(CNN) — El ruido repentino de un teléfono celular hizo que Joel saliera disparado de su asiento. Corrió hacia una mochila morada que estaba detrás de él y abrió el bolsillo delantero. Sonaba una alarma en el teléfono que le habían dado las autoridades de inmigración de Estados Unidos y sabía que tenía que actuar rápido.
Manipuló el teléfono a tientas durante varios minutos, esforzándose por comprender las instrucciones en inglés de la aplicación y seguir sus reglas para tomarse una selfie.
“¿Me van a enviar de vuelta a Cuba?”, preguntó preocupado de que lo devolvieran al país del que dice huyó después de enfrentar la persecución policial.
Joel, quien pidió ser identificado solo por su nombre de pila para proteger su seguridad, fue uno de varios inmigrantes que hablaron recientemente con CNN en San Antonio, Texas. Él es uno más de un creciente número de cubanos que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo. Y el teléfono celular que llevaba, emitido por el Gobierno, muestra que también es parte de otro grupo en crecimiento.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) vigila a casi un cuarto de millón de inmigrantes en un programa que utiliza monitores de tobillo con GPS, teléfonos celulares o una aplicación conocida como SmartLINK, según las estadísticas más recientes de la agencia. La administración de Joe Biden ha aumentado rápidamente el número de personas en este programa, conocido como “alternativas a la detención” o ATD.
No está claro a cuántos inmigrantes se les han prestado teléfonos como parte del programa. ICE no ha publicado esos datos en sus actualizaciones públicas periódicas sobre el programa, y la agencia no respondió a las preguntas de CNN al respecto. Pero los abogados y defensores que trabajan con inmigrantes le dijeron a CNN que los teléfonos proporcionados por el gobierno, que solo se pueden usar con la aplicación SmartLINK y no pueden hacer llamadas ni acceder a Internet, son cada vez más comunes.
“Hemos visto un aumento drástico, drástico en el uso de esta tecnología”, dice Javier Hidalgo, abogado del Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES, por sus iniciales en inglés).
“Esta es una expansión de cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. define la detención”, dice, “y hay una gran cantidad de problemas que la acompañan”.
Los funcionarios argumentan que estas formas de monitoreo son una manera efectiva de manejar los casos. Pero los críticos de ambos lados del debate sobre inmigración indican que el programa ATD plantea grandes preguntas que deberían preocupar a todos los estadounidenses.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, lo ha defendido y elogiado. Se mencionaron alternativas a la detención como parte del plan del gobierno para levantar el Título 42, y el DHS solicitará al Congreso millones de dólares para hacer crecer el programa aún más.
Unas 1.000 personas al día inscritas en el programa
Las alternativas a la detención no son nuevas. El programa de ICE comenzó oficialmente en 2004 y los funcionarios comenzaron a usar la aplicación SmartLINK en 2018. Para ejecutarlo, la agencia depende de BI Inc., una subsidiaria de la empresa de prisiones privadas GEO Group.
Ahora el programa se expande, y rápido. Se ha más que duplicado su tamaño desde que el presidente Biden asumió el cargo, según un análisis de datos gubernamentales realizado por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) en la Universidad de Syracuse.
“Sigue mostrando una enorme cantidad de crecimiento”, comenta Austin Kocher, investigador de TRAC.
Y todo ese crecimiento, según Kocher, se puede atribuir al uso cada vez mayor de SmartLINK, una aplicación que requiere que los usuarios envíen fotos de sí mismos como una forma de verificación ante las autoridades.
Actualmente, más de 185.000 personas están siendo monitoreadas por SmartLINK, aproximadamente las tres cuartas partes de las inscritas en el programa ATD, dice ICE.
Eso es un gran aumento desde hace menos de tres años, según el análisis de Kocher, cuando SmartLINK monitoreó a menos de 6.000 personas para ICE.
Entre abril y mayo, dice Kocher, unas 1.000 personas por día se inscribían en el programa.
Cómo funcionan los teléfonos celulares
ICE asegura que el uso de SmartLINK y otras alternativas a la detención “aumenta efectivamente las tasas de comparecencia ante los tribunales (y) el cumplimiento de las condiciones de liberación”. Los funcionarios determinan qué nivel de supervisión se requiere y qué tecnología se utilizará caso por caso.
Cuando los migrantes como Joel, que son seleccionados para el programa, son liberados, ICE dice que a algunos se les prestan dispositivos cargados con SmartLINK instalado, a menos que tengan sus propios teléfonos inteligentes.
Los teléfonos emitidos por el gobierno no pueden hacer llamadas ni usarse para acceder a Internet, dice ICE, más allá de usar la aplicación para el propósito previsto. A los inmigrantes que tienen sus propios dispositivos se les pide que descarguen la aplicación en sus teléfonos.
