político. El excontralor podrá comparecer ante los legisladores para ejercer su derecho a la defensa.
Sobre el proceso penal contra Celi, la Fiscalía informó que investigó durante un año y medio una presunta estructura de corrupción que operaba para exigir pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y pagos por contratos suscritos por la petrolera estatal Petroecuador y otras empresas entre 2017 y 2020. Los líderes de esta estructura, según la Fiscalía, ocupaban altos cargos públicos.
La fiscal general Diana Salazar informó a la Asamblea que existen también 18 investigaciones contra el excontralor Pablo Celi, por posible concusión, tráfico de influencias, fraude procesal, peculado y otros. Agregó que las seis glosas desvanecidas por la supuesta orden de Celi habrían representado US$ 13 millones entre 2017 y 2020. Se trata de glosas de una empresa de la cual un familiar del excontralor habría solicitado y recibido dinero.
Sobre los señalamientos de Fiscalía, Marcelo Ron, abogado de Celi, indicó a CNN que no existe nada contra el excontralor Pablo Celi que justifique que ha recibido dinero o ha hablado con involucrados para influir o recibir coimas a cambio de favores.
La situación política del exfuncionario podría definirse en la Asamblea en las próximas semanas, mientras que la judicial dependerá del avance del proceso que la Fiscalía emprendió en su contra.