Washington (CNN) – A medida que Donald Trump se acerca a lanzar otra carrera presidencial después de las elecciones de mitad de período, los funcionarios del Departamento de Justicia han discutido si una candidatura de Trump crearía la necesidad de un fiscal especial para supervisar dos investigaciones federales en curso relacionadas con el expresidente, dicen fuentes familiarizadas con el asunto a CNN.
El Departamento de Justicia también está dotando de personal a sus investigaciones con fiscales experimentados para estar preparado para cualquier decisión después de las elecciones de mitad de período, incluida la posible medida sin precedentes de acusar a un expresidente.
En las semanas previas a las elecciones, el Departamento de Justicia ha observado el tradicional período de tranquilidad de no hacer ningún movimiento abierto que pueda tener consecuencias políticas. Pero entre bastidores, los investigadores se han mantenido ocupados, utilizando agresivas citaciones del gran jurado y batallas judiciales secretas para obligar a declarar a los testigos tanto en la investigación sobre los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 como en su presunto mal manejo de los documentos de seguridad nacional guardados en su casa de Palm Beach.
Ahora los investigadores federales están planeando un estallido de actividad postelectoral en las investigaciones relacionadas con Trump. Eso incluye la perspectiva de acusar a los asociados de Trump, movimientos que podrían complicarse si Trump declara su candidatura a la presidencia.
“Pueden levantar cargos contra casi cualquiera si quisieran”, dijo un abogado defensor que trabaja en asuntos relacionados con el 6 de enero, quien agregó que los abogados defensores “no tienen idea” de quién será finalmente acusado.
“Esto es lo que da miedo”, dijo el abogado.
Trump y sus asociados también se enfrentan a la exposición legal en Georgia, donde la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, está investigando los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 en el Estado del melocotón y espera concluir su investigación a finales de año.
Acusar a un candidato activo a la Casa Blanca seguramente desataría una tormenta política. Y aunque no se ha tomado ninguna decisión sobre si podría ser necesario un fiscal especial en el futuro, los funcionarios del Departamento de Justicia han debatido si hacerlo podría aislar al Departamento de Justicia de las acusaciones de que la administración de Joe Biden está apuntando a su principal rival político, dicen a CNN personas familiarizadas con el asunto.
Los fiscales especiales, por supuesto, no son inmunes a los ataques políticos. Tanto la investigación sobre Rusia de Robert Mueller como la de John Durham sobre los orígenes de la investigación del FBI sobre Rusia fueron objeto de críticas mordaces por parte de sus oponentes.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios para este artículo.
La incorporación de un grupo de expertos
El Departamento de Justicia ha incorporado un grupo de expertos para asesorar a alto nivel sobre las investigaciones de Trump, según personas familiarizadas con los movimientos.
Los altos cargos de Justicia han recurrido a una vieja guardia de antiguos fiscales del Distrito Sur de Nueva York, incorporando a las investigaciones al fiscal federal de Kansas City y experto en seguridad nacional David Raskin, así como a David Rody, un fiscal reconvertido en abogado defensor que anteriormente se especializó en casos de bandas y conspiraciones y que ha trabajado ampliamente con cooperadores del Gobierno.
Rody, de cuya participación no se había informado anteriormente, dejó una lucrativa asociación en la prestigiosa firma de defensa corporativa Sidley Austin en las últimas semanas para convertirse en un abogado senior en el DOJ en la división penal en Washington, según su perfil de LinkedIn y fuentes familiarizadas con el movimiento.
El equipo de la Fiscalía de Washington que se encarga del trabajo diario de las investigaciones del 6 de enero también está creciendo, incluso mientras los casos de sedición de la oficina contra los extremistas de derecha van a juicio.
Otros fiscales se han unido al equipo de las investigaciones del 6 de enero, entre ellos un fiscal de alto rango especializado en fraude y corrupción pública que ha dejado de ser supervisor y se ha incorporado al equipo, y un fiscal con años de experiencia en el trabajo de apelación penal que ahora participa en algunas de las actividades del gran jurado.
En conjunto, la reorganización de los fiscales indica una investigación seria y en aumento sobre Trump y sus círculos más cercanos.
La gran decisión de Garland sobre Trump
La decisión de acusar a Trump o a sus asociados recaerá en última instancia en el fiscal general Merrick Garland, a quien el presidente Joe Biden eligió para el puesto porque su trayectoria como juez le proporcionó cierta distancia de la política partidista, después de que los republicanos del Senado bloquearan su nominación al Tribunal Supremo en 2016.
Varios exfiscales creen que existen los hechos para un caso potencialmente imputable. Pero Garland tendrá que navegar por la decisión políticamente peligrosa e histórica de cómo abordar la potencial acusación de un expresidente.