SmartLINK “utiliza un software de reconocimiento facial para verificar la identidad, captura de puntos de datos de GPS, notificaciones automáticas y recordatorios, mensajes directos con los agentes del caso y los participantes, y una base de datos de servicios de búsqueda”, según ICE.
“Aquellos que no reporten”, dice ICE, “están sujetos a arresto y posible deportación”.
Joel le dijo a CNN que actualmente debe enviar una foto para registrarse semanalmente. La primera vez que intentó enviar una foto, recibió varios errores y, en un momento, una advertencia siniestra: “quedan dos intentos”. Después de cuatro intentos, su foto fue aceptada y recibió una notificación de que se completó el registro.
“Me asustó”, dijo. “No puedo volver a Cuba”.
Hidalgo, que trabaja regularmente con inmigrantes que buscan asilo, dice que muchos clientes informaron recientemente que recibieron teléfonos con la aplicación SmartLINK instalada.
Pero los teléfonos, dice, generan muchas preocupaciones. Algunos inmigrantes, dice, han informado dificultades para cargar y encender los dispositivos.
“Existe el temor… de que la gente pierda sus registros solo por problemas tecnológicos”, comenta.
ICE no respondió a una solicitud de comentarios sobre estas preocupaciones. GEO Group se negó a comentar y remitió las preguntas a ICE. El sitio web de BI promociona la “configuración sin problemas” y la mayor duración de la batería de sus dispositivos móviles.
“Los clientes pueden cumplir fácilmente con los términos de supervisión”, dice una hoja de información en el sitio, “sin la molestia de las tiendas de aplicaciones y la funcionalidad y actualizaciones tradicionales de los teléfonos inteligentes”.
Una sección sobre alternativas a la detención en el sitio web de GEO dice que los dispositivos precargados con SmartLINK no son teléfonos inteligentes, ya que no pueden navegar por Internet, hacer llamadas, enviar o recibir mensajes de texto o acceder a las tiendas de aplicaciones.
La compañía dice que es un mito que la aplicación funcione mal con frecuencia y haga que los inmigrantes no se registren. “Un promedio del 88,4% de los registros de SmartLINK se completaron con éxito en los últimos cinco años”, dice GEO.
Se pierde la privacidad y las empresas privadas se benefician, dicen defensores de derechos de inmigrantes
Los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que expandir el programa de alternativas a la detención crea nuevos problemas y genera importantes preocupaciones sobre la privacidad.
Varias organizaciones (Mijente, Just Futures Law y Community Justice Exchange) presentaron una demanda en abril solicitando a un juez que ordene a ICE que divulgue más información sobre cómo se rastrean, usan y comparten los datos obtenidos a través de SmartLINK. La demanda denuncia la “vigilancia constante e invasiva” y dice que el programa supone un alto precio para los inmigrantes inscritos en él.
Las organizaciones argumentan que primero solicitaron la información a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información en septiembre, y que ICE y DHS no respondieron.
“Ahora estamos en esta nueva frontera de la aplicación de la ley de inmigración, donde la vigilancia digital juega un papel muy importante y el tipo de información que ICE recopila y la red que lanza es tan grande que el sistema se ve completamente diferente”, dice Cinthya Rodriguez, organizadora de Mijente.
Sejal Zota, cofundadora y directora legal de Just Futures Law, dice que espera que la demanda responda preguntas sobre el programa y lo que ella y otros llaman las “prisiones digitales” de ICE.
“No nos queda muy claro qué información recopilan ICE y BI sobre los inmigrantes y cómo se usa o se podría usar esa información”, explica. “Esa falta de claridad genera alarmas sobre la privacidad de las personas, los usos futuros de estos datos y el alcance de esta red de vigilancia”.
Mientras tanto, dice, el programa está causando innecesariamente un daño emocional a decenas de miles de personas. A algunas personas inscritas en el programa, dice, se les dice que su administrador de casos puede llamarlos en cualquier momento de un día determinado, lo que los asusta para salir de casa.
“Imagina una aplicación, puede llamarte en cualquier momento, mientras estás en el trabajo, mientras limpias la casa de alguien. Hace sonidos extraños. Llama la atención de las personas”, dice Zota.
ICE no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre la demanda. Pero en una presentación judicial del 23 de mayo, la agencia le pidió a un juez que desestimara el caso, afirmando que la solicitud inicial de FOIA de las organizaciones no describía suficientemente los registros buscados y que parte de la información solicitada puede estar exenta de divulgación. Los abogados del gobierno también negaron las alegaciones de la demanda sobre el programa y su impacto.
