(CNN Español) – Antes de ser detenido, el ahora expresidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso de Perú y manifestó sus intenciones —ya truncadas— de gobernar mediante decreto ley, una medida que tiene vastos antecedentes en el país, entre ellos el llamado “autogolpe” del expresidente Alberto Fujimori en 1992.
La Constitución de Perú le da al presidente la potestad de disolver el Congreso “si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, cosa que no ha sucedido en el país en este caso, por lo que la decisión de Castillo de disolver el Parlamento fue considerada una medida inconstitucional, según el consenso de analistas constitucionales de ese país.
El Congreso, pese a las intenciones de Castillo, se reunió, aprobó una moción de vacancia en su contra y posteriormente el exmandatario fue detenido.
Martín Vizcarra fue el último presidente que, en 2019, decidió disolver el Congreso del país andino. Sin embargo, los casos no son comparables según expertos como el abogado Aníbal Quiroga, quien dijo a CNN que eso se hizo “constitucionalmente” aunque “de manera dudosa”.
En ese entonces, el historiador Daniel Parodi Revoredo explicaba en un texto publicado por El Comercio de Perú que la disolución del Poder Legislativo ha sido un “lugar común” en el transcurso del siglo XX y hacía un recuento de al menos siete casos.
El “autogolpe” de Fujimori en 1992
El antecedente previo es el llamado “autogolpe” del entonces presidente Alberto Fujimori en 1992. Fujimori intervino todos los poderes del Estado y con el cierre del Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público, concentró el poder en sí mismo y gobernó sin restricciones.
Para los opositores, esa decisión convirtió a un presidente democrático en un dictador, mientras que para sus seguidores fue lo que permitió acabar con la hiperinflación que azotaba al país en ese momento y con el grupo terrorista Sendero Luminoso.
La primera disolución del siglo tuvo lugar en el año 1919, según Parodi, cuando el entonces candidato presidencial opositor Augusto Leguía, con apoyo de las fuerzas del orden, disolvió el Poder Legislativo y convocó un Congreso Constituyente. La siguiente instancia, que califica como “un tanto sui generis”, ocurrió en 1936 y fue cuando Óscar Benavides desconoció el triunfo de Luis Antonio Eguiguren y el Congreso decidió “autodisolverse y prolongar hasta 1939 el mandato de Benavides. Desde entonces, el autoritario general gobernó por decreto”.
Los dos siguientes cierres del Congreso ocurrieron en 1948 y 1962, por acción de los generales Manuel Arturo Odría y el dúo de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López, respectivamente. En la década de 1960 hubo una disolución más, en 1968, a manos del general Juan Velasco Alvarado.
Los casos no son todos iguales, porque en algunos los generales quisieron mantener “la apariencia democrática eligiendo congresos absolutamente adictos a sus respectivos regímenes”, mientras que en otros se gobernó por decreto directamente.