(CNN Español) – Tras el rechazo rotundo a la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del domingo, el Gobierno del presidente Gabriel Boric dejó claro rápidamente que el proceso, para ellos, no llegó aún a su punto final. Y la conversación comenzó a girar en torno a la posibilidad de convocar una nueva Convención Constitucional. ¿Pero cómo?
El resultado del plebiscito “exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país”, dijo Boric tras la consulta ciudadana en la que casi un 62% rechazó el texto elaborado por la Convención. Y al día siguiente se reunió con los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para, en sus palabras, “delinear el camino” que permita “avanzar hacia un nuevo proceso constituyente a la brevedad”.
Camila Vallejo, vocera del Gobierno, avanzó en esa dirección, asegurando que desde el Gobierno van a “facilitar y acompañar” un nuevo proceso constituyente y que, en este caso, los “actores protagónicos van a estar radicados en el Congreso nacional”.
Víctor Manuel Áviles Hernández, abogado y docente del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, explicó a CNN en Español cuáles serían los pasos que se deberían seguir si se quisiera avanzar en esta convocatoria. “Desde el punto de vista legal, lo que corresponde es la presentación al Congreso nacional de un proyecto de reforma constitucional que cree un mecanismo desde cero”. En otras palabras: el Congreso debe aprobar, por una mayoría de cuatro séptimos, que se active una nueva Convención Constitucional para redactar otro texto.
El experto explicó que, si bien cualquier legislador puede tener esta iniciativa, lo más lógico sería que el presidente presentara al Congreso una propuesta y que una cuestión fundamental en el marco de la situación política es la negociación previa con los partidos. “El presidente no debiese mandar nada al Congreso que no haya conversado con todos los partidos, incluido la oposición, porque la situación política del presidente hoy día quedó bastante debilitada” y no puede exponerse a que los parlamentarios le rechacen su fórmula, opinó Áviles, el mismo día en que Boric anunció una serie de cambios a su gabinete.
Este procedimiento no implicaría convocar un plebiscito para consultar la opinión de la ciudadanía sobre la formación de una nueva convención —al que se denomina plebiscito de “ingreso” y que las autoridades han descartado— pero sí terminaría en un plebiscito en el que la ciudadanía daría o no luz verde a otro texto para reemplazar la constitución vigente que data de la era del dictador Augusto Pinochet.
La clave del próximo proceso: la conformación de la Convención Constitucional
“Lo más probable” es que un acuerdo del Congreso nacional para una nueva convención incluya detalles sobre cómo elegir a los constituyentes, según Áviles, que puede abordar cuestiones concretas como la paridad y el nivel de escaños reservados.
La conformación de la convención ha sido precisamente uno de los puntos bajo escrutinio. Al respecto, Vallejo admitió que “hay una ciudadanía que a lo mejor no tenía un espacio para expresarse pero tenía opinión” y que no se vio representada en la convención como, “probablemente”, tampoco en Congreso y otras instituciones (al mismo tiempo, hablando de una nueva convención afirmó que “la paridad llegó para quedarse” y que no era un punto en el que se pudieran admitir retrocesos).
Áviles, por su parte, explicó que la cantidad de escaños reservados para los pueblos originarios, así como la forma en que se habilitó la participación de independientes, son factores clave para entender el resultado. También entra ahora en el debate, según el abogado, el papel que deberían ocupar los expertos en el proceso.
¿Pueden transformar la Constitución sin convocar una nueva Convención Constitucional?
Sí. “No hay ninguna obligación de que que haya una Convención Constitucional”, dijo Áviles. El Congreso tiene en la actualidad la facultad de modificar la Constitución. Estas modificaciones pueden ser de carácter procedimental, como las que se necesitan por ejemplo para que se elija una nueva convención, o “podría entrar en temas de fondo”, modificando las disposiciones sobre las que se entiende que hay que introducir cambios.
El resultado de un proceso de este tipo podría ser una Constitución con modificaciones sustantivas. De aplicarse un mecanismo así, aunque claramente no es el camino que parece estar planteando el Gobierno, lo más probable sería que también hubiera un plebiscito final.
Horizonte 2023
José Viacava Gatica, académico en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, dijo en Café CNN que quizás una de las grandes lecciones del proceso fallido es que el país no puede sostener “un proceso permanente de convención constitucional”. “Aquí hay algunos que plantean que esto tiene que rápidamente quedar resuelto en los próximos meses, un año más parecería un tiempo extraordinariamente largo provocando incertidumbre en la vida y en los mercados”, opinó.
Desde el punto de vista constitucional no hay un plazo específico a tener en cuenta en caso de que avance la opción de una Convención Constitucional. Sin embargo, sí hay que considerar cuestiones prácticas. La primera de ellas, según Áviles, es que el Servicio Electoral, el Servel, ha señalado la necesidad de aproximadamente cuatro meses para preparar un proceso electoral de estas características.
Y por otra parte hay que tener en cuenta que hay un “ciclo electoral que comienza en 2024 con las elecciones municipales y continúa el 2025 con la elecciones parlamentarias y presidenciales”.
Por eso, entre las necesidades del Servicio Electoral y el ciclo político, todo apunta a un proceso acotado que tiene número: 2023.
Con información de Germán Padinger y Carolina Melo de CNN en Español.