(CNN Español) – La tragedia en Tlahuelilpan, municipio en el estado de Hidalgo, en México, cumple tres años este martes. Aquel 18 de enero de 2019, cientos de personas recolectaban gasolina de una toma clandestina en un ducto de hidrocarburos.
No hizo falta más que una chispa para que el ducto en Tlahuelilpan hiciera explosión, lo cual dejó 137 personas muertas, 69 de ellas en el sitio del estallido.
Esta toma clandestina, así como miles en el país, fue consecuencia del delito de robo de combustible —también conocido como “huachicoleo” o “huachicol“—, que ha sido uno de los principales focos de atención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desde su inicio en diciembre de 2018, el gobierno de López Obrador anunció su estrategia para combatir el robo de combustible con el fin de detener un delito que, según dijo el presidente de México en 2019, le costaba al país cerca de US$ 3.000 millones al año en pérdidas para Pemex.
Tras la explosión en Tlahuelilpan, López Obrador indicó que, si hay gente que roba combustible, “es porque se le abandonó por completo y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesitadas básicas, porque hay millones de pobres en el país”.
Asimismo, en repetidas ocasiones al inicio de su gobierno, el presidente recalcó que este delito se daba “por relaciones de complicidad que existían y por la tolerancia al robo, porque se permitía el robo, porque en el mejor de los casos había omisión, pero gastaron mucho en equipo, no solo en la administración pasada (de Enrique Peña Nieto), en las otras administraciones tenemos pendientes”.
Con la estrategia del Gobierno de México en marcha, ¿cómo va el “huachicoleo” en el país? Aquí algunas cifras para pintar el panorama actual.
Cifras sobre robo de combustible en México
Lo que dice el gobierno
En enero de 2020, después de un año en el poder, el gobierno de López Obrador señaló que, tras el primer año de la estrategia y con base en información de Petróleos Mexicanos (Pemex), se logró reducir en 91% el robo de combustible, “lo que representa un ahorro de 56.000 millones de pesos en poliductos y 1.900 millones de pesos en gas licuado”. En tanto, sobre el gas LP, indicó que “disminuyó en un 55%, al pasar de 12.000 a 5.300 barriles diarios”.
Luego, en febrero de 2021 y ya cumplido su segundo año en el gobierno, el presidente de México comentó que, en el tiempo que llevaba su administración, se había logrado reducir 95% el robo de combustible.
“Se robaban hasta 80.000 barriles diarios de gasolinas cuando iniciamos el gobierno en noviembre, ese fue el robo que hubo, noviembre del 18 (aunque en realidad su gobierno comenzó el 1 de diciembre de 2018). A partir de que se decidió combatir el huachicol, se redujo a un promedio de 4.000 barriles diarios; de 80.000 a 4.000 y por ahí está, no hemos podido terminarlo”, dijo López Obrador.
En su tercer informe de gobierno, que se llevó a cabo en septiembre de 2021, el mandatario mexicano repitió la cifra de 95% sobre la disminución en el robo de combustible.
¿Es todo robo de combustible?
Aunque la administración de López Obrador reporte un porcentaje de disminución en robo de combustible y el número de barriles diarios que se pierden, nadie tiene claro, ni siquiera el propio gobierno o Pemex, cuál es el volumen exacto que se llevan por robo de combustible, de acuerdo con Gonzalo Monroy, experto del sector energético especializado en México y Norteamérica.
¿Por qué ocurre esto? “Por una forma de la metodología que utiliza Pemex para poder establecer cuánto se está perdiendo de combustible. Y es muy sencillo. Ellos lo ven desde el punto A: si yo estoy metiendo 100 barriles, tendré que obtener 100 barriles en el punto B. Pero en el camino de A a B pueden pasar muchas cosas. En el inter puede haber robos de combustible, puede haber fugas, puede haber derrames. Nadie, ni siquiera el propio Pemex, sabe establecer cuál es la diferencia, sobre todo en las últimas dos”, explicó Monroy a CNN.
Para el robo de combustible, señaló Monroy, el gobierno identifica una baja súbita de la presión en los ductos, “lo cual obviamente significa que en un punto o en un segmento de los ductos se está haciendo esa toma ilegal, este ordeñamiento, simplemente agarrar y pegarle al ducto”, recalcó.
