Nota del editor: Erika Guevara Rosas es abogada de derechos humanos y directora para las Américas de Amnistía Internacional, donde dirige todas las operaciones y el trabajo por los derechos humanos de la organización en el continente. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.
(CNN Español) – En octubre de 2019 el mundo puso los ojos sobre Chile, donde miles de personas tomaron las calles demandando rendición de cuentas de su Gobierno. Lo que empezó como una manifestación contra el aumento en las tarifas del transporte público, desencadenó uno de los movimientos de protestas más significativos de la historia de Chile y de toda la región. Miles de manifestantes demandaron cambios paradigmáticos donde los derechos humanos estuvieran en el centro. La respuesta estatal fue atroz; el Gobierno del actual presidente Sebastián Piñera desplegó a las fuerzas de seguridad, que violentamente trataron de silenciar las voces de reivindicación del pueblo chileno. El gobierno reconoció que las protestas fueron en su mayoría pacíficas, aunque se reportaron incidentes de violencia de terceros. El propio presidente Piñera reconoció que hubo abusos y dijo que “no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos”, aunque hasta ahora la justicia sigue pendiente.
A pesar del contexto de violencia estatal, en el mundo vimos con asombro y admiración como esas protestas, encabezadas por jóvenes y otros sectores sociales que representan grupos de población históricamente marginados –como los pueblos indígenas, las mujeres y colectivas feministas, las personas adultas mayores y las que viven en situación de pobreza, entre otros– nos demostraron que la movilización masiva y la reivindicación de derechos funcionan como herramientas de cambio, logrando el inicio de un proceso constituyente que cambiará el rumbo del país.
El legado de desigualdad despertó las protestas. Por eso el lema “Chile despertó”, que acaparó la atención en aquellos meses del estallido social, fue la confirmación del compromiso asumido por quienes, junto con personas defensoras de derechos humanos, siguen reclamando, desde las calles y otros espacios, la justicia, la dignidad y la igualdad para todas las personas en Chile.
Hoy, ante la segunda vuelta de la elección presidencial, que tendrá lugar el 19 de diciembre, el camino de cambio está en juego. No se puede ceder el campo ganado con tanto esfuerzo y tanto sacrificio para miles de personas en el país. Chile debe continuar con su proceso de cambio, el que debe servir de ejemplo para nuestra dolida región que, hoy más que nunca, requiere de la inspiración de lo que es posible, tanto en papel como en la vida de las personas. Quienes en Chile participan en estas elecciones, quienes tienen el poder de elegir a la próxima persona que ocupará la presidencia, el camino recorrido debe ser su motor de aspiración.
El próximo presidente de Chile tiene el deber ineludible de poner en el centro de su plataforma política y acciones todas las reivindicaciones sociales y atender de manera urgente las deudas pendientes en materia de derechos humanos, incluida la justicia y la profunda reforma a Carabineros.
La defensa de los derechos humanos no debería ser opcional, pero lamentablemente en nuestra región tenemos varios líderes que nos han demostrado que no podemos darlo por sentado. Muy recientemente, lo vimos en las elecciones en Nicaragua, donde a pesar de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Daniel Ortega, salió vencedor en un proceso cuyo objetivo era permitirle seguirse perpetuando en el poder.
En este sentido, quien sea elegido presidente en Chile tendrá una oportunidad histórica de proteger y ampliar derechos a través del ya mencionado proceso constituyente. La nueva Constitución debe reflejar las realidades de este y el próximo siglo, por lo que se requiere un Gobierno a la altura del momento histórico.
Lo que las personas han demandado en las calles de Chile son derechos básicos como, por ejemplo, pensiones dignas, educación de calidad, salud sexual y reproductiva, el fin de la violencia de género, un medio ambiente saludable, y policías que protejan a las personas y no los intereses políticos o económicos de unos cuantos. La ciudadanía chilena tiene la oportunidad de respaldar estas ambiciones a través de su voto. De la misma manera que una gran mayoría votó “Apruebo” para dar inicio al proceso constituyente, el 19 de diciembre Chile puede reiterar su lucha por un futuro con dignidad, justicia e igualdad que contagie a toda Latinoamérica.