(CNN) – El equipo legal de Donald Trump sopesa si permitir que los agentes federales regresen a la residencia del expresidente en Florida, y potencialmente realicen un allanamiento supervisado, para satisfacer las demandas del Departamento de Justicia de que se devuelvan todos los documentos confidenciales del gobierno, según afirman fuentes a CNN.
En conversaciones privadas con el equipo de Trump, así como en documentos judiciales, el Departamento de Justicia dejó en claro que cree que Trump no cumplió con una citación de mayo que ordenaba la devolución de todos los documentos marcados como clasificados y que siguen faltando más registros gubernamentales.
Algunos miembros del círculo íntimo de Trump no están convencidos de que queden documentos gubernamentales, después de que el FBI incautara casi 22.000 páginas cuando ejecutó una orden de allanamiento en Mar-a-Lago en agosto.
La posibilidad de permitir que los funcionarios federales vuelvan a la propiedad de Trump, probablemente con los abogados de Trump presentes, es tan solo una de las opciones sobre la mesa mientras el equipo de Trump trata de encontrar la mejor manera de proteger al expresidente del peligro legal. No se ha tomado ninguna decisión en firme, mientras que fuentes con conocimiento de la situación dicen que el equipo legal de Trump sigue sopesando cuán serviciales o antagónicos deben ser hacia el Departamento de Justicia.
“Es un riesgo invitar a un abogado del DOJ a almorzar y mucho más [invitarlo] a Mar-a-Lago”, dijo una persona cercana a Trump.
En medio de múltiples batallas legales y con la esperanza de aliviar parte de la presión a la que se enfrenta, Trump ha señalado recientemente a sus asesores y aliados que está abierto a un enfoque menos adverso hacia el Departamento de Justicia, uno que podría resolver rápidamente la cuestión de los registros después de semanas de procedimientos judiciales polémicos, según personas familiarizadas con la situación.
El acercamiento se produce incluso cuando Trump sigue dando rienda suelta a las teorías legales de que los registros que se llevó al final de su presidencia son de su propiedad personal, un argumento que su equipo presentó en los tribunales y que escuchó por primera vez del activista judicial conservador Tom Fitton.
“La creencia general en el mundo de Trump es que esto es mucho ruido y pocas nueces y que cuanto antes lo superemos, mejor”, dijo una persona cercana a Trump, añadiendo que el expresidente ha dicho a sus aliados que “quiere pasar página”.
El cumplimiento por parte de Trump de la citación del jurado investigador supone potencialmente un riesgo legal distinto en medio de las disputas legales sobre si el expresidente manejó mal los documentos clasificados que conservó tras dejar la Casa Blanca. En presentaciones judiciales anteriores, los fiscales afirmaron que el equipo de Trump no había cumplido plenamente con una citación notificada en mayo y “probablemente se hicieron esfuerzos para obstruir la investigación del gobierno”.
Al menos parte de la batalla para asegurar la devolución de los documentos se ha desarrollado tras bambalinas en un procedimiento judicial que está bajo sello, según personas familiarizadas con la situación. Una posible resolución podría implicar que el Departamento de Justicia pida a un juez que emita una orden que obligue al equipo de Trump a trabajar con el DOJ para organizar un nuevo allanamiento.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.
Trump podría estar reconsiderando su enfoque
Fuentes cercanas a Trump señalaron que el expresidente se ha vuelto más proclive al enfoque de cooperación que defienden algunos de sus abogados más experimentados, como el ex procurador general de Florida Chris Kise, que se unió a su equipo legal tras el allanamiento del FBI en agosto. Kise se había enfrentado a resistencia de Trump y de algunos de sus asesores más agresivos.
Trump ha favorecido un enfoque más combativo, incluso acusando a los investigadores federales en un momento dado de plantar evidencia durante su allanamiento en Mar-a-Lago, una afirmación que no ha corroborado en los tribunales.
A medida que se acercan las elecciones intermedias y Trump considera cuál es su próximo paso político, él y sus aliados están ansiosos por obtener algún alivio de su red de problemas legales.
“Está agotado”, dijo una fuente cercana al expresidente. “Quitarse una cosa de encima” le ayudaría a seguir adelante.
Un portavoz del expresidente declinó hacer comentarios.
Entre los factores que complican la situación están las opiniones personales de Trump sobre la disputa de los documentos. Inicialmente afirmó que su equipo había cooperado plenamente con los investigadores e insistió en las redes sociales en que “TODO LO QUE TENÍAN QUE HACER ERA PEDIR”, para que los documentos fueran devueltos.
Desde entonces, Trump ha argumentado, en las redes sociales y en las presentaciones judiciales, que los documentos de Mar-a-Lago son de su propiedad. “¡Quiero que me devuelvan mis documentos!”, dijo el expresidente a principios de octubre.
Todavía el jueves pasado, Trump se quejó ante los donantes en una mesa redonda en Mar-a-Lago de que los investigadores federales “consiguieron ver todo” cuando registraron su residencia y que la investigación era una “farsa total”, según una persona familiarizada con sus comentarios.
Trump ha continuado quejándose con sus asesores y aliados de que está siendo tratado injustamente y de forma diferente a los presidentes anteriores, dijeron múltiples fuentes.
Riesgos legales para los abogados de Trump
Algunos aliados de Trump también están preocupados por que incremente el peligro legal al que se enfrentan actualmente los abogados cuanto más se prolongue el asunto de los documentos confidenciales.
La abogada de Trump, Christina Bobb, tuvo que contratar a su propio abogado después de firmar un testimonio en junio que declaraba que el equipo de Trump había realizado una “búsqueda diligente” para cumplir con la citación del Departamento de Justicia y había devuelto todos los documentos marcados con la leyenda de clasificado.
Bobb, que era la custodia de los registros de Trump en ese momento, dijo recientemente a los investigadores federales en una entrevista voluntaria que el testimonio había sido redactado por otro abogado de Trump, Evan Corcoran, para que ella lo firmara. Una fuente con conocimiento del suceso dijo que Bobb fue llevada rápidamente a Mar-a-Lago para firmar el documento, pero insistió en añadir primero una línea en la que decía que su conocimiento estaba “basado en la información que se le ha proporcionado”.
Dos meses más tarde, el FBI realizó el allanamiento en Mar-a-Lago, recuperando miles de documentos gubernamentales adicionales, incluyendo más de 100 marcados como clasificados.
Corcoran ha insistido a sus colegas en que no cree que se enfrente a ningún riesgo legal y no ha contratado a un abogado, según fuentes familiarizadas con su situación.
A un tercer abogado de Trump, Boris Epshteyn, el FBI le incautó su teléfono celular el mes pasado y prestó una declaración ante un jurado investigador de Georgia que investiga los esfuerzos para anular las elecciones de 2020.
En su conversación con los investigadores federales, Bobb también habló de Epshteyn, dijo una fuente informada sobre el asunto.
Evan Perez y Katelyn Polantz contribuyeron con este reportaje.