(CNN Español) – La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) concluyó que las elecciones presidenciales y legislativas realizadas el 7 de noviembre en Nicaragua se desarrollaron en un ambiente poco propicio para unos comicios “auténticos y libres”. La conclusión sobre las elecciones en Nicaragua se dio en la actualización del informe de la ONU sobre el país, publicado este martes en sus redes sociales.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ganó su cuarto período y tercera reelección consecutiva con un 76% de los votos, según el Consejo Supremo Electoral, en unos comicios que según el gobierno contó con la participación del 65% de los votantes, aunque la organización Urnas Abiertas calculó una abstención de un 81,5%.
De acuerdo al documento del organismo de Naciones Unidas, “el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral derivó en la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses de participar en las elecciones, especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder”.
El informe de la ONU sobre Nicaragua
La ONU documentó la detención arbitraria de al menos 39 líderes políticos entre mayo y octubre en Nicaragua. Entre ellos había defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, incluyendo a siete precandidatos presidenciales.
“Todos fueron detenidos en base a disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”. Además, “los procesos judiciales a los que fueron sometidos no respetaron adecuadamente el debido proceso”, señala el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Según el documento, muchos opositores han sido detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días y algunos en régimen de aislamiento prolongado, con visitas restringidas. “Estas condiciones suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica, y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso llegar a la tortura”, expresa la Oacnudh.
El organismo de la ONU también documentó la detención de otros ocho hombres y dos mujeres activistas políticas y periodistas durante la semana posterior a las elecciones en Nicaragua, de los cuales solo dos hombres y una mujer habrían sido liberados.
La Oacnudh había expresado que la reforma electoral adoptada el 4 de mayo en Nicaragua no garantizaba la independencia e imparcialidad de las autoridades electorales. Según el organismo, la selección de magistrados electorales se realizó sin consultas a la sociedad civil y los miembros del tribunal carecen de la adecuada diversidad política. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló 3 partidos políticos y clausuró 45 organizaciones civiles por supuestos incumplimientos a sus normas.
En las semanas previas al día de las elecciones, a muchos periodistas se les negó la acreditación y la entrada al país, lo que obstaculizó la cobertura independiente del proceso. Esto se sumó a las violaciones a la libertad de prensa y al derecho a la información previamente documentadas por la Oacnudh, incluyendo el allanamiento del principal periódico impreso de Nicaragua y las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y las amenazas a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación involucrados en reportajes críticos al gobierno, lo que llevó a decenas de ellos a huir del país.
Nicaragua rechaza el informe
Durante la réplica como parte interesada, Nicaragua rechazó el informe. La procuradora general Wendy Carolina Morales Urbina señaló que el documento no es más que “la repetición de noticias alejadas de la verdadera realidad” y que representa “una agresión unilateral en contra del pueblo nicaragüense y su gobierno legítimamente constituido”.
Morales Urbina agregó que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “no actúa con justicia y equidad”.
El presidente Daniel Ortega ha negado que haya encarcelado a precandidatos y ha expresado que los opositores detenidos eran parte de una red financiada por Estados Unidos para impulsar actividades de desestabilización contra su gobierno.
La Oacnudh instó al gobierno de Nicaragua a que restablezca urgentemente los derechos y las libertades públicas y el estado de derecho imparcial, y a que adapte plenamente su legislación nacional a las normas internacionales de derechos humanos. También reiteró el llamado a liberar a los detenidos de forma inmediata.
El organismo también llamó al gobierno de Nicaragua para que cree las condiciones necesarias y propicias para un diálogo nacional, “basado en una hoja de ruta con compromisos claros, y que otorgue a la Oacnudh y a otros mecanismos de derechos humanos el acceso necesario al país para cumplir debidamente con sus mandatos”.
A través de una resolución adoptada el 12 de noviembre, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró que “las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y carecieron de legitimidad democrática”.
El gobierno de Nicaragua denunció la carta de la OEA el 19 de noviembre e inmediatamente inició un proceso para retirarse del foro regional, que toma dos años.
El Consejo Permanente de la OEA, que depende directamente de la Asamblea General, adoptó otra resolución el 8 de diciembre en la que instó al gobierno de Nicaragua a liberar a todos los presos políticos y aceptar una misión de alto nivel de buenos oficios con el objetivo, entre otros temas, de realizar elecciones anticipadas con observación internacional.