(CNN) – El asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe conmocionó a Japón, un país con una de las tasas más bajas del mundo de delitos con armas de fuego debido a sus estrictas leyes sobre la propiedad de armas.
Abe fue asesinado a tiros este viernes en la ciudad de Nara mientras pronunciaba un discurso de campaña.
La violencia con armas es extremadamente rara en Japón.
En 2018, Japón, un país de 125 millones de habitantes, solo reportó nueve muertes por armas de fuego, en comparación con 39.740 ese año en Estados Unidos, según datos compilados por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sydney.
Nancy Snow, directora para Japón del Consejo Industrial de Seguridad Internacional, dijo que el tiroteo cambiaría a Japón para siempre.
“No solo es raro, sino que es realmente insondable desde el punto de vista cultural”, dijo a CNN. “El pueblo japonés no puede imaginar tener una cultura de las armas como la que tenemos en Estados Unidos. Es un momento sin palabras. Realmente me quedo sin palabras”.
Según la cadena pública japonesa NHK, citando a la policía, el sospechoso del tiroteo de este viernes es un hombre local de unos 40 años, que utilizó un arma artesanal.
Cómo y quiénes pueden acceder a un arma de fuego en Japón
Según las leyes japonesas sobre armas de fuego, las únicas armas permitidas para la venta son las escopetas y los rifles de aire comprimido; las pistolas están prohibidas. Pero conseguirlas es un proceso largo y complicado que requiere esfuerzo y mucha paciencia.
Para obtener una licencia de armas, los posibles compradores deben asistir a una clase de un día de duración, aprobar un examen escrito y una prueba de tiro con una precisión de al menos el 95%. También deben someterse a una evaluación de salud mental y a pruebas de drogas, así como a una rigurosa comprobación de antecedentes, que incluye una revisión de sus antecedentes penales, deudas personales, participación en el crimen organizado y relaciones con familiares y amigos.
Una vez obtenida el arma, el propietario debe registrarla ante la policía y proporcionar detalles sobre el lugar donde se guarda el arma y la munición, en compartimentos separados y cerrados con llave. El arma debe ser inspeccionada por la policía una vez al año, y los propietarios de armas deben volver a tomar la clase y hacer un examen cada tres años para renovar su licencia.
Las restricciones han hecho que el número de propietarios privados de armas en Japón sea extremadamente bajo.
En 2017, se estima que solo 377.000 armas estaban en manos de civiles en un país de 125 millones de habitantes. Eso suponía 0,25 armas por cada 100 personas, en comparación con unas 120 armas por cada 100 personas en Estados Unidos, según el Small Arms Survey, un proyecto del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra.
El último tiroteo público conocido de un político en Japón fue en 2007, cuando el alcalde de Nagasaki, Iccho Ito, recibió al menos dos disparos por la espalda a quemarropa por parte de un presunto gángster. Murió tras sufrir un paro cardíaca.
Desde entonces, Japón ha reforzado sus controles de armas, imponiendo penas más severas para los delitos de armas cometidos por miembros de bandas de delincuencia organizada.
Según la revisión, poseer un arma como parte de un sindicato del crimen organizado puede suponer hasta 15 años de prisión; poseer más de un arma también es un delito, que conlleva una pena de prisión de hasta 15 años. Por su parte, disparar un arma en un espacio público puede acarrear una pena de cadena perpetua.