ICE ha dicho que está “comprometido a proteger los derechos de privacidad y los derechos y libertades civiles de todos los participantes” en el programa, y que el DHS realizó y aprobó un análisis de privacidad del programa.
GEO Group se negó a comentar y remitió las preguntas a ICE. En su sitio web, la compañía dice que cumple con todas las leyes federales de privacidad, que no realiza vigilancia y que todos los datos y registros recopilados bajo su contrato con ICE son propiedad del gobierno de EE.UU.
Los críticos conservadores dicen que liberar a los migrantes proporciona un incentivo equivocado
El programa también ha sido criticado por críticos conservadores, quienes dicen que les preocupa que les dé a los posibles inmigrantes un mayor incentivo para arriesgarse en la frontera.
“Cuando comienzas a repartir teléfonos celulares y dices: ‘Te llamaremos cuando necesitemos comunicarnos contigo’, y luego los dejan seguir su camino alegre hacia el interior de Estados Unidos, eso simplemente va a alentar a más y más personas a venir”, dice Chris Chmielenski, subdirector de NumbersUSA, una organización que aboga por una menor inmigración.
En cambio, dice Chmielenski, cualquier persona que cruce la frontera ilegalmente debe ser expulsada del país de inmediato.
“Entonces no tienes que lidiar con centros de detención o alternativas a la detención”, comenta.
Durante una audiencia reciente sobre el presupuesto propuesto para 2023 del Departamento de Seguridad Nacional, el representante Jake LaTurner, republicano de Kansas, expresó su consternación por los planes para hacer crecer el programa ATD.
“¿Realmente cree que la liberación masiva de quienes cruzan ilegalmente nuestras fronteras no envía un mensaje equivocado a los traficantes de personas, los cárteles y los migrantes?”, dijo. “¿No es este otro mensaje más de esta administración de que Estados Unidos no hará cumplir nuestras leyes de inmigración?”.
“No, ese no es el mensaje en absoluto”, respondió el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Los individuos están en procedimientos de aplicación de la ley de inmigración. Y si sus reclamos de reparación bajo las leyes de Estados Unidos no tienen éxito, están sujetos a expulsión. Y la tasa de aparición de individuos en nuestro programa de alternativas a la detención, de hecho, ha aumentado”.
LaTurner no estaba convencido.
“Este programa, sin lugar a dudas”, dijo, “es otro mensaje de que las fronteras están abiertas de par en par. Adelante”.
El dinero para el programa se gastaría mejor en otra parte, dicen algunos
El rápido crecimiento del programa no debería preocupar solo a quienes tienen vínculos con el sistema de inmigración, dice Kocher, quien también es profesor asistente de investigación en Syracuse.
“Esta tecnología es expansiva”, dice. “Y tampoco es que esto vaya a detenerse con los inmigrantes. Podría ser cualquiera. Podría tener multas pendientes en su ciudad. Podrían ser estudiantes suspendidos de la escuela. Su empleador podría usar cada vez más esta tecnología para rastrear lo que estás haciendo en el trabajo”.
Quienes se oponen a la forma en que las autoridades de inmigración de Estados Unidos usan la tecnología a menudo señalan que las herramientas implementadas inicialmente como parte de la aplicación de la ley de inmigración, como la vigilancia fronteriza, luego pueden terminar expandiéndose a otras comunidades y usos.
Kocher y otros críticos del programa de alternativas a la detención argumentan que los recursos utilizados para financiarlo podrían gastarse mejor en otra parte. El presupuesto de este año fiscal incluye más de US$ 440 millones para financiar el programa. Y los funcionarios están solicitando US$ 87 millones más para el próximo año.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que proporcionar representación legal a aquellos con casos en la corte de inmigración haría aún más para garantizar que las personas sigan apareciendo. Los restriccionistas de la inmigración argumentan que los recursos se gastarían mejor en detener y deportar a más inmigrantes que están ilegalmente en el país.
Ninguna de esas opciones parece ser inminente. Pero el impulso para ampliar las alternativas a la detención sigue siendo una clara prioridad.
ICE renovó recientemente un contrato con otra empresa privada para proporcionar 10.000 teléfonos celulares equipados con una aplicación de reconocimiento facial para el registro de inmigrantes.
Por su parte, Joel dice que planea seguir usando el teléfono proporcionado por el gobierno para registrarse todas las semanas.
Dice que la persecución y vigilancia policial lo empujaron a huir de Cuba. Y en Estados Unidos, asegura que está hace todo lo posible para cumplir con las autoridades para que no lo envíen de regreso.
Vale la pena, dice, por la oportunidad de vivir en un país donde hay más libertad.
Priscilla Alvarez de CNN contribuyó a este reporte.