(CNN Español) – El Ministerio Público de Nicaragua informó el lunes que a partir del primero de febrero se realizarán los juicios orales y públicos de más de 40 opositores que desde hace varios meses se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial. El anuncio incluye a quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.
Mynor Curtis, abogado de cinco de los acusados, entre ellos el cronista deportivo Miguel Mendoza, dijo a CNN que sabía de citaciones a 12 de los detenidos hasta el lunes. Asegura que el hecho de citarlos en la dirección de auxilio judicial violenta el artículo 121 del Código Procesal Penal de Nicaragua, que establece que los juicios deben celebrarse en la sede del judicial a cargo del caso.
Otros abogados consultados por CNN y que prefieren omitir su identidad por temor a represalias afirman que hubo retraso procesal porque los casos debieron resolverse el año pasado. Los trabajadores judiciales han alegado sobrecarga de trabajo.
“Estas personas acusadas estarán siendo juzgadas por haber violentado la Constitución Política, la Ley No. 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua. Estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, detalla un comunicado de la Fiscalía.
Según el abogado Mynor Curtis, por delitos contra la soberanía se puede pagar una condena de 10 a 15 años de cárcel, y por lavado dinero a partir de siete años de prisión.
La Policía Nacional detuvo a más de 40 dirigentes opositores entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre. Entre ellos figuran siete exaspirantes a la presidencia, a quienes la Fiscalía acusó de cometer actos en menoscabo de la soberanía nacional, cargos que ellos, sus abogados y familiares rechazan.
“Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creando daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, agregó.
El anuncio ocurre casi una semana después del llamado de decenas de familiares de opositores detenidos a las autoridades, a la Iglesia católica y las fuerzas vivas del país a iniciar un proceso de unificación ciudadana para lograr la libertad de sus parientes. El llamado fue respaldado por el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
La vicepresidenta y portavoz del gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció el viernes que esta semana iniciaría el “plan de unidad para la prosperidad, patria, trabajo y paz”, conversaciones y diálogos sobre economía.