(CNN Español) – En septiembre de 2021, el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, la Asociación Civil Transparencia y Proética suscribieron una carta que fue entregada al presidente Pedro Castillo, invitándolo a firmar las declaraciones de Chapultepec y Salta sobre libertad de expresión y prensa. El documento entregado al mandatario fue publicado en la cuenta de Twitter del Consejo de la Prensa Peruana.
Rodrigo Salazar, presidente ejecutivo de esta asociación, le contó a CNN que le entregaron la carta al presidente, junto a ambas declaraciones, en el Palacio de Gobierno: “Nos dijo que las estudiaría y nos respondería por escrito. Nunca lo hizo”.
Ese episodio es uno de los tantos que retratan las tensas relaciones entre la prensa peruana y el gobierno de Castillo, que enfrenta en el Congreso una moción de vacancia, que responde a acusaciones de supuestos actos de corrupción durante su gobierno investigados por la Fiscalía, y que se debatirá y votará el próximo 28 de marzo. Sus rivales políticos y la prensa lo acusan de incapacidad para conducir al país, pero el presidente afirma que hay un complot en su contra para sacarlo del cargo.
Mientras que Castillo ha aceptado que está aprendiendo a gobernar, la última encuesta de Ipsos, hecha en marzo en todo el país, indica que el 53% cree que Castillo debería renunciar y el 43% es partidario de que culmine su mandato.
Las promesas del candidato Castillo
Meses antes, durante la segunda vuelta de las presidenciales, las propuestas contenidas en el ideario de Perú Libre, partido por el que Pedro Castillo se postuló a la presidencia, fueron parte de los temas que más debate y polémica generaron.
Una de ellas aparece en la página 28 del documento programático y señala que no puede existir democracia sin libertad de expresión. Sin embargo, también propone regular los medios de comunicación “para evitar con ello la ‘libertad’ del enriquecimiento, chantaje, difamación, calumnia y sobre todo la mentira”.
Esa afirmación, y las denuncias de los medios e instituciones periodísticas de ataques a la prensa por parte de Castillo, su entorno y sus seguidores, nunca abandonaron la agenda de la segunda vuelta electoral en la que Castillo se enfrentó a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.
En mayo, en una de sus presentaciones públicas, Castillo dijo: “También les vamos a hacer llegar algunos informes, que acaban de llegar a nuestras manos, de cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga”.
Ya como presidente, en una entrevista con CNN el 24 de enero, cuando Fernando del Rincón le preguntó por qué no hablaba mucho con la prensa, Castillo respondió que una de las razones era “por los maltratos en la campaña”.
La libertad de prensa en Perú se desarrolla en un “un ambiente hostil”
Los últimos meses, con Castillo como presidente, se han hecho públicas las preocupaciones de diversas instituciones, como las de organizaciones periodísticas, que han solicitado a través de una carta del 23 de febrero la visita al Perú del relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a los “constantes ataques que ha sufrido la libertad de expresión en el país los últimos meses”.
Un día antes, la Defensoría del Pueblo había señalado, a través de un comunicado, que las más altas autoridades del gobierno realizaban “restricciones a la libertad de prensa”. La institución se refirió a los cercos policiales que suelen establecerse alrededor del presidente “con la intención de evitar que los periodistas cumplan su labor de formular preguntas”, lo que “constituye una restricción arbitraria a la libertad de prensa, así como la trasgresión de diversos estándares en materia de libertad de expresión”. Walter Gutiérrez Camacho, el defensor del Pueblo, es un acérrimo crítico de Castillo y se mantendrá en el cargo hasta fin de mes. El Congreso lo designó para el período 2016-2021 y ahora debe nombrar otra persona en su reemplazo, para lo cual hace falta los votos de dos tercios de los legisladores.
La versión que el gobierno de Castillo ha dado públicamente sobre ello es que los cercos se establecen por seguridad y debido a la pandemia.
Meses antes, a principios de diciembre, la misma Defensoría del Pueblo, en su informe de 39 páginas sobre “Supervisión al Poder Ejecutivo en relación con la libertad de prensa” afirmó: “Los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, incluido el presidente de la República, han mantenido un discurso que ha propiciado un clima hostil contra los medios de comunicación, principalmente, contra aquellos que son incómodos o que mantienen una línea editorial crítica”.
