(CNN Español) – La Corte Interamericana de Derechos Humanos envió una carta al Procurador Público Especializado Supranacional, Carlos Reaño Balarezo, donde requiere al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad del expresidente Alberto Fujimori. Reaño Balarezo confirmó a CNN la recepción y el contenido del documento, y dijo que lo recibió este miércoles alrededor de las 3 P.M., hora de Lima (4 P.M., hora de Miami).
El documento señala que la decisión se toma en tanto “este Tribunal Internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas en el 147 Período Ordinario de Sesiones”.
El expresidente Fujimori, de 83 años, se encuentra cumpliendo una sentencia de 25 años debido a los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos durante su gobierno.
CNN también se comunicó con César Nakazaki, abogado de Fujimori, quien dijo que esta era una “contingencia” que tenía prevista. “No me toma por sorpresa, he tenido en estos días claro que el gran problema no era si salía o no Alberto Fujimori en libertad, sino si la sentencia del Tribunal Constitucional podía o no mantenerse y qué podría hacer la Corte Interamericana”. Nakazaki describió el escenario como complejo y aseguró que tratarán de defender frente a la Corte “el tema de fondo, que es si existen o no enfermedades que justifican un indulto humanitario”.
Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprode), confirmó a CNN que recibió un correo electrónico en el que se señala “el párrafo decisorio de una resolución emitida por la Corte Interamericana, donde se expresa que el Estado, a efecto de garantizar el derecho de la víctimas de acceso a la justicia, deberá abstenerse de ejecutar la resolución emitida por el Tribunal Constitucional liberando a Fujimori”. Cano dijo que están a la espera de la resolución completa y que “esta medida debería adoptarse inmediatamente por el Estado como una orden de la Corte Interamericana”.
La Aprodeh ejerce la defensa de la víctimas de los asesinatos cometidos durante el gobierno de Fujimori.
Cano recordó que, en representación de la víctimas, solicitaron a la Corte medidas provisionales “ante el peligro de que una resolución del Tribunal Constitucional pudiera recortar el derecho de la víctimas de acceso a la justicia sin tomar en cuenta la resolución de la Corte Interamericana de mayo de 2018, donde se establecían los estándares necesarios para poder recortar la pena a una persona condenada por graves delitos de violación a los derechos humanos”.
Los antecedentes del indulto a Fujimori
La decisión de la Corte ocurre luego de que el 17 de marzo, el Tribunal Constitucional de Perú declaró fundado un recurso de habeas corpus a favor de Fujimori, quien gobernó el país de julio de 1990 a noviembre de 2000. El recurso fue presentado por el abogado Gregorio Parco Alarcón, y llevaría al exmandatario a abandonar la cárcel.
La decisión del máximo intérprete de la Constitución en Perú restableció los efectos del indulto humanitario otorgado en 2017 a Fujimori. El indulto, una “Gracia presidencial” que no elimina la responsabilidad penal, fue concedido por el presidente de ese momento, Pedro Pablo Kuczynski, quien explicó su decisión como un gesto humanitario que respondía al estado de salud del exmandatario.
Sin embargo, menos de un año después, en octubre de 2018, un juzgado de la Corte Suprema de Perú anuló el indulto y Fujimori regresó a prisión. La decisión de las autoridades judiciales fue tomada luego de que los familiares de las víctimas de las matanzas ocurridas durante el gobierno de Fujimori acudieran a la Corte Interamericana, que recomendó acudir a la justicia peruana para que revisara el indulto que, finalmente, fue anulado.