(CNN Español) – La Fiscalía General de México (FGR) informó este lunes, en un comunicado, que la joven Ariadna Fernanda López murió por un traumatismo craneoencefálico, trauma toráxico y trauma múltiple, lo que representa una versión diferente a la que la Fiscalía de Morelos presentó dos meses atrás, cuando estableció como causa de muerte una broncoaspiración secundaria por intoxicación etílica.
Con el resultado de su necropsia, la FGR validó la versión de la Fiscalía General de la Ciudad de México, que planteó la hipótesis del homicidio y comenzó una investigación bajo el protocolo de feminicidio.
La muerte de López ha confrontado a las fiscalías del estado de Morelos y de la Ciudad de México por las causas del deceso de esta joven de 27 años, cuyo cadáver fue hallado por ciclistas el 31 de octubre en una carretera del municipio de Tepoztlán, vecino de la capital mexicana.
La FGR intervino en el caso luego de que la Fiscalía General de la Ciudad de México le pidió que dirimiera las discrepancias entre las conclusiones divergentes de las dos autopsias.
Al presentar el resultado de una nueva necropsia, la FGR sostuvo que, de acuerdo con su análisis, las heridas que le provocaron la muerte a López fueron producidas por descargas de un objeto contundente sobre su cabeza o por contacto de la superficie craneal contra un plano duro.
La FGR rechazó la versión de la muerte por broncoaspiración que dio a conocer la Fiscalía de Morelos, al señalar que “no es posible darle sustento, en razón de las lesiones externas e internas ya señaladas, y del hecho de que no se tomó en cuenta, en toda su magnitud, la cronología del momento del fallecimiento”.
Por su parte, la Fiscalía de Morelos respondió el martes con un comunicado en el que defiende el resultado de su investigación y de la autopsia practicada por sus peritos. Según esta dependencia, el trabajo de la FGR contiene “una respetable opinión” que “no es jurídicamente vinculante para la investigación que continúa abierta en Morelos o para el proceso judicial de feminicidio que se desarrolla en la Ciudad de México”.
La Fiscalía de Morelos subraya que “solamente las autoridades jurisdiccionales, jueces y magistrados, tienen la facultad de determinar cuál de los dos resultados forenses deberá prevalecer, y esto dentro del proceso penal que se sigue por el delito de feminicidio en la Ciudad de México”.
Cabe recordar que el cuerpo sin vida de López apareció en el tramo carretero La Pera-Cuautla, en el estado de Morelos, donde lo encontró un grupo de ciclistas. La fiscalía de ese estado abrió la investigación y practicó una primera autopsia.
Con base en las investigaciones e imágenes de cámaras de videovigilancia, la Fiscalía de la Ciudad de México reconstruyó las últimas horas de vida de la joven, que incluyeron su estancia en un restaurante de la capital. Esa noche, la del 30 de octubre, salió del restaurante y junto a un grupo de personas se dirigió a un departamento de la colonia Roma, en la Ciudad de México, la entidad donde fue vista con vida por última vez.
El gobierno de la Ciudad de México comenzó su propia investigación y determinó que hay elementos para suponer que el resultado de la necropsia practicada por el estado de Morelos no se sostiene, por lo que llevó adelante una segunda investigación con base en el protocolo de feminicidio.
Poco después, la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo un video grabado en el interior del edificio, que mostraba a un hombre cargando el cuerpo de una mujer aparentemente sin vida. En las imágenes se lo ve subiendo el cuerpo a un vehículo para salir del edificio, lo que fortalece la hipótesis del asesinato. A partir de ese video, las autoridades de la capital detuvieron a dos presuntos sospechosos.
El 9 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió a la Fiscalía General de la República que atrajera la investigación y que dirimiera entre las dos versiones.
La FGR concluyó el lunes que “el procedimiento penal por el posible delito de feminicidio debe continuar a cargo de las autoridades locales de la Ciudad de México, por ser un delito del fuero común cometido en la jurisdicción de la propia Ciudad de México”.