(Reuters) – El Congreso de Colombia aprobó este miércoles una ley que autoriza al presidente Gustavo Petro a buscar la paz con los grupos guerrilleros y las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico, a través de la negociación y procesos de sometimiento a la justicia.
Petro, un economista de 62 años que en agosto asumió como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, se propone iniciar un proceso de paz total que silencie los fusiles y ponga fin al conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado al menos 450.000 muertos y millones de desplazados.
La ley aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes y previamente por la del Senado, entrega facultades al mandatario para iniciar negociaciones de paz con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazó un acuerdo de 2016 y regresó a la lucha armada y otra que nunca firmó el pacto.
También autoriza al presidente a iniciar diálogos con bandas criminales implicadas en el narcotráfico y la minería ilegal como el Clan del Golfo cuyos líderes e integrantes podrán recibir beneficios como rebajas de penas y no extradición a cambio de la delación de rutas para exportar cocaína y la entrega de parte de las fortunas obtenidas ilegalmente.
“Es el inicio hacia la profundización de la democracia, de la solidaridad, de la inclusión, pero sobre todo el inicio para pasar la página definitivamente del baño de sangre en que todavía estamos sumidos, del retraso al que nos somete el conflicto armado, que nos debe conducir hacia la paz total, donde la vida sea digna”, dijo a periodistas el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Petro planteó a finales de agosto un cese multilateral del fuego que involucre a los grupos armados ilegales y a las Fuerzas Armadas para generar confianza mientras se avanza en la búsqueda de la paz.
El Gobierno de Colombia y el ELN anunciaron a comienzos de octubre en Caracas que restablecerán el proceso de diálogo después de la primera semana de noviembre en un nuevo intento por poner fin a la participación del grupo rebelde en el violento conflicto armado, pero no precisaron el lugar de la negociación.
La norma aprobada por el Congreso permitirá la ubicación temporal de grupos armados ilegales zonas precisas y determinadas del país en las que quedarán suspendidas la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las que tengan fines de extradición, mientras se avanza y se concluyen los procesos de diálogo.
Adicionalmente, contempla la creación de un fondo para la paz para garantizar la inversión social en las zonas apartadas golpeadas por la violencia y la presencia de los grupos armados ilegales.