CNN solicitó la posición del Poder Ejecutivo sobre estos temas, pero no obtuvo respuesta.
En febrero, Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, se refirió a las relaciones con la prensa. “Nosotros los ministros somos difamados permanentemente, yo he sido difamado sistemáticamente y no he hecho nada, claro, mientras estoy en el ministerio, porque después tengo que defenderme, no se va a quedar eso así, ¿no? Ustedes tienen todo el derecho de informar, inclusive tienen el derecho de no decir la verdad, porque en muchísimos casos no se dice la verdad, ¿nosotros decimos algo? No decimos absolutamente nada, nosotros no hemos dictado ninguna medida contra la prensa”.
“Esta prensa es un chiste”
Poco antes de los pronunciamientos de estas instituciones, el 21 de febrero y en declaraciones a algunos medios locales durante una actividad pública, el mandatario dijo: “Esta prensa es un chiste”, luego de que una periodista le preguntara sobre el testimonio que había brindado a la fiscalía en relación con una investigación por presuntos actos de corrupción durante su gobierno y en la que presidente es testigo.
Días después Castillo se disculpó en declaraciones a TV Perú: “Si hay una situación en la que se ha herido parte de la susceptibilidad de la prensa, bueno, pido las disculpas correspondientes”.
“Están utilizando la publicidad del Estado con fines políticos”
Ximena Pinto fue hasta febrero secretaria de Comunicación Social de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que lidera Aníbal Torres, la persona más importante en el Ejecutivo luego de Castillo.
Pinto denunció el miércoles 23 de febrero, en RPP, que el gobierno busca utilizar la publicidad del Estado con fines políticos.
Días después, lo reafirmó en una entrevista con CNN: “Yo creo que están haciendo un uso indebido de la publicidad”, dijo. Esta ha sido la misma versión que Pinto ha sostenido ante el Congreso que la citó para investigar el tema luego de su denuncia.
Pinto denunció que Torres le pidió excluir a un grupo periodístico de la inversión de publicidad en medios que debían realizar para una campaña.
Según Pinto, todo ocurrió el 17 de febrero cuando conversaba con Torres sobre una campaña de publicidad que debía realizarse en medios. Torres había firmado el llamado Plan de Estrategia Publicitaria, publicado en el diario oficial El Peruano, algo que, según Pinto, la habilitaba a convocar a una agencia (central de medios) para elaborar un estudio que indicaría dónde invertir la publicidad del Estado, según criterios técnicos como niveles de audiencia y cobertura.
Pinto cuenta que mientras discutían sobre el tema, la primera reacción de Torres fue: “Pero no me va a poner nada al grupo El Comercio ah”. Entonces, agrega Pinto, cuando ella le dijo que no le entendía, él respondió: “Porque usted no le va a dar nada a esos corruptos ¿no? A los que nos ataquen todo el día”.
De acuerdo con la exfuncionaria, el presidente del Consejo de Ministros fue claro al señalar que no quería que se invirtiera publicidad en los medios del grupo El Comercio, en este caso América TV (canal 4), y antes de firmar el plan publicado dijo: “Voy a firmar pero bajo juramento, y a mí me van a prometer que no le van a poner nada a ese grupo”.
Según el artículo 3 de la Ley 28874, que regula la publicidad estatal, debe “sustentarse técnicamente la razón por la que una determinada entidad o dependencia eligió a determinados medios de manera preferente, para no dar lugar a situaciones que privilegien injustificadamente a empresas periodísticas determinadas”.
CNN se comunicó con la Presidencia del Consejo de Ministros para obtener la versión de Torres, pero al cierre de este artículo no habíamos obtenido respuesta.
Sin embargo, Torres fue citado al Congreso de la República donde dio su versión: “Absolutamente falso que yo estaba prescindiendo de los parámetros que establece la ley en materia para la selección transparente y descentralizada de los medios de comunicación”, dijo.
El caso que menciona Pinto no sería el primero en el que se hace alusión al manejo de los recursos públicos asignados a la contratación de publicidad estatal.
El 23 de noviembre, el presidente Castillo señaló: “No me voy a permitir darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad”.