Sin embargo, una fuga y un derrame también provocan una baja súbita en la presión y es ahí donde Pemex o el gobierno no saben diferenciar de qué se trató específicamente, según el experto.
“¿Qué tanto de eso son derrames, qué tanto de eso es robo de combustible, qué tanto de eso son fugas? Ni siquiera Pemex lo sabe. Y hay una diferencia sustancial, porque, por ejemplo, si es un robo, eventualmente habrá alguna comercialización aunque sea a pie de carretera, pero si es un derrame se va a quedar el combustible tirado en la tierra o (…) si hay alguna filtración a la tierra (en ductos subterráneos), no existe ningún tipo de aprovechamiento”, detalló Monroy.
Volumen y ductos
Ramses Pech, analista y asesor de energía y economía, comentó que, según las cifras del gobierno de México, es posible que el robo de combustible haya disminuido en cuanto a volumen.
“La estrategia (contra el robo de combustible), en cuanto al volumen y con base en los datos que nos están dando, sí está funcionando porque no están sacando la misma cantidad de combustibles. Pero, en cuanto a la parte mecánica de los ductos, no está funcionando” porque se ha visto un incremento de ductos picados en algunas entidades, señaló Pech.
Si bien es posible que las pérdidas por los ductos manipulados no impacte de gran manera a Pemex en el corto plazo, el analista señaló que a futuro podría impactar a la petrolera porque el cambio de tramos de ductos es algo costoso.
“Cuanto más estés picando un ducto, más lo estés perforando, la resistencia mecánica de este se va degradando y eso, como consecuencia, traerá en el futuro que pueda haber una ruptura mayor (…). Esto puede ocasionar un problema para Pemex, porque no va a poder bombear ni mandar tanto los combustibles como el gas licuado de petróleo porque van a tener que cambiar gran cantidad de kilómetros de ducto o de metros de ducto para poder mantener la resistencia del mismo”, acotó Pech.
Cifras de tomas clandestinas
Al afirmar que se han incrementado en algunos estados los ductos picados —o tomas clandestinas— en el gobierno de López Obrador, Pech hizo referencia a datos que recabó Igavim Observatorio Ciudadano.
Igavim, una organización de la sociedad civil de México, publica cada año informes sobre las tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos (gasolina, diesel, petróleo, otros derivados) y de gas LP en el país.
La organización realiza sus informes con base en datos que obtuvo de respuestas de Pemex a solicitudes de transparencia. Los números de dichas solicitudes de información se incluyen en cada uno de los informes.
¿Qué dicen los reportes de Igavim? Algunos números relevantes son los siguientes:
- A nivel nacional, una disminución de casi 13% en las tomas clandestinas de ductos de hidrocarburos en el primer año de López Obrador; pero un incremento de casi 500% en tomas clandestinas de ductos de gas LP en el mismo periodo.
- El acumulado en sus dos primeros años de gobierno fue una baja de 39% en las tomas clandestinas de ductos de hidrocarburos en todo el país, al pasar de 14.956 a finales de 2018 a 9.132 a finales de 2020.
- Sin embargo, en ese mismo lapso de dos años de gobierno, las tomas clandestinas en ductos de gas LP han aumentado en 833%, al pasar de 222 a finales de 2018 a 2.071 a finales de 2020. En este punto, cabe señalar lo que ha dicho López Obrador sobre la omisión de los datos en gobiernos pasados, razón por la que se podían observar cifras bajas en algunos apartados.
- Los datos completos de 2021 aún no los publica Igavim. Lo más reciente es de enero a septiembre. En ese lapso hubo un incremento de 23% en tomas clandestinas de ductos de hidrocarburos a nivel nacional, esto en comparación con enero-septiembre de 2020. En ese mismo periodo, las tomas clandestinas de ductos de gas LP aumentaron poco más de 14%.
- Asimismo, se puede ver que el estado de Hidalgo, donde se ubica Tlahuelipan, ha seguido su tendencia al alza en tomas clandestinas de hidrocarburos. En 2018 (último de Peña Nieto), se terminó con un total de 2.121 tomas clandestinas; al finalizar 2020 (segundo año de López Obrador), se identificaron 4.988 tomas. Por tanto, el aumento ha sido de 135% para ese estado en particular.