(CNN) – Dos años después de que los agitadores irrumpieran en el Capitolio de EE.UU., la extensa investigación criminal del Departamento de Justicia sobre el esfuerzo por bloquear la transición pacífica del poder entra en una nueva fase luego que el fiscal especial añadiera dos fiscales de mano derecha a un equipo experimentado que finalmente determinará si el expresidente Donald Trump o sus aliados deben enfrentar un juicio.
El fiscal especial Jack Smith regresó a EE.UU. después de pasar el último mes trabajando de forma remota en Europa mientras se recuperaba de un accidente de bicicleta.
Incorporará a dos asociados de mucho tiempo que se han especializado en casos de corrupción pública, según una persona familiarizada con el asunto: Raymond Hulser, exjefe de la sección de integridad pública del Departamento de Justicia, y David Harbach, quien dirigió casos contra el exsenador John Edwards y el gobernador de Virginia, Bob McDonnell.
La expansión bajo Smith refuerza la capacidad de la oficina para examinar casos amplios de conspiración y determinar las vías de la investigación, dijo otra fuente. Se unen a un equipo de más de 20 fiscales del Departamento de Justicia, así como a asesores principales incorporados al departamento en los últimos meses, que ya estaban investigando a Trump y sus aliados.
A pesar de las garantías del secretario de Justicia Merrick Garland de que el nombramiento de Smith no retrasará las investigaciones duales relacionadas con Trump, establecer su oficina lleva tiempo. El equipo de Smith todavía está trabajando para encontrar una ubicación de oficina física permanente, pero ha comenzado a cambiar las direcciones de correo electrónico de los empleados que anteriormente habían estado usando sus cuentas habituales del Departamento de Justicia.
CNN vio a Harbach orientándose en el juzgado federal en Washington el jueves, hablando con otro fiscal especial sobre casos de grupos extremistas y asistiendo brevemente a un juicio por conspiración sediciosa en curso de Oath Keepers.
Según el Departamento de Justicia, más de 950 acusados han sido arrestados por su presunta participación en los disturbios del 6 de enero de 2021, y más de 500 fueron declarados culpables. Cuatro personas murieron en el ataque, incluida la agitadora Ashli Babbitt, quien recibió un disparo de un agente de policía del Capitolio, dos miembros de la multitud que sufrieron ataques cardíacos y uno que murió de una sobredosis. El Departamento de Justicia dice que 140 agentes resultaron heridos ese día y cinco murieron en los meses posteriores al motín, uno de derrames cerebrales y cuatro por suicidio.
Smith y su nuevo equipo heredaron la investigación del 6 de enero en un momento crucial, ya que el público tiene una mejor comprensión de hasta dónde llegaron el expresidente y sus aliados para tratar de mantener a Trump en la Oficina Oval, pero también porque investigadores del Congreso golpean los límites de sus poderes.
Y donde la comisión selecta de la Cámara de Representantes chocó contra obstáculos en su investigación, incluso con testigos recalcitrantes que reclamaron privilegios o, como Mark Meadows, se negaron a cooperar con los investigadores del Congreso a mitad de camino, los fiscales del Departamento de Justicia que ahora trabajan bajo las órdenes de Smith tendrán ciertas herramientas para desmantelar esas barreras. Incluyen procedimientos legales en curso sobre la perforación del escudo de confidencialidad que normalmente rodea a un presidente.
El fiscal especial también tiene una gran cantidad de evidencia disponible que ahora necesita revisar, incluida la evidencia entregada recientemente por la comisión del 6 de enero de la Cámara, documentos de citación proporcionados por funcionarios locales en estados clave y descubrimientos recopilados por abogados para los aliados de Trump a fines del año pasado en una ráfaga de actividad, al menos parte de la cual aún no ha sido revisada, según fuentes familiarizadas con la investigación.