En marzo, Garland evitó responder a una pregunta de CNN sobre la perspectiva de un fiscal especial para las investigaciones relacionadas con Trump, pero dijo que el Departamento de Justicia “no rehúye los casos que son controvertidos o sensibles o políticos”.
“Lo que evitaremos y lo que debemos evitar es cualquier elemento partidista en nuestra toma de decisiones sobre los casos”, dijo Garland. “Eso es lo que pretendo garantizar que las decisiones del Departamento se tomen sobre el fondo, y que se hagan sobre los hechos y la ley, y no se basen en ningún tipo de consideraciones partidistas”.
Las difíciles decisiones de Garland van más allá de Trump. La larga investigación sobre Hunter Biden, hijo del presidente, está a punto de concluir, dicen personas informadas al respecto. También se espera una decisión final sobre la investigación del representante republicano de Florida Matt Gaetz, después de que los fiscales recomendaran no presentar cargos.
Es probable que no pase mucho tiempo después de las elecciones de mitad de período para que la atención se centre en la carrera presidencial de 2024. Eso podría incentivar a los altos funcionarios del Departamento de Justicia a tomar decisiones cruciales de acusación lo más rápido posible, incluyendo si presentar cargos contra el propio Trump u otros activistas políticos de alto nivel, dicen otras fuentes familiarizadas con el funcionamiento interno del Departamento de Justicia.
“No van a presentar cargos antes de que estén listos para hacerlo”, dijo un exfuncionario del Departamento de Justicia con cierto conocimiento del pensamiento en torno a las investigaciones. “Pero habrá una presión añadida para terminar la revisión” de los casos antes del típico plazo de cinco años que tiene el DOJ para presentar cargos.
Complicaciones en Georgia para Trump
Los asuntos también podrían complicarse por la situación en Georgia, donde Willis está investigando los esfuerzos de Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020 en ese país. Willis dijo que aspira a que un gran jurado independiente termine su trabajo de investigación a finales de año.
Willis ha observado su propia versión de un período de calma en torno a las elecciones de mitad de período y está buscando traer testigos ante el gran jurado en las próximas semanas. Fuentes anteriores dijeron a CNN que las acusaciones podrían llegar tan pronto como en diciembre.
Aliados clave de Trump, como el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham y el ex secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows están entre los testigos que han tratado de luchar contra las citaciones en la investigación estatal sobre los esfuerzos para interferir en las elecciones de Georgia 2020.
Cómo se resuelvan esas disputas en Georgia —incluyendo si los tribunales obligan a prestar testimonio— podría mejorar la capacidad del DOJ para reunir información, al igual que la investigación de la comisión seleecta de la Cámara de Representantes del 6 de enero se sumó a las pistas de investigación del DOJ desde dentro de la Casa Blanca de Trump.
Un periodo no tan tranquilo
Los meses previos a las elecciones han dado poco respiro a la actividad política y legal en torno a las investigaciones. La Fiscalía de Washington —que sigue cargando con el grueso de las investigaciones del 6 de enero— ha lidiado con el agotamiento en sus filas, ya que los fiscales están llevando a juicio o consiguiendo declaraciones de culpabilidad a los más de 800 alborotadores que estaban en el recinto del Capitolio y aún buscan acusar a cientos más.
Trump también ha frustrado los esfuerzos del Departamento de Justicia por mantener el silencio en las semanas previas a las elecciones, lo que ha provocado un aluvión constante de titulares relacionados con la investigación.
El equipo legal de Trump puso en marcha con éxito un complicado proceso dirigido por el tribunal para clasificar miles de documentos incautados en Mar-a-Lago, para determinar si son privilegiados y están fuera de los límites de los investigadores. Pero el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia han tenido acceso durante semanas a unos 100 registros marcados como clasificados que Trump había guardado en Florida.
El resultado de la revisión de esos documentos por parte de los servicios de inteligencia puede determinar si se presentan cargos penales, según una fuente familiarizada con el enfoque del Departamento de Justicia.
Sin embargo, en ambas investigaciones, la actividad judicial bajo secreto nunca cesó, ya que el Departamento de Justicia trató de obligar a al menos cinco testigos del entorno de Trump a proporcionar más información en secreto en sus investigaciones del gran jurado en Washington, según ha informado previamente CNN.
Este martes, un juez federal ordenó al asesor de Trump, Kash Patel, que testificara ante un gran jurado que investiga el manejo de registros federales en Mar-a-Lago, según dos personas familiarizadas con la investigación.
La jueza Beryl Howell, del Tribunal de Distrito de Washington, concedió a Patel la inmunidad judicial sobre cualquier información que proporcione a la investigación, otro paso significativo que acerca al Departamento de Justicia a una posible imputación del caso.
Sara Murray, Paula Reid y Zachary Cohen de CNN contribuyeron a este informe.