(CNN Español) – El Ministerio Público de Nicaragua acusó oficialmente a los precandidatos presidenciales Felix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz y a los dirigentes opositores José Pallais Benard, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri, Tamara Dávila y Manuel Salvador Orozco del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional”, así lo informó la institución por medio de un comunicado publicado este jueves en su sitio web.
Según el comunicado del Ministerio Público, son presuntos autores de los delitos de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional de conformidad a los artículos 410 y 412 del código penal en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”. Hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado pruebas de los delitos por los cuales acusan a estos opositores.
Siete de los ocho acusados se encuentran detenidos y sus familiares y abogados han rechazado los cargos denunciados ante medios nacionales que no les permiten verlos. Mientras Manuel Salvador Orozco, quien reside en Washington, no respondió a nuestras llamadas.
El precandidato presidencial por la Alianza Ciudadana, el economista Arturo Cruz, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Managua a su regreso de Estados Unidos, el 5 de junio pasado, mientras los precandidatos de la Unidad Nacional, el Felix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Ciudadana, fueron detenidos el 8 de junio, los tres investigados, informó la Policía Nacional por supuestas acciones contra la soberanía Nacional.
Es una “flagrante violación al derecho”, dice abogado de Maradiaga y Chamorro
Jared Genser, abogado a nivel internacional de Maradiaga y Chamorro dijo este viernes en un comunicado desde Estados Unidos que su equipo legal en Managua no fue notificado de las supuestas audiencias en el país y de la presentación de estos cargos. Agregó que la forma en que fueron acusados constituye una “flagrante violación al derecho nicaragüense e internacional, violentando el derecho a una audiencia pública, a un poder judicial independiente, y a la presunción de inocencia”.
Los dirigentes opositores José Adán Aguerri, líder empresarial y la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco Violeta Granera fueron detenidos el 8 de junio, José Pallais Benard, el 9 de junio y Tamara Dávila fue apresada el 12 de junio, todos por bajo investigación por supuestas acciones contra la soberanía nacional.
Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de junio de 2021 concedió las medidas provisionales y requirió al Estado de Nicaragua para que “proceda a la liberación inmediata de los señores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla” y “adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de los señores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla y de sus núcleos familiares. La Corte IDH también solicitó la adopción de medidas en favor de Tamara Dávila y su núcleo familiar el 19 de julio pasado. El Estado de Nicaragua aún no se ha pronunciado sobre estas resoluciones del organismo.
Según informó el Ministerio Público, el poder judicial admitió la causa y dictó prisión preventiva para los acusados.