El propio Smith envió citaciones a funcionarios electorales en siete estados disputados y recibió una gran cantidad de material. En la respuesta del secretario de estado de Michigan se incluye un correo electrónico de un funcionario del condado que informaba sobre dos mensajes de voz que recibió en diciembre de 2020 de personas que buscaban acceso a equipos de votación. Una llamada provino de alguien que afirmaba trabajar para el equipo legal postelectoral de Trump, escribió el empleado.
Esfuerzos para llegar al propio Trump
A medida que se vuelve más clara la participación directa de Trump en los esfuerzos para bloquear la certificación de las elecciones de 2020, también lo hacen los obstáculos que los investigadores pueden enfrentar si intentan construir un caso contra el expresidente.
“Es posible que lleguen a los coroneles, pero es posible que no lleguen al general”, dijo a CNN Michael Moore, fiscal federal durante la administración de Obama.
Correos electrónicos de testigos, mensajes de texto y testimonios de la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes muestran el papel de Trump en la promoción de listas alternativas de electores, presionando a los funcionarios estatales en el campo de batalla para anular los resultados de las elecciones, intentando reemplazar al secretario de Justicia interino con alguien que acepte las denuncias de fraude electoral y sentar las bases desde el principio para llamar a sus seguidores al Capitolio.
“Las expectativas de POTUS son tener algo íntimo en la elipse y llamar a todos a marchar hacia el capitolio”, escribió la organizadora del mitin Katrina Pierson en un correo electrónico días antes del ataque al Capitolio.
Pero las transcripciones de las entrevistas publicadas por el comité también revelan lagunas que podrían obstaculizar a los investigadores federales, testigos con memoria vacilante y testimonios sobre la evasión tecnológica de Trump.
“Mi padre no usa mensajes de texto ni correos electrónicos”, dijo Donald Trump Jr. a los investigadores del Congreso durante su entrevista. En cuanto a otras aplicaciones de mensajería, “no estoy seguro de que él supiera cuáles eran”, dijo Trump Jr.
El estilo de Trump de hacer pedidos ambiguos en lugar de demandas directas también se mostró cuando presionó a los funcionarios estatales para cambiar los resultados de las elecciones. “Una cosa que sí recuerdo es que nunca, hasta donde yo recuerdo, hizo una solicitud específica”, dijo Mike Shirkey, exlíder de la mayoría en el Senado de Michigan. “Siempre fueron solo temas generales”.
Nueva información sobre quién sabía qué sobre el esquema de los electores falsos
La investigación de la comisión ha brindado una imagen más completa y matizada de los complots interconectados que el Departamento de Justicia ha estado investigando, incluido un esquema para presentar listas de electores ilegítimos de Trump de estados conflictivos que Biden ganó para presionar al entonces vicepresidente Mike Pence y al Congreso para que detuvieran la certificación de los resultados.
El personal de la campaña testificó que Trump estaba detrás de la campaña para llevar a cabo la maniobra, y el panel recopiló otra evidencia de que Trump estaba al tanto de su operación, incluso con una llamada telefónica a la presidenta de la RNC, Ronna McDaniel.
Según la evidencia recopilada por la comisión, muchos de los agentes estatales y los propios electores fraudulentos no sabían en gran medida cuál era el final del gambito. Varios de ellos testificaron que tenían la impresión de que se estaban reuniendo electores suplentes como un plan de contingencia en caso de que Trump ganara en un desafío legal que cambiara el resultado en su estado.
Mientras tanto, los principales funcionarios de la campaña de Trump se distanciaron del esfuerzo después de que el último desafío electoral destacado, una petición descabellada en la Corte Suprema, se agotó el 11 de diciembre de 2020.
Para aquellos que continuaron trabajando en el plan con la certificación en el Congreso en mente, “el Departamento de Justicia tendría un caso mucho más fácil de probar”, dijo Ryan Goodman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y ex abogado general del Departamento de Defensa.
La comisión ha reunido evidencia de que un grupo de asesores legales de Trump, y concretamente, el exjuez estatal de Wisconsin Jim Troupis y el abogado Kenneth Chesebro, estaban analizando la certificación del Congreso mientras ponían en marcha el plan de falsos electores.
