(CNN Español) – La jueza guatemalteca Erika Aifán renunció este lunes a su cargo y afirmó que huyó del país tras recibir amenazas de muerte.
La ahora exmagistrada envió su carta de dimisión a la Corte Suprema de Justicia, en la que aseguró que ha sido objeto de agresiones y persecución penal para detener su trabajo como titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D”.
“He sido víctima de múltiples amenazas, vigilancias y seguimientos con vehículos sin placas de identificación, espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de mi despacho”, escribió.
Esta no es la primera vez que la ahora exjueza hace estos señalamientos ante la prensa y la Fiscalía de Guatemala. Desde el año 2018, Aifán denuncia que es perseguida por realizar su trabajo en casos de alto impacto. Indica que hasta la fecha hay al menos 70 denuncias en su contra, la mayoría de sindicados en los procesos que ella llevaba a su cargo.
La trayectoria de la jueza Érika Aifán
Éirka Aifán trabajó como jueza para el Organismo Judicial durante 19 años. En julio de 2016 fue trasladada a Mayor Riesgo, una jurisdicción especializada en casos de alto impacto. Durante su tiempo en esa posición hizo sentarse en el banquillo a narcotraficantes, magnates y políticos influyentes.
Tuvo a su cargo casos como los sobornos de Odebrecht, Comisiones Paralelas, Sobornos rusos, Lavado y Política y Huistas, entre otros. Uno de los casos más emblemáticos que revisó involucra a cinco de los empresarios más importantes de Guatemala, sospechosos de haber financiado ilegalmente la campaña electoral del partido político que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales. Aifán se negó a otorgar beneficios penales en este caso, que sigue abierto y cuyos señalados se declaran inocentes de los cargos. La exjueza asegura que este fue uno de los procesos por los que comenzó la persecución en su contra.
Aifán habla desde el exilio en EE.UU.
Aifán le dijo a CNN que se encuentra en Estados Unidos, que su vida está en riesgo y que por eso decidió exiliarse, tal y como ha sucedido con otros operadores de justicia que en los últimos meses han huido del país centroamericano.
“No hay condiciones que garanticen mi vida y mi integridad física por las vulneraciones al debido proceso. Me preocupa mi vida. Mi salida me hace sentir triste porque efectivamente veo que estructuras han ido socavando el Estado de derecho y se están instrumentalizando algunas instituciones del sector justicia para perseguir a quienes hemos luchado y trabajado contra la corrupción y la impunidad”, agregó.
Aifán mencionó a la fiscal general, Consuelo Porras, como parte de las agrupaciones que, según ella, buscan perseguirla por el trabajo que la exmagistrada realizaba.
“Ella nos persigue con denuncias infundadas y ha dejado de investigar esas violaciones a los derechos humanos”, dijo Aifán a CNN.
En septiembre del año pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Porras en su lista de “actores corruptos y no democráticos”. La fiscal general rechazó estos señalamientos y en una entrevista a un medio local cuestionó el origen de dicha sanción: “Quiero ser muy clara, que no es el Gobierno de los Estados Unidos quien está tratando verdaderamente hasta de obstruir la acción penal que como titular tengo”, dijo Porras en su momento.
En respuesta a los señalamientos de persecución que formula ahora Aifán, el vocero del Ministerio Público José Luis Pantaleón rechazó las acusaciones y dijo este martes a CNN que esa institución tiene la obligación legal de investigar toda denuncia que se presenta y que esto no representa ningún ataque o persecución.
La exjueza asegura que el hostigamiento que denuncia aumentó a partir de su trabajo en un caso que podría vincular al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
“El expediente 359 tenía investigaciones contra los tres poderes del Estado, entre ellos el presidente, y ese ha sido el expediente que aumentó esas acciones de amenazas y hostigamiento. En los últimos meses, las estructuras políticas y criminales que están entrelazadas son las que han tenido más incidencia”, añade.
El expediente al que se refiere la exmagustrada tiene que ver con una investigación que CNN en Español dio a conocer a mediados de febrero.
CNN obtuvo la declaración de un testigo protegido a la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, en la que vinculaba a Alejandro Giammattei -actual presidente del país- con una supuesta donación no declarada a la autoridad electoral de Guatemala, proveniente de una compañía constructora para su campaña durante la segunda vuelta electoral.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia negó a través de un comunicado esta denuncia.
CNN se ha comunicado con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para obtener alguna respuesta sobre lo que ahora refiere la exjueza, pero hasta ahora, sin éxito.
Una “mujer con coraje”
Este martes, después de la salida de Aifán, el presidente de Guatemala publicó un tuit: “Mi gobierno tiene un fuerte compromiso con el respeto del Estado de derecho y con garantizar la seguridad de todos los miembros del Poder Judicial, para que estén libres de presiones, amenazas o injerencias externas de cualquier tipo”, escribió Giammattei.
El trabajo de Erika Aifán ha sido reconocido incluso fuera de Guatemala. El 8 de marzo de 2021, la primera dama de Estados Unidos Jill Biden le entregó el premio “Mujer Coraje” por su arduo trabajo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En ese momento, Biden dijo que apoyaría y defendería la lucha por la justicia y la igualdad.
Aunque Aifán dice que se siente a salvo porque ha salido de Guatemala, agrega que no le deja de preocupar el futuro de sus colegas y la situación que queda en ese país. “Es una situación compleja, me preocupan mis compañeros jueces que deben seguir trabajando en esas condiciones tan lamentables”, comenta.
Desde octubre de 2019, varios operadores de justicia comenzaron a abandonar el país argumentando amenazas y persecución en su contra. El primero de ellos fue Andrei González, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
Poco antes, denunció a la fiscal general Consuelo Porras, por supuestamente haber obstaculizado a la justicia para proteger a una excandidata presidencial. Porras lo negó y la denuncia fue archivada. El siguiente fue Juan Francisco Sandoval, extitular de esa Fiscalía, quien en julio de 2021, abandonó el país después de que Porras lo destituyera alegando que Sandoval no cumplía con sus funciones.
Sandoval fue galardonado con el premio “Campeón Anticorrupción”, por el gobierno estadounidense.
En los meses posteriores y hasta marzo de 2022 han salido de Guatemala al menos ochooperadores de justicia más. Siete de ellos laboraban en la Fiscalía especial contra la impunidad (FECI).