(CNN Español) – La Misión Internacional Independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas presentó un informe este jueves que advierte que el sistema judicial de este país no es independiente, tiene un rol “muy importante en la represión” y facilita la persecución y tortura de opositores.
La misión de la ONU afirma que tiene motivos razonables para creer que, en vez de proveer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes, el sistema de justicia venezolano ha jugado un papel significativo en la represión estatal.
El documento destaca la erosión de su independencia y la falta de avances suficientes y adecuados para juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidos por otros actores del Estado. Entre ellos, menciona a funcionarios de seguridad e inteligencia o funcionarios públicos identificados en el primer reporte de la misión emitido en septiembre de 2020. También señala que el sistema no actúa con base en procedimientos que aseguren el derecho a la defensa y al debido proceso.
Además, se revela un supuesto fraude del sistema judicial bajo presión política de actores externos y desde adentro, con las jerarquías judiciales y de fiscales que, a juicio de la misión, comprometen la independencia.
En el informe de la ONU se destaca que han logrado documentar 73 casos en los que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se allanaron domicilios y oficinas de detenidos sin órdenes legales. Adicionalmente, revelan que tuvieron acceso a información según la cual fueron incautadas pruebas de computadoras o teléfonos tras haber obtenido las contraseñas bajo coacción o tortura.
La misión dice que continúa evaluando casos de “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género, que están ocurriendo en otros contextos en el país, e informará sobre estos durante el curso de su mandato prorrogado”.
CNN contactó al Ministerio de Comunicación, a la Cancillería y a la Fiscalía General para que respondieran a estos señalamientos, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta.
En declaraciones emitidas por la estatal Venezolana de Televisión, el fiscal general Tarek William Saab rechazó el informe de manera contundente. Agregó que el sistema de justicia del país se rige con base en “lo que establece la Constitución y la ley” y que desde agosto de 2017 más de 150 agentes del Estado fueron condenados por violar los derechos humanos. “Una demostración clara, fehaciente del compromiso de nuestra institución, del Ministerio Público en nombre del sistema de justicia para proteger los derechos humanos”, afirmó.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la misión mediante una resolución el 27 de septiembre de 2019, por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. Su mandato fue prorrogado el 6 de octubre de 2020 por dos años más, hasta septiembre de 2022.