Un memorando que describe el plan el 9 de diciembre sugiere que esos asesores consideraban cruciales a los electores suplentes no solo en el caso de un fallo judicial que revirtiera la derrota electoral de Trump, sino también si una “legislatura estatal” o un “Congreso” consideraba a los electores de Trump como los válidos.
Trump y sus aliados podrían enfrentar una exposición criminal adicional, más allá de la investigación del Departamento de Justicia, ya que los fiscales en Georgia también están investigando los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales allí. La fiscal de distrito del área de Atlanta que dirige la investigación, Fani Willis, ha calificado a las personas que sirvieron como electores pro-Trump de Georgia como “objetivos” en su investigación, junto con algunos aliados notables de Trump como Rudy Giuliani.
Mark Meadows en el centro de atención
Si bien la comisión tomó la decisión histórica de remitir a Trump al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento penal, también nombró a varios aliados de Trump como posibles cómplices en su informe final. Uno de ellos fue el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.
“Era bastante obvio que el expresidente era el centro de esta conspiración, pero ciertamente contó con la ayuda de muchos otros, incluidos… Mark Meadows y similares”, dijo la representante Zoe Lofgren, una demócrata de California que se desempeñó en la comisión.
Meadows aparece repetidamente en la investigación de la comisión, con evidencia que muestra su participación en algún nivel en cada táctica para anular la elección. Algunas de las pruebas más reveladoras provinieron del propio Meadows: en los miles de mensajes de texto que entregó a la comisión antes de dejar de cooperar con la investigación.
Los textos muestran que a partir del día de las elecciones, Meadows estaba conectando a activistas que promovían teorías de conspiración y elaboraban estrategias con legisladores republicanos y organizadores de manifestaciones que se preparaban para el 6 de enero. Dos días después de las elecciones, Trump Jr. estaba enviando mensajes de texto a Meadows con ideas para mantener a su padre en poder que pensó que eran “los más sofisticados” y “sonaban plausibles”.
Meadows y Giuliani, exabogado de Trump, participaron en las primeras conversaciones sobre la presentación de listas de electores falsas, según el testimonio que la exasistente de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, brindó a la comisión.
Las transcripciones publicadas por la comisión también revelan que Hutchinson testificó ante la comisión cómo Meadows regularmente quemaba documentos en su chimenea alrededor de una docena de veces, aproximadamente una o dos veces por semana, entre diciembre de 2020 y mediados de enero de 2021.
Después de producir los textos para los investigadores del Congreso, Meadows cambió de marcha y no se presentó para el testimonio citado ante la Cámara. Una demanda que presentó desafiando la citación no tuvo éxito, pero el Departamento de Justicia optó por no presentar cargos penales por su falta de cooperación.
El comité señaló en el resumen de su informe que los fiscales penales pueden tener acceso a materiales que los legisladores no tenían, señalando específicamente a Meadows.
“De hecho, tanto el Departamento de Justicia como el Fiscal de Distrito del Condado de Fulton ahora pueden tener acceso a testimonios de testigos y registros que no han estado disponibles para la comisión, incluido el testimonio del secretario de la Casa Blanca del presidente Trump, Mark Meadows, y otros que afirmaron privilegios o invocó sus derechos de la Quinta Enmienda”, decía el resumen.
“En lo que respecta al presidente, no cometió ningún delito, por lo que no debería haber enjuiciamientos relacionados con él”, dijo Timothy Parlatore, uno de los abogados de Trump.
Parlatore insistió en que Trump y su equipo “no buscaban anular la voluntad del pueblo, solo asegurar que la voluntad del pueblo se contara con precisión”, y agregó que Trump estaba “absolutamente opuesto” a la violencia que tuvo lugar en el Capitolio de Estados Unidos.
El abogado de Meadows se negó a comentar.
Casey Gannon, Evan Perez, Holmes Lybrand y Hannah Rabinowitz de CNN contribuyeron a este informe.