(CNN Español) – El enfrentamiento previsto entre España y Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar desató una ola de mensajes xenófobos que ponen de manifiesto algunos problemas de convivencia entre los ciudadanos de ambos países en territorio español, aún cuando en el terreno político los países atraviesan el que se ha calificado como un “momento dulce”.
La relación entre España y Marruecos habitualmente llega a las portadas de todo el mundo cuando se registran hechos de violencia a las puertas de los enclaves españoles de Melilla y Ceuta, en la frontera con Marruecos, como los que este año dejaron decenas de muertos y encendieron las alarmas por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad.
Sin embargo, este es apenas uno de los capítulos de la compleja relación entre ambos países, atravesada por el proceso de inmigración de marroquíes a España que comenzó tímidamente en la década de 1970 y se expandió con fuerza a partir de los 2000.
Las cifras clave
En España —que tiene 47,4 millones de habitantes— viven cerca de 873.000 marroquíes, según datos oficiales citados por la Encuesta de Población Activa. El mayor porcentaje, en torno al 15%, está en Barcelona (capital de la comunidad autónoma de Cataluña, que es donde hay más marroquíes). Allí la cifra asciende a unos 137.000. Le siguen Murcia, con unos 90.000 habitantes de origen marroquí, y Madrid con poco más de 80.000.
La cifra es significativamente superior a la de personas provenientes de otros países cercanos a Marruecos. De Argelia, por ejemplo, hay poco menos de 65.000 habitantes, mientras que los mauritanos ascienden a unos 8.300.
Marruecos es, además, el país del que proviene más inmigrantes. Le siguen Rumania, de donde hay unas 645.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadísticas.
Los discursos de odio alimentados por la ultraderecha
El grado de aceptación de los españoles jóvenes a los inmigrantes varía considerablemente en función de su origen, según un estudio publicado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud en noviembre, y las personas originarias de Marruecos, junto a las de Rumania (asociadas a la etnia gitana), son las más rechazadas.
El 47,3% de los jóvenes consultados en ese estudio dijo que los marroquíes eran quienes tenían mayores dificultades para la integración, contra, por ejemplo, el 18,4% que identifica a los latinoamericanos como aquellos con más desafíos. Además de la percepción sobre estas dificultades, los marroquíes y los musulmanes son los más rechazados para “ocupar posiciones socialmente relevantes” como jefes, profesores o policías, y también como amigos o vecinos, según el estudio.
Sobre este punto en particular, cerca del 27% de los jóvenes dice que a ellos no los condicionaría que una persona fuera marroquí para hacerse amigos, pero que el factor sí pesaría en su familia. Es el índice más alto al comparar personas de distintos orígenes, salvo por el caso de quienes pertenecen a la etnia gitana, donde el porcentaje se eleva al 28%. Poco más del 10% dice directamente que preferiría no tener trato con marroquíes.
Los problemas de convivencia entre españoles y marroquíes están alimentados por los discursos xenófobos de la ultraderecha que han ganado terreno en España en los últimos años. Uno de los protagonistas de tales discursos ha sido el partido Vox, que nació en 2013 y para las elecciones de 2019 se convirtió en la tercera fuerza más votada del país.
El partido presidido por el diputado Santiago Abascal promueve una política de mano dura contra los inmigrantes indocumentados y ha hecho énfasis en aquellos provenientes del Magreb, la región africana que comprende Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y el territorio en disputa del Sahara Occidental.
En enero de 2021, por ejemplo, Twitter —en la era pre Elon Musk, cuando aún no se cuestionaban los controles de los mensajes de odio— limitó ciertas funcionalidades de Vox por incitación al odio luego de que ese partido publicara un tuit que denunciaba la “delincuencia importada”,como consignó entonces RTVE.
El mensaje decía que en Cataluña los inmigrantes, principalmente provenientes del Magreb, representaban el 0,2% de la población y más del 90% de las denuncias de delitos, e iba acompañado con la etiqueta “StopIslamización”. Las cifras, según la comprobación de los medios públicos españoles, eran completamente falsas: el 13% de los delitos se había imputado, según datos oficiales de 2019, a personas provenientes de países africanos.
Además de los delitos, otro de los temas que ha estado en el centro de los mensajes contra los inmigrantes han sido las prestaciones del Estado. El ejemplo más tristemente célebre fue una campaña del año pasado en la que Vox decía falsamente que un MENA, la sigla con la que se denomina a los inmigrantes menores no acompañados, recibía una ayuda de 4.700 euros al mes mientras que “tu abuela”, en referencia a un jubilado, recibía 426 euros de pensión. Las cifras fueron ampliamente denunciadas como manipulaciones y además, desmentidas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional han hecho campañas para combatir este tipo de mensajes. En el caso de las prestaciones que se brindan a los inmigrantes, Amnistía Internacional explica que quienes piden asilo, una vez que formalizan su solicitud, comienzan “a vivir en un piso gestionado por una ONG o en un centro de acogida y el Gobierno le ofrece una asignación económica durante un periodo de seis meses prorrogable por otros seis”. “Un tiempo muy escaso para que una persona que viene de otro país, por ejemplo huyendo de un conflicto armado, pueda rehacer su vida”.
