(CNN Español) – Colombia, donde desde 1997 la eutanasia no está penalizada por la ley, despenalizó este miércoles además el suicidio médicamente asistido. Ambas prácticas tienen un mismo fin, pero difieren en un aspecto: quién es el que efectivamente causa la muerte de la persona que ha decidido ejercer el derecho de poner fin a su vida bajo las condiciones que establece la ley.
La Corte Constitucional tomó la decisión tras una demanda presentada por la firma de abogados DescLAb en relación con el Código Penal del país, que dispone castigos para quien induzca o preste ayuda a una persona para que se suicide.
¿Qué establecía la demanda?
El artículo 107 del Código Penal plantea una pena de 32 a 108 meses de prisión para quien induzca o ayude a una persona a suicidarse. En caso de que esa ayuda esté “dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”, la legislación plantea que la pena sea de 16 a 36 meses de prisión.
El objetivo de la demanda, según explicó la organización, era que la Corte declarara la “exequibilidad condicionada” de ese artículo, que en los hechos significa que no se castigue penalmente a un profesional médico que brinde ayuda a una persona para que se suicide bajo ciertas condiciones.
Esas condiciones son son las mismas que en el caso de la eutanasia: que la persona manifieste un “consentimiento libre, inequívoco e informado”, que tenga una “lesión corporal o una enfermedad grave e incurable” o que “experimente dolor o sufrimiento físico o psíquico incompatible con su idea de vida digna”.
La diferencia entre eutanasia y suicidio asistido
La eutanasia y el suicidio médicamente asistido tienen la misma finalidad, explica DescLAB: causar la muerte de un individuo que cumpla con los requisitos legales para acceder al procedimiento. La diferencia radica en quién causa efectivamente la muerte de la persona. Dicho de otra manera, en el rol que adopta el médico.
En la eutanasia es el médico quien causa la muerte de la persona, mientras que en el suicidio médicamente asistido el profesional “presta una ayuda o asistencia para que la persona sea quien cause su muerte”, explica la firma. La persona causa su muerte con “dosis letales de un medicamento que le provee o formula alguien más”.
Los mecanismos vinculados al derecho a la muerte digna en Colombia
Además de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, Colombia cuenta con otros mecanismos vinculados al derecho a una muerte digna: el acceso a los cuidados paliativos y la adecuación del esfuerzo terapéutico.
Los cuidados paliativos no causan ni aceleran la muerte. Su objetivo es aliviar el dolor de las personas que padecen una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible. Dentro de estos cuidados está lo que se conoce como “sedación terminal”.
Otra opción entre las que descLAB señala es la Adecuación del Esfuerzo Terapéutico, que implica “prescindir, limitar o interrumpir tratamientos, medicamentos y procedimientos que resultarán ineficaces o cuyos efectos secundarios no producirán alivio y van en contra de la idea de dignidad de la persona enferma”.
En este caso la muerte no se induce, llega de manera natural, pero puede que más rápido que si se siguiera administrando el tratamiento. En muchos casos es complementaria a los cuidados paliativos.
Los avances de la eutanasia en Colombia
En Colombia la eutanasia está despenalizada desde 1997. El primer procedimiento legal se realizó en 2015 a Ovidio González, un hombre de 79 años que padecía cáncer.
La eutanasia se puede aplicar, según los criterios de ese entonces, siempre y cuando sea una enfermedad terminal, que haya intenso dolor, que el procedimiento se solicite de manera voluntaria y que sea realizado por un especialista.
Sin embargo, una sentencia de Corte Constitucional de julio del año pasado amplió el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia para pacientes que padezcan una enfermedad o lesión grave e incurable que les provoque intenso sufrimiento.
En enero, Martha Sepúlveda y Víctor Escobar se convirtieron en los primeros pacientes no terminales en recibir la eutanasia en el país, dos casos que generaron un intenso debate sobre el derecho a la muerte asistida en la sociedad colombiana.