(CNN Español) – La justicia de Uruguay imputó este viernes a tres hombres por el delito de “abuso sexual especialmente agravado” y a uno de ellos, además, por “difusión de material de contenido íntimo sexual sin consentimiento de la víctima”.
A pedido de la Fiscalía, la jueza Marcela Vargas ordenó la prisión preventiva de todos ellos por 180 días, mientras prosigue la investigación judicial. Una cuarta persona denunciada –un menor de 17 años– está siendo investigada por la Fiscalía de Adolescentes.
El caso sacudió a Uruguay durante las últimas semanas y generó un fuerte debate público que incluso llevó al presidente Luis Lacalle Pou a calificarlo como “asqueante” y “aberrante”.
Al responder a una consulta de los medios tras conocerse el hecho, el mandatario agregó: “obviamente, sin meterme en la tarea ni del fiscal ni de los jueces, pero debería ser contundente la pena, la sanción ejemplarizante para estos actos que no son propios del ser humano, ni son propios -en este caso- del género masculino”.
Los hechos denunciados
Entre la noche del sábado 22 de enero y la madrugada del domingo, una pareja se conoce en una discoteca o “boliche”, como se les llama en Uruguay, cerca del centro de Montevideo. Charlan, bailan y el hombre invita a la mujer a su apartamento, muy cerca de donde estaban. Ella acepta y van para allá. Una amiga suya, con la que había ido al boliche, la espera afuera. Todo lo anterior es parte de la reconstrucción de la Fiscalía y, hasta este punto, hay consenso en todas las versiones. Lo que sigue es donde se centra la investigación de la justicia.
La denuncia de la víctima agrega que una vez en el apartamento, llegaron tres personas más y lo que era una relación consentida se convirtió en una violación grupal. Cuando la víctima logró salir de la casa, en estado de angustia, le contó lo ocurrido a su amiga, quien la esperaba allí, y, según narró a la justicia, fue entonces que hicieron la denuncia telefónica.
El abogado defensor de los acusados, Martín Frustaci, tiene otra versión. Dijo que se trató de una relación grupal, pero consentida. Y para intentar probarlo difundió públicamente, a través de un programa radial, extractos de grabaciones de esa noche que, según él, probarían la inocencia de sus defendidos.
La Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno, a cargo del caso, discrepó con esta interpretación. Según la fiscal Sylvia Lovesio, está claro que hubo una violación grupal. En diálogo con CNN, Lovesio explicó: “Hay un cúmulo importante de evidencia que supera el estándar de la semiplena prueba que se requiere para la formalización, y que logra desvirtuar que hubiera habido consentimiento alguno de la víctima”.
Sin embargo, esas grabaciones de audio, difundidas públicamente, sí fueron la prueba necesaria para imputar, además, a uno de los jóvenes el delito de “difusión de material de contenido íntimo sexual sin consentimiento de la víctima”.
A partir de ahora, con los acusados en prisión –porque “existe el riesgo de entorpecimiento de la investigación”–, el proceso continuará reuniendo “restos de evidencia, pericias, informes, declaración de la víctima” para ir a un juicio oral del caso.
La fiscal, además, pidió la “reserva de la investigación” y la jueza lo aceptó, por lo que el contenido del expediente es secreto. “La víctima ya fue bastante discriminada y expuesta, no por la Fiscalía”, indicó la fiscal Lovesio.
Pruebas forenses
Una de las pocas evidencias en poder de la Justicia uruguaya, y que es del conocimiento público, es el informe el Instituto Técnico Forense (ITF), difundido por el diario El Observador.
Este informe confirmó, por un lado, a través de las muestras de ADN, que los imputados estuvieron en el lugar, en contacto con la víctima. Además, consignó la presencia de “heridas extragenitales (hematoma labial inferior, equimosis por aferramiento de cara interna tercio inferior de la pierna izquierda, otra en cara anterior de muslo derecho tercio superior), aunque no así genitales”. El informe agrega que se detectó un sangrado pese a que “la víctima declaró que no se encontraba en periodo menstrual”.
Un perito del ITF explicó al diario El Observador que “si bien las lesiones intravaginales son clave para probar el abuso sexual, este caso puede representar una ‘excepción’, ya que la víctima declaró que estaba teniendo relaciones sexuales consentidas con uno de los hombres y, por ende, la lubricación vaginal podría haber prevenido las heridas”. Según el experto, lo único que se puede concluir de la escueta pericia es que la víctima “fue sujetada”.
El debate
Este caso generó un fuerte debate público respecto de las herramientas legales para combatir el delito de violación y el abuso sexual contra las mujeres, y también sobre el manejo del tema en los medios de comunicación.
La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil, pidió “un cambio cultural” en el país.
Datos de la Fiscalía General uruguaya en respuesta a un pedido de informes de la Intersocial Feminista, difundidos por el semanario Búsqueda, muestran el problema que enfrentan muchas mujeres.
Según este documento, solo una de cada ocho denuncias por delitos sexuales terminó con al menos una persona condenada en 2020. Ese año, hubo 3.387 denuncias por delitos sexuales (9 por día, que van desde violaciones a exhibiciones pornográficas). El 80% de las denuncias fueron presentadas por mujeres.
Para la fiscal Lovesio, esto puede deberse a que hay solamente tres fiscalías de delitos sexuales, que no dan abasto ante la enorme cantidad de denuncias y la necesidad de pruebas que son difíciles de conseguir.
Soledad González, de la agrupación feminista Cotidiano Mujer, dijo a Búsqueda que el bajo porcentaje de denuncias que han desembocado en condenas (13%) está relacionado a la falta de personal, peritos y juzgados especializados en el tema. “No puede ser que en cada fiscalía que toca estos temas haya 800 casos. Es humanamente imposible” investigarlos, planteó.