(CNN) – Esta semana entrarán en vigor una serie de leyes estatales restrictivas sobre el aborto, incluidas las llamadas leyes desencadenantes, lo que pondrá el acceso al aborto fuera del alcance de millones de mujeres, ya que los estados liderados por republicanos se apresuran a limitar el procedimiento desde la revocación de la Corte Suprema del fallo del caso Roe vs. Wade.
Las leyes de activación en tres estados (Idaho, Tennessee y Texas) entrarán en vigencia este jueves y prohibirán los abortos en sus respectivos estados con pocas excepciones, aunque continúan los litigios en torno a ciertos aspectos de las prohibiciones de algunos de esos estados. Estas leyes fueron diseñadas para entrar en vigencia 30 días después de la transmisión de la sentencia de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade, un paso procesal de la corte que tuvo lugar el 26 de julio.
Este viernes entra en vigencia la ley de activación de Dakota del Norte que prohíbe los abortos en la mayoría las circunstancia. Este sábado, en tanto, entra en vigor una ley de Oklahoma que promulga sanciones penales más altas por realizar abortos ilegales, lo que se suma a las ya estrictas leyes del estado que prohíben el procedimiento.
Para alrededor de 10,1 millones de mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años) en estos cinco estados, el acceso al aborto se verá afectado por estas leyes, según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación y políticas centrada en la salud sexual y reproductiva que apoya el derecho al aborto. Con estas leyes vigentes, casi un tercio de los estados de Estados Unidos tendrán restricciones o una prohibición casi total del aborto, según grupos defensores del derecho al aborto.
Si bien estos estados tenían restricciones sobre el aborto antes de esta semana, Dakota del Norte quizás podría experimentar el cambio más drástico.
El estado, que actualmente permite el aborto hasta 20 semanas o más, después de la fertilización, promulgará una prohibición casi total del procedimiento y los abortos con medicamentos. La prohibición del aborto de Dakota del Norte, aprobada en 2007, convertiría en delito grave realizar ese procedimiento en el estado con excepciones por la vida de la madre o en casos de violación o incesto.
Red River Women’s Clinic, la única clínica de abortos del estado, impugnó la prohibición y logró retrasar su implementación durante aproximadamente un mes. Un juez aún tiene que emitir una decisión sobre si otorgar una orden judicial preliminar, lo que detendría la aplicación de la prohibición y brindaría alivio a los proveedores y pacientes. Anticipándose a verse obligada a cerrar sus puertas, la Clínica de Mujeres Red River se instaló al otro lado de la frontera en Moorhead, Minnesota, donde el aborto sigue siendo legal.
Aborto en Texas
Antes de este jueves, el aborto ya estaba efectivamente prohibido en Texas, y las clínicas suspendieron los abortos como resultado de dos leyes de Texas que podrían exponerlas a demandas civiles.
La ley de activación de Texas, aprobada en 2021, hace que los abortos sean ilegales a menos que la mujer embarazada corra riesgo de muerte o “deterioro sustancial de una función corporal importante”. No prevé excepciones en casos de violación o incesto.
Los abortos de hasta seis semanas de embarazo habían estado disponibles en Tennessee, pero la ley que entró en vigencia este jueves prohíbe los abortos en todas las etapas del embarazo, excepto cuando sea necesario para evitar la muerte de la mujer embarazada o un riesgo grave de “deficiencia sustancial e irreversible” de una función corporal. Al igual que Texas, Tennessee tampoco permitiría abortos en casos de violación o incesto.
Idaho también había prohibido recientemente los abortos después de que se detecta actividad cardíaca fetal, lo que puede ocurrir alrededor de las seis semanas de embarazo. La ley de activación de Idaho prohíbe realizar abortos a menos que sea necesario para evitar la muerte de la mujer embarazada, o en situaciones de violación o incesto que hayan sido denunciadas a las fuerzas del orden.
Un juez federal emitió una orden preliminar este miércoles bloqueando la aplicación de la prohibición de Idaho en ciertas emergencias médicas, accediendo a una solicitud de la administración Biden, que había argumentado que la prohibición de Idaho exponía a los médicos a ser procesados por la atención del aborto que estaban obligados a ofrecer según la ley federal.
La decisión de Idaho se produjo un día después de una decisión en un caso de Texas que se refería a cómo la prohibición del aborto en ese estado interactuaba con la ley federal que establecía normas para la atención en salas de emergencia.
El gobierno de Biden ha argumentado que la ley federal, conocida como Ley de tratamiento médico de emergencia y trabajo de parto activo o EMTALA, obliga a los médicos a ofrecer servicios de aborto a pacientes que enfrentan amenazas de muerte u otros riesgos graves para la salud debido a un embarazo.
Un juez federal en Texas rechazó este martes por la noche esa interpretación, aceptando una solicitud de Texas y una organización nacional de que el juez impida que la administración use la ley para exigir que los proveedores ofrezcan servicios de aborto para pacientes de emergencia frente a una prohibición estatal de el procedimiento. En Idaho, el juez estuvo de acuerdo con los argumentos del Departamento de Justicia de que EMTALA se adelantó a las prohibiciones estatales de aborto cuando esas prohibiciones penalizarían los procedimientos de emergencias médicas contemplados por la ley federal.
Ambos casos podrían ser apelados, lo que abre la posibilidad de que se le pida a la Corte Suprema en las próximas semanas que evalúe el alcance de la ley federal y si se adelanta a las prohibiciones estatales de aborto en situaciones de atención de emergencia.
Además, las organizaciones que ofrecen asistencia financiera y logística a las personas que buscan abortos presentaron una demanda federal esta semana en Texas solicitando que la corte bloquee la aplicación de su prohibición de activación y otras prohibiciones sobre el aborto por conductas que ocurren fuera del estado.