(CNN Español) – La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles un nuevo decreto legislativo a través del cual cancela la personalidad jurídica a otros 100 organismos de la sociedad civil por supuesto incumplimiento de legislaciones regulatorias. Con los últimos organismos ilegalizados, el total clausurado en el país supera los 1.500 desde el año 2018, según un seguimiento del diario La Prensa y la agencia EFE.
El decreto se aprobó con el voto favorable de 75 diputados de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ningún voto en contra y la abstención de 16 diputados de partidos minoritarios.
Según lo planteado en la exposición de motivos, estos organismos incumplieron disposiciones de la Dirección General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Entre los organismos clausurados se encuentra la Asociación de Radio Comunicadores y organismos del gremio productivo como la Asociación de Cafetaleros de Managua.
CNN ha tratado de obtener una reacción de algunos de los organismos clausurados, pero sus directivos prefieren evitar comentarios y, según dicen, concentrarse en los informes de cierre que deben presentar ante las autoridades.
El cierre de organismos de la sociedad civil ha sido una constante preocupación de organismos humanitarios nacionales, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que en mayo pasado expresó que estas cancelaciones masivas violentan el derecho a la libertad de asociación, afecta directamente a miles de beneficiarios de los organismos y desintegra el tejido social en el país.
Organismos internacionales como el Consejo Permanente de Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales en una resolución aprobada este 12 de agosto.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el 16 de junio, en una actualización sobre la situación del país, su preocupación por la “dramática reducción del espacio cívico en el país” tras el cierre de cientos de organismos civiles.