La realidad de los delitos
Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas muestran que de los 410.842 delitos de los que tiene registro, un total de 308.096 fueron cometidos por personas de nacionalidad española, mientras que 32.696 se imputan a ciudadanos de países africanos, entre los que se encuentran los marroquíes. Esto quiere decir que el 7,9% de los delitos fueron perpetrados por personas africanas, contra el 74,9% cometido por españoles.
Si la estadística se desagrega por tipo de delitos, se encuentra que en algunos de los más mencionados en asociación con los inmigrantes del Magreb, como los robos y los delitos sexuales, el porcentaje cometido por españoles es sistemáticamente mayor al porcentaje cometido por africanos.
Para poner en contexto este dato sí es necesario sumar una variable más: el porcentaje de la población que representan los ciudadanos de origen marroquí, que tomando en cuenta los datos estadísticos más recientes ascendería a poco menos del 2%. Eso quiere decir que este 2% –en parte, porque los delitos hablan de procedencia africana y no distingue países para la nacionalidad– son responsables del 7,9% de los delitos.
Un “momento dulce” en la relación política entre España y Marruecos
En el terreno político, los reinos de Marruecos y España atraviesan el que un informe de RTVE califica de “momento dulce” que se explica, al menos parcialmente, por el cambio de posición de los españoles en una cuestión de profunda importancia política para los marroquíes: el Sahara Occidental.
España administró el Sahara Occidental, una región del norte de África que se extiende por unos 266.000 km cuadrados, según reseña Amnistía Internacional, hasta 1975. Ese año, según explicó el historiador César Vidal en diálogo con CNN en Español, “se produjo la invasión del Sáhara por Marruecos, invasión que vino facilitada por el último gobierno de (Francisco) Franco” que permitió el avance de los marroquíes en lugar de avanzar hacia una salida conforme al derecho internacional, en lo que “ha sido una ocupación muchas veces con carácter de genocidio desde 1975 hasta ahora”.
Marruecos controla actualmente parte del Sahara Occidental, mientras que otra está bajo el mando del Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro, conocido como el Frente Polisario, un movimiento que busca la independencia de la región y que ha proclamado la República Árabe Saharaui Democrática. La ONU, por su parte, considera esta región bajo el estatus de “no autónomo”, lo que según las reglas de la organización implicaría que debe existir un proceso de libre determinación para que sus habitantes decidan el destino del territorio. En otras palabras, que ellos mismos decidan si quieren ser independientes o no.
Hay un cuarto protagonista importante en este asunto: Argelia, que recibió a cerca de la mitad de la población del Sahara Occidental, según la organización, tras los combates que se iniciaron cuando España dejó el control del territorio en 1975.
En 1991 la ONU aprobó un “Plan de arreglo” que se había hecho entre Marruecos y el Frente Polisario, que implicaba convocar un referéndum para que los pobladores del Sahara Occidental definieran su futuro. Sin embargo, nunca se llevó a cabo. Marruecos, por su parte, propuso en 2007 a la ONU darle cierta autonomía a la región pero bajo su soberanía, una solución con la que el resto de las partes no concuerdan.
La comunidad internacional siempre ha estado a favor de la autodeterminación, hasta que el entonces presidente Donald Trump se manifestó a favor de la soberanía de Marruecos sobre la región en una declaración de 2020. Y este año, el Gobierno español encabezado por Pedro Sánchez manifestó que la propuesta de 2007 de Marruecos es “la base más sólida, realista y creíble” para poner fin al conflicto en el Sahara Occidental. Esto causó un “malestar tremendo”, en palabras de Vidal, ya que contradice la posición internacional que tanto los gobiernos de izquierda como de derecha habían respetado, pero acercó a los dos países.
Según Vidal, no obstante, la relación entre los dos países –más allá del cambio de este año– históricamente ha sido “mala”.
“Ahora mismo Marruecos está exigiendo la soberanía marítima de zonas que son de soberanía española y ha hecho un retrazado de las aguas territoriales en torno a Canarias, que se mete en las Islas Canarias”, explicó.
“Marruecos sigue avanzando en sus objetivos”, afirmó, y explicó que las concesiones de España no son un fenómeno de este Gobierno. “La política de concesiones a Marruecos para no tener líos es una política que viene desde la dictadura de Franco”, dijo.