(CNN Español) – Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y uno de los religiosos más críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega, cumple este viernes 9 días sitiado por la Policía Nacional en la curia diocesana en la ciudad de Matagalpa, 135 kilómetros al norte de Managua. Lo acompañan cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos.
Tras varios días de silencio y especulaciones sobre su posible expulsión del país, Álvarez, de 55 años, reapareció este jueves para celebrar una eucaristía que fue transmitida por las redes sociales de su diócesis.
Durante su homilía, Álvarez expresó: “Nuestras 11 vidas están en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Queremos hacer solamente su voluntad y queremos darle gloria a él”.
El religioso, quien también es administrador apostólico de la diócesis de Estelí, dijo que están “retenidos” en la Capilla de las Mercedes y expresó: “Gracias a Dios (estamos) bien de salud, viviendo en comunidad, en familia, rezando, celebrando la eucaristía, compartiendo entre nosotros, dialogando, conversando, con fuerza interior, con paz y serenidad en el corazón”.
La Policía Nacional de Nicaragua informó el 5 de agosto que Álvarez presuntamente intenta “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”. En su comunicado, la Policía dijo que Álvarez y las otras personas investigadas “se mantendrán en sus casas”.
Un día después, Álvarez dijo desconocer el motivo por el cual se lo investiga: “Como todos ustedes saben, ayer salió ese comunicado de la Policía, en el que básicamente hemos leído dos cosas. Primero, estoy siendo investigado. Bien, no sé de qué, pues ellos estarán haciendo sus propias conjeturas. Y segundo, pues, que formalmente han dicho que tenemos casa por cárcel. Nosotros aquí estamos reunidos y retenidos y estamos siempre con la fuerza interior y la paz, y la alegría en el corazón que el resucitado nos da. La alegría de aquel que nos dice: Ánimo, soy yo, no tengan miedo”.
Álvarez había denunciado el 4 de agosto que la Policía no le permitió salir de su oficina para celebrar una misa en la Catedral. Ese día se vivieron momentos de tensión cuando él salió a la calle con la figura del Santísimo Sacramento en las manos y los policías le salieron al paso. En la transmisión de los medios digitales de la diócesis se apreciaba que varios agentes permanecían en el exterior del Palacio Episcopal.
En un comunicado publicado este jueves en sus redes sociales, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció las medidas policiales que consideró “represivas” contra el obispo y quienes le acompañaban: “Han negado la entrada de alimentos, han impedido el ingreso de la encargada de la cocina, han sembrado el terror espiando la curia con drones, obstaculizando el paso de peatones en la zona, militarizando la ciudad”.
CNN ha pedido la reacción de la Policía Nacional a estas denuncias y está a la espera de respuesta.
Monseñor Álvarez denunció el 20 de mayo que algunas patrullas policiales lo escoltaban durante sus gestiones y que incluso ingresaron a la residencia de su familia en Managua. Dijo que durante varios días estuvo refugiado en la Parroquia Santo Cristo de las Colinas de Managua, en una jornada de ayuno y oración hasta que regresó a su diócesis.
Esta última retención fue precedida por el cierre de siete estaciones de radio religiosas y dos canales locales de televisión, administrados por la Iglesia en el norte del país. La cancelación fue ordenada por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, (Telcor) bajo el argumento de que no contaban con los permisos de transmisión. La Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos condenaron la medida y la consideraron una violación a las libertades de expresión y de culto.
El obispo de Matagalpa, quien coordinaba los medios de su diócesis, dijo que en 2016 se había reunido con el exdirector de Telcor, Orlando Castillo, y que le había presentado toda la documentación legal para actualizar la situación de los medios según las normas vigentes, pero que nunca recibió respuesta.
Telcor ordenó en mayo que las empresas de televisión por suscripción cancelaran la transmisión del Canal Católico de Nicaragua, perteneciente a la Conferencia Episcopal. La institución no argumentó las causas de la medida.
Respaldo internacional a Álvarez
La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó en un comunicado el 8 de agosto que: “la Iglesia de México, a través de sus pastores, [manifiesta su] solidaridad con la Conferencia Episcopal de Nicaragua por los lamentables sucesos que vienen padeciendo y que han provocado sufrimiento e indignación global por la suspensión de garantías individuales, particularmente en sus derechos fundamentales como son la libertad de expresión y la libertad religiosa”.
Por su parte la Conferencia Episcopal de Paraguay condenó “cualquier tipo de violencia, ataques, censura contra la Iglesia”, los que considera “son hechos que quebrantan los principios básicos del Estado de derecho”.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica expresaron “su más sincera solidaridad y cercanía con la Diócesis de Matagalpa, Nicaragua, especialmente con su pastor, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Asimismo, con los sacerdotes, consagrados y laicos frente a la difícil situación que están viviendo y que cada día se agrava más”.
La Conferencia Episcopal de Honduras y el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) también se solidarizaron con el pueblo nicaragüense ante los últimos acontecimientos de esta semana.
Antecedentes del conflicto
En abril de 2019, una de las voces más críticas al gobierno, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, salió del país inicialmente a Roma por petición del papa Francisco, una invitación que él dijo aceptar con “dolor y obediencia”. Báez dijo que, de acuerdo con información de la embajada de EE.UU. en Managua, había supuestos planes para asesinarlo, y se mostró “conmovido” por la situación de violencia y las violaciones de derechos humanos en el país.
El 31 de julio del mismo año, un incendio en una capilla dañó severamente la imagen de la Sangre de Cristo, el crucifijo de mayor veneración en el país, con más de 380 años de antigüedad. La Policía Nacional dijo que el hecho fue accidental, pero el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua lo consideró un acto planificado y el papa Francisco, un atentado.
Ya este año, el 12 de marzo la Santa Sede informó en un comunicado que el Gobierno de Nicaragua le había retirado el beneplácito al nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, y lo instó a salir del país de forma inmediata. En el comunicado no explicaron las causas, pero agradecieron los aportes del religioso en la búsqueda de soluciones a los conflictos en el país y su mediación en el segundo intento de diálogo nacional.
En julio, 18 religiosas de la Caridad fueron expulsadas del país hacia Costa Rica, informó Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de Tilarán, en Guanacaste. La Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua, no informó las causas o circunstancias de la salida de las religiosas y tampoco respondió a consultas de medios independientes.
Además, el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional de Nicaragua cancelaron la personalidad jurídica de la Asociación Misioneras de la Caridad que atendía un hogar de ancianos, una guardería y un hogar de niñas víctimas de violencia. El argumento oficial fue que no tenían autorización para prestar esos servicios y que habían incumplido normativas de regulación. A su llegada a Costa Rica, las religiosas no brindaron respuesta a estas acusaciones, pero expresaron su dolor por dejar de atender a los sectores que servían.
La Arquidiócesis informó en un comunicado este viernes que la Policía no autorizó -por razones de seguridad- la procesión de la Virgen de Fátima prevista para este sábado, con la cual concluía el Congreso Nacional Mariano.
El presidente Ortega ha llamado “terroristas” a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a quienes señala de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que el gobierno denominó “intento de golpe de Estado”. Según la CIDH, las manifestaciones dejaron 355 fallecidos y cientos de detenidos, aunque el gobierno reconoce solo 200 muertos, incluyendo policías.
Los obispos actuaron como mediadores en el primer intento de diálogo nacional en mayo de 2018, con el cual pretendían encontrar una salida a la crisis sociopolítica del país.
