Nota del editor: Jorge Dávila Miguel es licenciado en Periodismo desde 1973 y ha mantenido una carrera continua en su profesión hasta la fecha. Tiene posgrados en Ciencias de la Información Social y Medios de Comunicación Social, así como estudios posuniversitarios en Relaciones Internacionales, Economía Política e Historia Latinoamericana. Dávila Miguel es columnista de El Nuevo Herald en la cadena McClatchy, y analista político y columnista en CNN en Español. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Mira más en cnne.com/opinion
(CNN Español) – Si hay un país entre el Río Bravo y la Patagonia donde no hay ejércitos, donde no ha habido golpes de Estado en más de 100 años –aunque con una guerra civil en 1948–, y donde las elecciones presidenciales parecen transcurrir como las suaves olas que desplaza un bote sobre el río, ese es Costa Rica.
Pero según Eduardo Cruickshank, diputado y ex candidato presidencial en las elecciones costarricenses por el Partido Restauración Nacional, en el año 2020 se planeó un golpe de Estado contra el presidente Carlos Alvarado, y que por ser el presidente del Congreso en ese momento le sugirieron que se preparara para asumir la presidencia de la nación, cosa que, según él, rechazó.
El Ministerio Público de Costa Rica tiene en estos momentos una investigación abierta sobre dicha denuncia. Al respecto, Alvarado dijo en enero que apoyaba la apertura de la investigación de la Fiscalía “sobre el contexto de lo que pasó en octubre del 2020, porque pasaron muchas cosas”. Aunque destacó también que “el monopolio de la fuerza del Estado nunca se vio comprometido”.
Cruickshank aseguró en un libro que la conspiración tuvo lugar hace dos años en la capital costarricense, San José, donde efectivamente hubo fuertes protestas populares con violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías. El diputado aclaró luego que la iniciativa del presunto golpe de Estado provino de parte de un sector de los manifestantes que lo “sugirieron sin éxito”.
¿La presunta causa de las protestas? la negociación de un acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un financiamiento por US$ 1.750 millones. Dicho acuerdo incluía un fuerte ajuste fiscal que afectaba a la población.
Este domingo 3 de abril tendrá lugar una segunda vuelta electoral en Costa Rica, ya que ninguno de los 25 aspirantes a la primera magistratura del país en la primera vuelta de febrero alcanzó el 40% exigido por las leyes electorales. Y según esas mismas leyes, les corresponde exclusivamente a los dos candidatos más votados participar en una nueva elección el domingo 3 de abril. Ellos son José María Figueres, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), y el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, del joven Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Figueres ya ocupó la presidencia del país de 1994 a 1998 y obtuvo el 27,26% de los votos en la elección del 6 febrero de este año, mientras que Chaves obtuvo el 16,7%.
Es una elección amenazada por el crónico fantasma del absentismo electoral en Costa Rica. Las del 6 de febrero contaron con poco más del 40% de ausentes a la votación mientras que en la actualidad, el 18,1% de la población electoral, de unos 3.500.000 votantes, se confiesa indecisa, según ha reportado el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.
La preocupación principal de los costarricenses en estos momentos es el alto precio de la gasolina, que se espera, suba nuevamente después de varias alzas anteriores. Tema de difícil solución para cualquiera de los candidatos, ya que factores internacionales, ajenos todos a la elección costarricense, afectan dicha situación. En los temas electorales más importantes se encuentran el acceso al trabajo, la situación de la mujer, la desigualdad social y la corrupción, que al parecer va en auge en Costa Rica, según un reciente estudio de la Universidad Nacional.
El actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado (quien asumió en 2018 y dejará este año el cargo), termina su mandato bajo serias acusaciones. Recientemente la Fiscalía General costarricense solicitó que se levante la inmunidad y se permita juicio contra Alvarado y el actual diputado Víctor Morales Mora por cargos de prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Alvarado ha admitido que se cometieron errores y dijo que estos fueron rectificados, pero que “nunca hubo mal uso de fondos públicos y que siempre se actuó bajo el bloque de legalidad” ni tampoco “espionaje”.
La próxima elección en Costa Rica puede cambiar el rumbo del país, según promete Rodrigo Chaves, socialdemócrata que pretende modificar el sistema tributario del país, reordenar el presupuesto público, aumentar las inversiones en energía verde y cambiar la flota vehicular del país; controlar gastos y asignar una pensión mínima universal. Por su parte, José María Figueres ––hijo de José Figueres Ferrer, tres veces presidente de la República y actor principal en la guerra civil de 1948, que lo llevó a su primera presidencia–– tiene entre sus promesas de campaña reducir el desempleo y la pobreza, y promover la protección del medio ambiente mediante la abolición de la explotación de hidrocarburos, así como promover las alianzas público-privadas, invertir los fondos de pensiones en obras públicas y crear infraestructura sostenible.
Así prometen los candidatos Chaves y Figueres, adversarios en la elección presidencial de este domingo 3 de abril en Costa Rica. Viene reñida la elección. Y está en manos de los indecisos el futuro de la “Suiza de Centroamérica”.