La posición de los medios
El diario La República publicó dos editoriales titulados “Castillo debe explicar o renunciar” y “Renuncien por el bien del país”.
Este último escrito señala que el planteamiento se hace “al constatar el deterioro al que nos están conduciendo el Ejecutivo, engullido por la corrupción y la ineptitud”.
El diario también propone la renuncia de María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, institución que, según el diario, “renunció a ejercer el obligado control político y que está dedicada a demoler nuestra institucionalidad”.
Gustavo Mohme Seminario, director de La República, le dijo a CNN que “la prensa está siendo hostigada y agredida, tanto por radicales del gobierno como de la oposición y las agresiones físicas y verbales son cada vez mayores”.
“Nuestro medio no se sumó durante las últimas elecciones a la avalancha mediática que acusaba de fraude y de comunista al actual gobierno. Por ello no nos pueden acusar de enemigos de Castillo, proponemos que tanto Castillo como Alva den un paso al costado y permitan que salidas constitucionales y consensuadas abran un espacio para reconstruir la institucionalidad y gobernabilidad del país”.
El diario El Comercio ha planteado también la renuncia de Pedro Castillo en un editorial titulado “La renuncia es la mejor salida”.
Aurelio Arévalo, director de este diario, le dijo a CNN que la renuncia se plantea por tres razones fundamentales: “Por una incapacidad crónica para nombrar a personas probas y con experiencia en puestos claves del sector público, por una total falta de transparencia y por una nula voluntad de autocrítica”.
Castillo ha dicho que no se quiere un gobierno “de un maestro humilde y del pueblo”, pero ¿existe discriminación contra el presidente peruano? Arévalo responde: “Me parece que el presidente ha aplicado durante todo este tiempo un discurso de victimización, el presidente acusa a grupos de poderes económicos, que no lo dejan trabajar para el pueblo, o acusa a otras personas de golpistas, pero en el fondo lo que busca, me parece, este discurso de victimización es evitar rendir cuentas sobre cuestionamientos que son válidos.
Gustavo Mohme Seminario responde así: “Existe discriminación y racismo contra Castillo, nadie puede dudarlo. Sus expresiones son muy visibles, son realidades que arrastramos del pasado y que aun hoy día nos dividen como país”. Pero Mohme agrega que Castillo “pretende usar esos argumentos para justificar su pobre desempeño. Culpar a la discriminación o al racismo de la mala elección de sus colaboradores, o la poca transparencia de su gestión, la falta de rumbo y los graves indicios de corrupción, resulta indecoroso”.
El análisis
Sobre relación con la prensa, Gonzalo Banda, analista político de origen arequipeño, sostiene que existen “varios niveles aproximación” de Castillo con la prensa.
Banda señala que desde la segunda vuelta Castillo siente desconfianza por los grandes medios de comunicación. “Esa relación conflictiva le dio pie al presidente algo que es muy propio de su discurso, que es esto de ‘pueblo-elite’, muy propio del populismo. Él lo toma con mayor fuerza cuando se tiene que referir a los grandes grupos económicos, a los grandes grupos de comunicación”.
Gonzalo Banda cree que en un sector de la prensa peruana existe discriminación contra el presidente. “Eso —agrega Banda—, que puede servir como un diagnóstico inicial, en las dos o tres primeras semanas de un gobierno, no te puede llevar a seguir gobernando con un estilo totalmente opuesto a la meritocracia. Tú no puedes, so pretexto de reivindicar un componente de migrante de las regiones del Perú dentro de tu gabinete, destruir el Estado para imponer esa agenda”.
El analista político agrega: “Lo que se está cuestionando en este momento es la completa incapacidad de Castillo para nombrar personas que tengan algún tipo mínimo de experiencia o bagaje en esos asuntos, eso es algo que Castillo no está haciendo porque Castillo está pagando con cuotas políticas el nombramiento de personas que son incompetentes en el cargo para el que han sido nombrados”.
Banda señala que, según estudios, la credibilidad de los medios de comunicación no está en su mejor momento. Pese a ello, agrega, Castillo tampoco ha podido antagonizar con ellos: “Hasta en eso es un mal populista, porque los buenos populistas saben antagonizar con los medios de comunicación”.