(CNN Español) – Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador invalidaron este miércoles la decisión tomada por la Sala de lo Penal de la CSJ que en septiembre de 2020 cerró el proceso penal por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil salvadoreña.
Según un comunicado de la Sala de lo Constitucional, existió “vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, a la protección jurisdiccional y a conocer la verdad”.
La Sala de lo Constitucional da un plazo de 10 días hábiles a la Sala de lo Penal para que se pronuncie, según el comunicado, con los “parámetros de constitucionalidad” emitidos en la sentencia de este miércoles.
Los magistrados de esta sala, nombrados el uno de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa —de mayoría oficialista—, dieron la razón a los argumentos presentados el 16 de noviembre del año pasado por Rodolfo Delgado, fiscal general de El Salvador, también juramentado el uno de mayo de 2021 en la misma sesión plenaria por los diputados.
Delgado aseguró este miércoles que por este crimen, voces nacionales e internacionales reclamaron justicia. “El caso será reabierto. Vamos a perseguir a los responsables, para lograr justicia ante estos viles asesinatos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele aplaudió la decisión y la consideró como un mensaje de que no se va a tolerar la impunidad. “No es justo que una persona que se roba una gallina pase una década en la cárcel y las personas que estaban en altos puestos en el gobierno, altísimos puestos en el gobierno ordenen masacres y el crimen pase en la impunidad total con la complicidad del sistema de justicia”, sostuvo el mandatario.
La Sala de lo Penal argumentó, en septiembre de 2020, que el 12 de diciembre de 2000, el Tribunal Tercero de Paz ordenó en audiencia inicial el sobreseimiento definitivo por considerar que la acción penal había prescrito ya que habían pasado más de 10 años desde el crimen al momento que la Fiscalía General de El Salvador presentó la acusación, límite máximo que establece la legislación en el país centroamericano para perseguir un delito.
En ese fallo, los magistrados calificaron de “repudiable” la masacre pero señalaron que “por muy repudiables que resulten los hechos delictivos, ello no habilita a los entes persecutores del delito a violentar principios y garantías constitucionales”.
Lisandro Quintanilla, abogado de dos de los militares retirados implicados en este caso, consideró “injusta” la decisión de los magistrados y denunció que la Sala de lo Constitucional no les dio el tiempo suficiente para exponer sus argumentos. “La Sala nos manda un expediente de más de 1.000 páginas y un corto tiempo para responder. Nos demuestra que nunca tuvieron la intención de respetar el derecho de audiencia”, aseguró a CNN.
“Solo es cuestión de tiempo para que el fiscal general presente una nueva acusación”, reconoció el abogado quien asegura que comenzará a preparar con su equipo la “estrategia de defensa” para demostrar que sus defendidos no tuvieron nada que ver en los hechos.
CNN está intentando contactar a los otros implicados en busca de sus reacciones, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
Dos condenados
Por el asesinato de los jesuitas hay dos personas en prisión. Uno es el coronel retirado Guillermo Alfredo Benavides Moreno, condenado a 30 años de cárcel en 1992, pero que fue liberado al aprobarse la Ley de Amnistía en 1993.
En febrero de 2016 fue detenido en El Salvador a pedido del juez español Eloy Velasco. Sus abogados aplaudieron que la extradición a España no se concretó cuando, en julio de ese año, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Con esa decisión de los magistrados, un tribunal ratificó la condena y fue recluido en una prisión en El Salvador. Benavides no ha aceptado los cargos, incluso a través de sus abogados apeló la sentencia, sin éxito.
El 17 de noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador denegó la petición de indulto solicitada por los abogados defensores de Benavides Moreno, único condenado en El Salvador por el asesinato.
El otro condenado es Inocente Orlando Montano, quien desde septiembre de 2020 cumple una sentencia en España de 133 años y cuatro meses de prisión por el “asesinato terrorista” de cinco sacerdotes jesuitas españoles.
Los sacerdotes jesuitas fueron asesinados durante la ofensiva guerrillera “Hasta el Tope” por un grupo élite del Ejército, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, según el informe de la Comisión de la Verdad, elaborado en 1993, con el apoyo de Naciones Unidas.
La Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil de El Salvador, que contó con el apoyo de las Naciones Unidas, concluyó en 1993 que un grupo élite del Ejército asesinó a los sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la Universidad Centroamericana.
Las víctimas fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, además de tres salvadoreños, el sacerdote Joaquín López y sus colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos.