(CNN) – El distrito autónomo especial de Disney, Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek, dice que la decisión de Florida de disolverlo el próximo año no es legal a menos que el estado pague las grandes deudas de Reedy Creek.
Reedy Creek es un distrito con propósito especial creado por la ley estatal en mayo de 1967 que otorga a la compañía The Walt Disney un amplio control gubernamental sobre los terrenos de sus parques temáticos del centro de Florida y sus alrededores. Con ese poder, Reedy Creek tiene actualmente alrededor de US$ 1.000 millones en deuda de bonos pendientes, según la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings.
En un comunicado emitido a sus tenedores de bonos el jueves pasado, Reedy Creek señaló que la ley de 1967 también incluye un compromiso de Florida con sus tenedores de bonos. La ley establece que Florida “no afectará de ninguna manera los derechos o recursos de los tenedores… hasta que todos esos bonos, junto con los intereses correspondientes, y todos los costos y gastos en relación con cualquier acto o procedimiento por parte de dichos tenedores o en su nombre, sean totalmente satisfechos y liquidados”.
Debido a esa promesa, Reedy Creek dijo que espera continuar con sus negocios como de costumbre.
“A la luz de la promesa del Estado de Florida a los tenedores de bonos del Distrito, Reedy Creek espera explorar sus opciones mientras continúa sus operaciones actuales, incluyendo la imposición y la recaudación de sus impuestos ad valorem y la recaudación de sus ingresos de servicios públicos, el pago del servicio de la deuda de sus bonos de impuestos ad valorem y los bonos de ingresos de servicios públicos, el cumplimiento de sus pactos de bonos y el funcionamiento y mantenimiento de sus propiedades”, dijo Reedy Creek.
CNN se comunicó con la oficina del gobernador Ron DeSantis para obtener comentarios sobre la declaración de Reedy Creek.
La declaración, publicada en la Junta de Reglamentación de Valores Municipales, representa la primera respuesta del distrito administrado por Disney desde que los republicanos de Florida aprobaron una legislación que disolverá el distrito de propósito especial el 1 de junio de 2023. DeSantis promulgó la legislación el viernes. Disney no ha hecho ninguna declaración pública sobre la ley.
La nueva ley tiene solo dos páginas y evita cualquier discusión sobre los detalles de cómo deshacer medio siglo de acuerdos de infraestructura, ni establece los próximos pasos en el complicado proceso. Los legisladores de los condados vecinos de Orange y Osceola han expresado su preocupación de que tendrán que pagar las deudas de Reedy Creek y tendrán que aumentar significativamente los impuestos a la propiedad de los residentes.
“Si tuviéramos que asumir la primera respuesta, los componentes de seguridad pública para Reedy Creek, sin nuevos ingresos, eso sería catastrófico para nuestro presupuesto aquí dentro del condado de Orange”, dijo a los periodistas el alcalde de ese condado, Jerry L. Demings, el 21 de abril, antes de la votación oficial de la legislatura ese día. “Sería una carga indebida para el resto de los contribuyentes en el Condado de Orange llenar ese vacío”.
El conflicto Florida-DIsney: cómo llegamos aquí
Disney, con 75.000 empleados, es el mayor empleador de un solo sitio en Florida y es un impulsor clave del negocio turístico vital del estado. Sin embargo, los funcionarios estatales asumieron el estatus de autogobierno de la compañía como una forma de represalia por las críticas de Disney a una ley que restringe la discusión de temas LGBTQ en las escuelas.
La ley, titulada “Derechos de los padres en la educación” y etiquetado por los críticos como el proyecto de ley “No digas gay”, prohíbe que las escuelas enseñen a los niños sobre la orientación sexual o la identidad de género “de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo”. La legislación también permite que los padres presenten demandas contra un distrito escolar por posibles infracciones.
El lenguaje vago de la ley y la amenaza de demandas de los padres han suscitado el temor de que conduzca a la discriminación contra los estudiantes LGBTQ y tenga un efecto escalofriante en la discusión en el aula. La portavoz de DeSantis, Christina Pushaw, sin embargo, dijo que la legislación protegería a los niños de los “groomers”, un término de argot para los pedófilos, y describió a los que se oponen a la ley como “probablemente groomers”
El CEO de Disney, Bob Chapek, inicialmente se negó a condenar la ley, pero cambió de rumbo después de enfrentar las críticas de los empleados. Un portavoz de la compañía emitió un comunicado el mes pasado indicando que su objetivo es que la ley sea derogada por la legislatura o anulada en los tribunales.
“El proyecto de ley HB 1557 de Florida, también conocido como el proyecto de ley ‘Don’t Say Gay’, nunca debería haberse aprobado y nunca debería haberse convertido en ley”, dice el comunicado. La compañía dijo que estaba “dedicada a defender los derechos y la seguridad de los miembros LGBTQ+ de la familia Disney, así como de la comunidad LGBTQ+ en Florida y en todo el país”.
A principios de la semana pasada, DeSantis desafió a los legisladores a desentrañar la Ley de Mejoramiento de Reedy Creek de 55 años como parte de una sesión legislativa especial. El impacto de esa legislación, así como su legalidad, sigue sin estar claro.