Nota del editor: Jorge G. Castañeda es colaborador de CNN. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York y su libro más reciente, “America Through Foreign Eyes”, fue publicado por Oxford University Press en 2020. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente del autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.
(CNN Español) – Nadie puede saber cuántos afganos llegarán en los próximos meses a Estados Unidos. Unos serán beneficiarios de las SIV; es decir, tenedores de visas especiales de inmigrantes que se otorgan a quienes trabajaron con las fuerzas estadounidenses en Afganistán durante estos 20 años: traductores, oficinistas, personal de intendencia, etc.
Otros serán militares retirados y sus familiares, esto es, los integrantes de las tropas de élite formadas por EE.UU. durante el tiempo que pasaron en el país, o la llamada ocupación, como la denominan sus críticos.
Por último, habrá un número indeterminado de refugiados, en el sentido estricto de la palabra: personas que por una razón u otra, diferente a los causales anteriores, poseen un temor fundado por su vida si permanecen en el país, controlado de nuevo por los talibanes: activistas, mujeres en ciertas categorías, periodistas, trabajadores sociales, etc.
El presidente Joe Biden ha sugerido que podría ser una cifra de decenas de miles de evacuados de Afganistán, sin precisar la proporción de dicho total que terminaría por asentarse en Estados Unidos. Algunas otras estimaciones son más elevadas, ya sea de la ultraderecha, que se opone a su recepción, ya sea de grupos de defensa de refugiados que consideran que Washington debe ser especialmente generoso con los perseguidos por un régimen que lo derrotó. En cualquier caso, se trata de un total irrisorio para un país de 330 millones de habitantes, o para quien recibió a casi tres millones de refugiados de Indochina en 1975.
El problema es que una es la realidad numérica y otra, la política. Para Biden, se trata de un nuevo frente en la batalla que más le ha costado: la inmigración. Es bien sabido que el único rubro en el cual las cifras de aprobación del mandatario se han mantenido sistemáticamente bajos es el inmigratorio. Casi dos tercios desaprobaba su política en la frontera sur, en ocasiones confundiendo hechos con intenciones, según una encuesta de ABC/Ipsos del 31 de julio de 2021. Es un hecho que la cantidad de llegadas y detenciones en el límite con México ha aumentado seriamente desde febrero; no es tan cierto que eso se deba a la postura de la Casa Blanca de revertir las barbaridades xenófobas de Donald Trump.
Pero los republicanos así lo proclaman, y ahora agregarán la retirada de Afganistán. En otras palabras, la imperiosa necesidad moral y política de Estados Unidos de recibir a cuanto refugiado afgano se encuentre en verdadero peligro o haya colaborado con Estados Unidos se suma a la imperiosa necesidad de Joe Biden de cumplir sus promesas de campaña en lo que se refiere a trabajadores indocumentados, dreamers, solicitantes de asilo procedentes del Triángulo del Norte, Cuba, Venezuela y Haití.
Más aún, la exigua mayoría de Biden en la Cámara de Representantes y el Senado puede ahora desvanecerse al considerar los proyectos inmigratorios. Sería una tragedia.
Biden ha cumplido con algunos de sus compromisos. Suprimió las restricciones para los solicitantes de asilo de ciertos países; propuso al Congreso una ambiciosa reforma inmigratoria que contempla la legalización de numerosos indocumentados; eliminó el “Migration Protection Protocol” (MPP) o así llamado programa de “Permanecer en México”, que obligaba a los centroamericanos solicitantes de asilo a esperar su audiencia en territorio mexicano, en condiciones abominables; se empeñó en volver a intentar la regularización de todos los “soñadores” o beneficiarios del DACA. Pero dejó intacto el recurso trumpiano del llamado Título 42 que permite al Gobierno estadounidense deportar, por motivos de salud pública, a todo el que ingrese al país sin papeles. Esto ha llevado a la deportación masiva de centroamericanos, muchos de los cuales son enviados por avión al sureste mexicano, donde las autoridades suelen encaminar a algunos a Guatemala sin mayores consideraciones. Pero Biden no se atrevió a cancelar la aplicación del Título 42, y ahora lo pone en práctica con mayor vigor que el propio Trump. Un fallo de la Corte Suprema obligó a Biden a reinstaurar la política de Trump.
En cuanto al MPP, un juez federal consideró ilegal que Biden lo haya cancelado; la administración apeló y después solicitó un fallo a la Corte Suprema. Pero no parece haber hecho lo indispensable, a saber, para convencer al Gobierno de México que ya no acepte el procedimiento.
Se recordará que, en mayo de 2019, Trump amenazó al presidente Andrés Manuel López Obrador con aplicar aranceles de hasta 25% a las exportaciones de México a Estados Unidos si no impedía la llegada de centroamericanos a la frontera bilateral. AMLO entonces aceptó el vergonzoso esquema de “Permanecer en México”. Pero nada lo obliga a aceptarlo ahora, sobre todo si el propio Gobierno de Estados Unidos se opone al odioso protocolo.
Biden no quiere otro problema, pero si acepta los chantajes de algunos republicanos en materia de refugiados afganos, o en materia de dreamers, trabajadores indocumentados, solicitantes de asilo centroamericanos (entre otros), la reforma inmigratoria y el mismo Título 42, emprenderá un camino peligroso para sus perspectivas electorales en 2022. Su decisión de ejecutar la retirada de Afganistán (porque fue Trump quien la decidió inicialmente) mantiene el apoyo mayoritario de la opinión pública, a pesar de las críticas –algunas justificadas–. No ha perdido su ala izquierda, por ahora. Debe evitar perderla a partir de ahora, y el tema inmigratorio es decisivo para esa ala y para no perderla.