(CNN) – Fiscales federales quieren que Steve Bannon, exasesor del presidente Donald Trump, reciba una sentencia de seis meses de prisión por desacato al Congreso, según una recomendación presentada este lunes.
Además de cumplir condena, el gobierno busca que pague US$ 200.000 en multas.
“Por su desacato sostenido y de mala fe al Congreso, el acusado debe ser sentenciado a seis meses de prisión, el extremo superior del rango de las pautas de sentencia, y multado con US$ 200.000, basado en su insistencia en pagar la multa máxima en lugar de cooperar con la investigación financiera de rutina previa a la sentencia de la Oficina de Libertad Condicional”, escribieron los fiscales en su presentación judicial este lunes.
Los fiscales dijeron que Bannon no cumplió completamente con la oficina de libertad condicional en su investigación previa a la sentencia, y escribieron que el exasesor “respondió libremente preguntas sobre su familia, vida profesional, antecedentes personales y salud. Pero el acusado se negó a revelar sus registros financieros, insistiendo en cambio en que está dispuesto y es capaz de pagar cualquier multa impuesta, incluida la multa máxima por cada cargo de condena”.
Y agregaron: “Los agitadores que invadieron el Capitolio el 6 de enero no solo atacaron un edificio, sino que atacaron el Estado de Derecho sobre el cual se construyó este país y a través del cual perdura. Al burlarse de la citación de la Comisión Selecta y su autoridad, el acusado exacerbó ese ataque”.
Los fiscales también dijeron que una vez citado, el abogado de Bannon buscó un abogado para el expresidente para obtener una afirmación del privilegio ejecutivo, “aunque el privilegio ejecutivo no podría permitir el incumplimiento total del acusado”.
Bannon, dijo el gobierno, recibió una carta que decía que el privilegio puede ser un problema, pero esa carta no indicaba que se retuviera ningún documento específico porque el abogado de Donald Trump no estaba seguro de que hubiera ningún documento o información privilegiada. El gobierno agregó que el expresidente “no creía que el acusado tuviera inmunidad de testimonio”.
En julio pasado, un jurado declaró a Bannon culpable de dos cargos de desacato al Congreso.
Los abogados de Bannon ahora buscan la libertad condicional para su cliente y piden se retrase la sentencia en espera de su apelación.
“Un juez de sentencia tiene en cuenta la contrición. Alguien fue condenado. ¿Aprendió la lección? Este caso requiere algo más. Se trata de temas más amplios que son importantes para todos los estadounidenses”, escribieron los defensores de Bannon en un documento judicial este lunes.
“¿Debería encarcelarse una persona que ha pasado toda su vida escuchando a expertos ––como funcionario naval, banquero de inversiones, ejecutivo corporativo y asesor presidencial–– por confiar en el consejo de sus abogados? ¿Debería encarcelarse una persona cuando el fiscal se negó a enjuiciar a otras personas que se encontraban en una situación similar, con la única diferencia de que esta persona usa su voz para expresar opiniones políticas muy arraigadas? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, entonces se justifica una sentencia de libertad condicional”, añadieron.
Según los fiscales, cuando Bannon fue citado a declarar, su abogado buscó a un abogado de Trump para obtener una afirmación del privilegio ejecutivo, “aunque el privilegio ejecutivo no podría permitir el incumplimiento total del acusado”.
Bannon, dijo el gobierno, recibió una carta que decía que el privilegio podía ser un problema, pero que la misiva no pedía retener ningún documento específico porque el abogado de Trump no estaba seguro de que hubiera algún documento o información privilegiada. El gobierno agregó que el expresidente “no creía que el acusado tuviera inmunidad de testimonio”.
Los fiscales también revelaron que antes del juicio de Bannon este verano, una oferta de último minuto para cumplir con la citación de la comisión del 6 de enero “tenía condiciones”.
“Es decir, que requeriría que la comisión y el gobierno acordaran que si el acusado cumplía con la citación, el gobierno retrasaría y finalmente desestimaría su juicio”, según el nuevo documento. El gobierno obtuvo la información de una entrevista con un miembro del personal de la comisión el 7 de octubre.