(CNN Español) – La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al Código Penal para castigar con penas de 10 a 15 años de cárcel a quienes elaboren o colaboren en la realización de pinturas, textos, diseños, dibujos o cualquier otra forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado que hagan alusión a las pandillas o transmitan amenazas a la población.
La reforma, aprobada con 63 de 84 votos posibles y a petición del presidente Nayib Bukele, también abarca a medios de comunicación y a quienes, usando tecnologías de la comunicación, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados de organizaciones criminales para generar zozobra o pánico.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas”, aseguró el presidente Nayib Bukele en un mensaje en Twitter.
“Estos grupos buscan delimitar, con sus dibujos, las zonas donde cometen delitos, amenazar con mensajes e incentivar a nuestros niños y jóvenes a sumarse a estos grupos. Esto es algo que no vamos a permitir”, sostuvo Francisco Villatoro, diputado del partido oficialista Nuevas Ideas.
La oposición criticó la reforma porque incluía a los medios de comunicación y pidió, sin éxito, suprimir esa parte. “Nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo porque sí hay una clara violación al derecho de prensa y libertad de información”, dijo René Portillo Cuadra, diputado de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista, Arena.
“Este artículo no viene a censurar. La intención que se tiene al divulgar el mensaje es lo que determinará si se viola o no la ley”, aseguró Marcela Pineda, también diputada de Nuevas Ideas.
Reforma preocupante e innecesaria, según la Asociación de Periodistas
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, César Castro Fagoaga, cree que la reforma aprobada por la Asamblea, de mayoría oficialista, es innecesaria y preocupante. “Busca intentar censurar y que los medios no hablen de las pandillas”, dijo Castro a CNN en una entrevista por teléfono.
Para Castro, la reforma no define quién decidirá y evaluará si hay dolo en una publicación y a su juicio, eso afecta el trabajo periodístico. “Si las pandillas decidieran hablar del pacto que tenían con el Gobierno, no se podría informar por esta reforma”, agregó.
En 2020, la Fiscalía General abrió una investigación para determinar si la actual administración tenía un acuerdo con las pandillas para reducir los homicidios a cambio de beneficios en las prisiones. Sin embargo, el Gobierno ha rechazado esa posibilidad y ha atribuido la disminución de la violencia a su plan de seguridad.
“Estas reformas mordaza son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico, una alarmante tendencia que la APES ha venido señalando”, afirma la organización gremial de periodistas en un comunicado.
Guerra a las pandillas en El Salvador
Hasta este martes, el Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador reportaba la captura de 6.894 personas investigadas por presuntos actos de terrorismo. El 27 de marzo la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el estado de excepción en todo el país para hacer frente al alza de homicidios, impulsada por las pandillas Barrio 18 y MS-13, luego de que el Gobierno reportara 62 asesinatos solo el 26 de marzo.
Los derechos constitucionales, incluida la libertad de asociación y el derecho a la defensa están suspendidos por 30 días. Las autoridades también pueden interceptar llamadas telefónicas sin necesidad de que sean autorizadas por un juez. Además, el plazo de la detención administrativa pasó de 72 horas a 15 días.
La Asamblea Legislativa también aprobó reformas que endurecen las penas para algunos delitos cuando sean cometidos por miembros de pandillas.
Varios organismos internacionales de derechos humanos han manifestado su preocupación porque consideran que las medidas implementadas son represivas y no solucionarán el problema de la inseguridad pública. El presidente Nayib Bukele, en respuesta, acusa a estas organizaciones de defender a las pandillas.