(CNN) – La Junta de Educación de Florida votó el jueves a favor de sancionar a ocho distritos escolares que han instituido mandatos del uso de mascarillas sin dar a los padres la posibilidad de excluir a sus estudiantes.
Al hacerlo, la junta estatal dijo que los distritos escolares en los condados de Alachua, Brevard, Broward, Duval, Leon, Miami-Dade, Orange y Palm Beach no cumplían y violaban directamente una regla de emergencia del Departamento de Salud de Florida.
Como sanción, el comisionado de la Junta de Educación de Florida, Richard Corcoran, ha solicitado que los fondos de cada distrito se retengan “en una cantidad equivalente a 1/12 de los salarios de todos los miembros de la junta escolar”, además de retener cualquier monto equivalente a los fondos de subvenciones federales otorgados a esos distritos por la administración del presidente Joe Biden.
La votación del jueves es el último acontecimiento en un enfrentamiento entre el estado y un puñado de distritos escolares locales que decidieron implementar el requisito del uso de mascarillas en sus escuelas, desafiando una orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis que buscaba darles a los padres la opción de decidir si sus hijos debían usar mascarillas en clase. El estado había amenazado con retener los fondos de los distritos que violaban la orden y exigían el uso de mascarillas para todos.
En comentarios a la junta estatal, los superintendentes de esos distritos argumentaron el jueves que estaban en cumplimiento, y muchos citaron el creciente recuento de casos de covid-19 y su propagación en la escuela como razones para tener los mandatos de uso de mascarilla.
La superintendente de las escuelas del condado de Duval, Diana Greene, señaló que después de la segunda semana de apertura de la escuela, el distrito registró 10 muertes de empleados.
Además, el Departamento de Salud tenía una “clara incapacidad” para realizar el rastreo de contactos, las investigaciones de casos y las notificaciones oportunas a las familias afectadas, dijo, lo que tuvo “un impacto directo en la propagación del virus en toda nuestra escuela, que en última instancia puso en peligro la salud y seguridad de estudiantes y empleados”.
El superintendente de las escuelas del condado de Brevard, Mark Mullins, argumentó que los mandatos sobre el uso de mascarillas eran necesarios después de que las escuelas abrieron sin ellos, lo que llevó a “resultados catastróficos para nuestras escuelas y nuestra comunidad”.
“Tuvimos más de 3.200 casos positivos, tuvimos que cerrar una escuela y estábamos a punto de cerrar otras”, dijo Mullins, y agregó que los miembros del personal también fueron hospitalizados.
En un comunicado emitido el jueves, la superintendente del condado de Alachua, Carlee Simon, dijo que el distrito “mantendría sus protocolos de enmascaramiento actuales” a pesar de la sanción, diciendo: “Creemos que esos protocolos cumplen con la ley estatal y nuestra obligación constitucional es la de proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje seguro”.
En su propia declaración, la Junta de Educación del estado dijo, en parte, que los miembros de la junta escolar de los ocho distritos sancionados habían “violado voluntaria y conscientemente los derechos de estudiantes y padres al negarles la opción de tomar decisiones educativas y de atención médica personales y privadas para sus hijos”.
“Los miembros electos de la junta escolar deben dar un buen ejemplo a nuestros líderes del mañana”, dijo el presidente de la Junta de Educación del Estado, Tom Grady. “En cambio, les están diciendo a nuestras generaciones más jóvenes que es perfectamente aceptable elegir qué leyes seguir porque no están de acuerdo con la política subyacente. Eso es simplemente inaceptable y antitético a nuestra Constitución”.
El comisionado de la Junta de Educación critica las subvenciones federales
El Departamento de Educación de EE.UU. había pagado subvenciones a los distritos escolares de Alachua y el condado de Broward para compensar las sanciones del estado, pero el jueves Corcoran calificó esto como “una de las violaciones más atroces” de la Constitución de EE.UU.
“Creo firmemente que este programa de subvenciones federales intenta indebidamente interferir con la autoridad de la junta estatal para administrar el sistema educativo de nuestro estado. La educación es una responsabilidad estatal, no federal y se otorga a esta junta según la constitución de nuestro estado”, dijo Corcoran.
En respuesta, Ian Rosenblum, subsecretario adjunto de Políticas y Programas del Departamento de Educación, envió una carta a Corcoran el jueves en la que decía que los esfuerzos para retener más fondos de las escuelas presentaban “preocupaciones legales”.
“Deberíamos agradecer a los distritos por usar estrategias comprobadas que mantendrán las escuelas abiertas y seguras, no castigándolas. Apoyamos a los educadores dedicados en Alachua y en todo el país que hacen lo correcto para proteger a sus comunidades escolares”, dijo el secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, el mes pasado.
“Con estas subvenciones, nos aseguramos de que las escuelas y comunidades de todo el país que están comprometidas a regresar de manera segura al aprendizaje en persona sepan que las respaldamos”, dijo.
6 distritos presentaron una petición desafiando la regla
Seis de los distritos presentaron una petición contra el Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) el miércoles, desafiando la regla que bloqueaba la implementación de los mandatos de uso de mascarillas y otra que permitía a los padres decidir si sus hijos deberían ser puestos en cuarentena después de haber estado expuestos al covid-19.
La petición fue presentada ante la División de Asuntos Administrativos de Florida en nombre de las juntas escolares de los condados de Miami-Dade, Broward, Orange, Duval, Alachua y Leon.
La petición desafió específicamente la regla que permite a los padres optar por excluir a sus hijos de los mandatos de uso de mascarilla, calificándola de “arbitraria y caprichosa”.
La regla, afirmaron los peticionarios, “en realidad no se centra en controlar el covid-19 sino en proteger los derechos de los padres”.
“El DOH no tiene autoridad para reglamentar en esta área”, decía la petición, “y por lo tanto excedió su autoridad para reglamentar”.
Ashley Ahn de CNN contribuyó a este reporte.