(CNN) – El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pedirá a la Corte Suprema este martes que le permita poner fin a una política fronteriza de la era Trump conocida como Permanecer en México, un caso que pondrá a prueba la capacidad de la Casa Blanca para establecer una política de inmigración.
Bajo el programa sin precedentes, lanzado en 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) envió a México a ciertos ciudadanos no mexicanos que ingresaron a Estados Unidos, en lugar de detenerlos o liberarlos, mientras se desarrollaban sus procedimientos de inmigración.
Los críticos dicen que esta política es inhumana y que expone a los solicitantes de asilo, que tienen reclamos creíbles, a condiciones peligrosas y miserables. Los migrantes sujetos al programa, formalmente conocido como Protocolos de Protección al Migrante, han tenido que vivir en campamentos improvisados a lo largo de la frontera norte de México.
El programa Permanecer en México está separado de la autoridad de salud pública, conocida como Título 42, que permite a los funcionarios fronterizos devolver a los migrantes que se encuentran en la frontera, por lo tanto, les impide solicitar asilo, a diferencia de la política Permanecer en México, que aún brinda a los migrantes esa oportunidad. (El Título 42 es objeto de desafíos legales separados; un juez federal el lunes bloqueó temporalmente la finalización de esa autoridad).
El caso de este martes y las consecuencias políticas sobre el esfuerzo de la administración Biden para eliminar el Título 42, el próximo mes, han vuelto a poner de relieve la situación políticamente precaria para la Casa Blanca y las batallas cuesta arriba que enfrenta el Gobierno en los tribunales.
Si bien el propio Biden prometió poner fin al programa “Permanecer en México” al asumir el cargo, los tribunales federales se lo han impedido.
Los desafíos de Biden de la política migratoria
El caso genera interrogantes no solo sobre la ley de inmigración, sino también sobre el control de un presidente sobre la política y sus relaciones diplomáticas con los países vecinos.
Inicialmente, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando, en junio pasado, para finalizar el programa. Pero después de que dos estados, Texas y Missouri, presentaran un desafío, un juez de distrito anuló el memorando y ordenó que se restableciera la política de Permanecer en México.
El tribunal dijo que la administración no había explicado adecuadamente su proceso de toma de decisiones en su intento de terminar el programa en violación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Yendo un paso más allá, la corte también interpretó la ley de inmigración para exigir que el Departamento de Seguridad Nacional devolviera a ciertas personas que no son ciudadanos estadounidenses a México cuando no tenga fondos suficientes para detenerlos en territorio estadounidense, a pesar de la discrecionalidad de larga data que permite a las autoridades decidir a quién liberar o detener.
El Departamento de Seguridad Nacional volvió a intentarlo el otoño pasado, emitiendo un nuevo memorando que ofrece una explicación más completa de su decisión de terminar el programa, pero un tribunal de apelaciones finalmente confirmó el fallo del tribunal de distrito y se negó incluso a tomar en consideración el razonamiento presentado en el nuevo memorando, sugiriendo que había llegado demasiado tarde.
“Los tribunales inferiores en este caso adoptaron limitaciones sin precedentes sobre la capacidad de las agencias federales para cambiar la política y emitir nuevas decisiones en respuesta a fallos judiciales adversos”, dijo en una entrevista Andrew J. Pincus, abogado de Mayer Brown LLP.
“Si la corte las confirma, restringirían drásticamente la toma de decisiones de las agencias en todo el Gobierno”, agregó.
Así está la situación de los migrantes bajo la política Permanecer en México
Al 17 de abril, más de 2.300 migrantes han sido enviados de regreso a México bajo la política Permanecer en México desde que se renovó, a fines del año pasado, según la Organización Internacional para las Migraciones.
La procuradora general Elizabeth Prelogar dijo a los jueces en documentos judiciales que los tribunales inferiores se habían basado en “interpretaciones nuevas y erróneas” de la ley federal para obligar al DHS a mantener un programa que la administración ha “determinado dos veces que es contrario a los intereses de Estados Unidos”
Y señaló que ni siquiera la administración Trump había interpretado la ley de inmigración como para determinar que el gobierno debe poder detener a la mayoría de las personas que llegan a sus fronteras.
“Según la interpretación de la corte de apelaciones, cada administración presidencial, incluida la que adoptó los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), ha estado en violación continua y sistemática” de la ley de inmigración, escribió. “El Ejecutivo ha ejercido su discreción durante mucho tiempo para elegir la mejor manera de asignar recursos limitados al priorizar qué personas que no son ciudadanos dejar bajo custodia y a cuáles remover, qué procedimientos usar para buscar la remoción y a quién detener durante el proceso de remoción”.
Prelogar dijo que la ley ofrece al Gobierno opciones alternativas para procesar a los solicitantes, y señaló que algunos pueden ser admitidos “en ingreso condicional” y otros pueden ser colocados en un proceso de deportación acelerado. Señaló que en el año fiscal 2021, el DHS procesó a más de 671.000 migrantes bajo los protocolos migratorios tradicionales, un promedio de más de 55.000 al mes.
También argumentó que la opinión del tribunal inferior tendría “implicaciones dramáticas en las relaciones exteriores” porque obliga al Poder Ejecutivo a enviar a personas de terceros países a México, el territorio de un soberano extranjero.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto con el fiscal general de Missouri, Eric S. Schmitt, instó a la Corte Suprema a respaldar las opiniones de los tribunales inferiores. Dijo que la administración Trump había lanzado el programa porque “decenas de miles de extranjeros ingresan ilegalmente a la frontera sur de la nación todos los meses”.